La tragedia venezolana es original. No tiene parangón en ninguna parte en términos de muerte, de desolación y de destrucción de un país. Formando parte de una comparsa de países insólita hace 30 años en una ruta hacia el desarrollo y la democracia, Venezuela torció el rumbo con la elección para presidente de la república del teniente coronel Hugo Chávez; y hoy junto con Haití, Burkina Faso, República del Congo, Malí, Sudán, Somalia, Etiopía, Afganistán, Siria, Myanmar, y Yemen entre otras naciones, entra en las estadísticas del año 2023 con mayor peligro de conflagración humanitaria con 12,3 millones en riesgo de seguridad alimentaria, 9,3 millones sin acceso a medicinas y 7,1 millones de venezolanos formando parte de la diáspora alrededor del mundo. De allí la necesidad de una solución inédita y única en la etapa post revolucionaria, para la unificación de la nación y la reconstrucción del país con decisiones que trasciendan y lleven a nuestros nacionales de las próximas generaciones hacia un mejor país. La nueva república debe ser en un giro de 180 grados del curso que se ha llevado desde la instalación y consolidación de la revolución bolivariana en los 25 años de régimen. Además debe sentar las bases que la alejen de los 200 años desde el inicio republicano del 5 de Julio de 1811. El hito debe servir de aliento para sembrar las fundaciones de un nuevo venezolano con otros arquetipos ciudadanos y republicanos diferentes históricamente con asiento en una nueva Constitución Nacional que parirá una nueva sociedad. Un contrato social original deslastrado en sus prioridades de la heroicidad y las proezas de los campos de batalla y priorizando las virtudes cívicas y urbanas. Y eso se inicia sometiendo a un juicio tan inédito y original como la realidad de esta tragedia, sentando en el estrado judicial al pasado de Venezuela. Todo el pasado. Es fundamental enjuiciar a la Venezuela política, económica, social y militar que vivimos hasta 1998 y ayuntarla en la complicidad y la culpabilidad con la Venezuela revolucionaria y roja rojita que estamos padeciendo durante estos últimos 25 años… hasta nuestros días.
Un juicio con todos los periquitos de rigor. Con un tribunal competente para conocer los casos de narcotráfico, corrupción, terrorismo y graves violaciones de los derechos humanos, más todos aquellos relacionados con delitos orientados en el ataque generalizado y sistemático hacia la población opositora cometidos por los integrantes de la nomenclatura roja rojita de la revolución bolivariana y expresados en asesinato, exterminio, deportación, privación de la libertad física, tortura, violación, desaparición de personas, el apartheid y otros crímenes que han causado daños graves en la integridad de las personas. Un fiscal formando parte de un equipo diverso con todo el peso de ser una verdadera vindicta pública por la sola satisfacción del pueblo que demanda justicia venezolana, criolla, y vernácula y con el abultado expediente ya sustanciado de las sindicaciones a personas, a instituciones, a tiempos y a coyunturas. Y, obviamente, los defensores que se quieran constituir. La causa deberá incluir a quienes enfrentan juicios similares en otras jurisdicciones internacionales o que estén cumpliendo sentencias en cárceles de otros estados. Y los acusados; vivos, muertos, en libertad o en cobarde huida similar a la desaparición de los integrantes de la nomenclatura nazi hacia cualquier lugar inédito e inhóspito del globo terráqueo como sus crímenes. Y en el caso de los difuntos como se hizo con Adolfo Hitler y Martin Borman en el juicio de Nuremberg, el juicio en ausencia. Ya deben imaginarse ustedes quien va a encabezar en una silla vacía la lista de los acusados.
¿Y bajo qué ley se montaría una corte tan singular? La Carta de Londres, Carta de Núremberg o Estatuto de Londres del Tribunal Militar Internacional, fue suscrita por Francia, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética; la misma estableció todo el andamiaje para los Juicios de Núremberg y fue anunciada el 8 de agosto de 1945 después de la victoria aliada en la II Guerra Mundial. Una de las primeras decisiones del gobierno de la provisionalidad que va a encaminar la transición hacia la democracia en Venezuela en una etapa poschavista será la promulgación de una Carta de Caracas donde se legitime el funcionamiento y las competencias del tribunal ad hoc creado para conocer, sustanciar y decidir en las causas y el enjuiciamiento contra los venezolanos y extranjeros acusados de crímenes contra los venezolanos. y la constitución. Esa Carta de Caracas, sus alcances y sus jurisdicciones tendría trascendencias retroactivas y paralelas merced a casos conocidos como el del general Manuel Antonio Noriega quien además de purgar sentencia en Estados Unidos tenía solicitudes de extradición para Francia, Italia y su país de origen Panamá. De manera que cualquier negociación que puedan mantener los integrantes de la nomenclatura revolucionaria en cualquier país que los detenga, enjuicie y beneficie en la sentencia, no debe salvarlos de la justicia venezolana donde originalmente se iniciaron los delitos y donde la reparación de todos los daños causados provocaron la tragedia. Es en Venezuela donde deben ser juzgados en algún momento todos los que provocaron esta desventura nacional. El dolo, el daño y el dolor fueron entre Castillete y Punta Playa, entre la isla de Aves y la catarata de Huá. Es en esta tierra de desgracias revolucionarias donde deben ser juzgados. Y condenados.
Los juicios –sí, serán varios– incluirán el enriquecimiento ilícito, y las complicidades de algún sector opositor que contribuyeron a la llegada, al establecimiento, a la consolidación y la permanencia de la revolución bolivariana. Si queremos avanzar con una nueva Venezuela hay que hacer una profilaxis completa desde arriba hasta abajo, desde su salida en el inicio de un gobierno provisional y remontarse bastante hasta los orígenes de este morbo que agrava y empeora hasta niveles de muerte a la nación venezolana. Allí estarán en ese estrado, políticos, intelectuales, académicos, empresarios, periodistas y militares. Muchos uniformados de los altos mandos de la era democrática, especialmente algunos directores de la Academia Militar de Venezuela que incubaron en muchas generaciones de jóvenes militares el virus de la providencia del poder castrense para alcanzar y encabezar el poder político en Venezuela con los resultados que están a la vista. Once promociones egresadas desde este instituto a partir de 1980 fueron formadas para estar montadas por encima del poder político y para omitir eso de la sujeción al poder civil y al espíritu, el propósito y la razón de los deberes constitucionales establecidos para los uniformados. Este, será un juicio de repercusiones morales que demandará del nuevo presidente de la república y comandante en jefe de la FAN, coraje y visión de estadista.
La encrucijada para el nuevo régimen que haga gobierno es la de dividir a partir de ese momento de su instalación, en una nueva Venezuela, desagraviada en sus ultrajes políticos, económicos, sociales y militares. Eso puede tener un hito de partida en un resarcimiento moral derrumbando algunas estatuas de nulidades engreídas y reputaciones consagradas. Cualquier otra a mediatinta será poner debajo de la alfombra la basura y la posibilidad de repetir la tragedia con todas sus enseñanzas y experiencias.
La Carta de Londres que soportó en los acuerdos de los aliados el funcionamiento del juicio de Nuremberg se suscribió en el mismo castillo donde Adolfo Hitler promulgó el conjunto de leyes de carácter antisemitas y racistas en 1935. Toda una significación. En el caso revolucionario hay que establecer un lugar que tenga significantes y significados que se eleven en la historia y que ilustren los mensajes correspondientes. Si. Será la reedición de un juicio de Nuremberg tropical, contemporáneo y a la venezolana ¿Dónde? pues… en el CLM, el Cuartel de La Montaña.