Los amigos de la ONG Chunikai nos hicieron llegar su tradicional aporte al Informe sobre Derechos Humanos que se publica año tras año como capítulo especial de Informe sobre situación de los derechos humanos en Venezuela que presenta todos los años Provea.
A continuación, trataremos de presentar con nuestras palabras lo que plantea la introducción del capítulo sobre Derechos Humanos Ambientales publicado por la ya mencionada ONG en el año 2023.
Según vemos en el informe durante el período abordado en este informe, se observó la continuación de la expansión de la política minera del gobierno, destacándose la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional «Arco Minero del Orinoco». Se evidenciaron conflictos socioambientales y violaciones de los derechos humanos en áreas afectadas por la explotación minera y la ampliación de la frontera extractiva en parques nacionales, zonas protegidas y territorios indígenas. A pesar de algunos movimientos geopolíticos en el estado Amazonas, las acciones militares contra la minería ilegal no parecen ser parte de una estrategia integral para abordar las economías criminales presentes en estos territorios.
La mala gestión ambiental fue un problema constante en este período, especialmente en lo relacionado con los derrames de hidrocarburos y la falta de atención por parte de Pdvsa y el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo. La sociedad civil tuvo que presionar para que se declarara emergencia en el lago de Maracaibo, logrando así poner en marcha un plan de saneamiento.
En cuanto a la gestión del agua, normativas ambientales, conservación de áreas naturales, residuos sólidos, protección del aire y biodiversidad, se recopiló y analizó la información correspondiente a este lapso. Se destacó la destrucción en el semiárido del estado Lara debido a la producción de carbón vegetal promovida por las autoridades, instando a una respuesta urgente para evitar consecuencias similares a las sufridas por Haití a causa de acciones humanas irresponsables.
En cuanto las conclusiones de dicho informe pasamos a transcribir textualmente el cierre del informe donde se indican unas exigencias y recomendaciones:
- “Aumentar la investigación sobre la cuenca y cuerpo de agua del lago de Maracaibo con múltiples proyectos que sirvan como línea de base. Estas investigaciones deben ser realizadas por expertos investigadores de las universidades nacionales y el Instituto para la Conservación del Lago de Maracaibo (ICLAM).
- Diagnosticar las condiciones de las plantas de tratamiento de agua potable, modernizarlas y construir las que sean necesarias para garantizar el derecho al agua de la población venezolana.
- Detener las actividades de la cantera del Gran Roque del Parque Nacional Los Roques, por estar en una zona cuyo plan de ordenamiento y su reglamento contravienen la actividad minera. Se insta a las autoridades a investigar a los funcionarios relacionados con esta actividad, abrir un procedimiento penal y sancionar a los responsables de esta actividad ilegal.
- Suscribir y adoptar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), cuyo objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos al acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
- Diagnosticar la actual situación presupuestaria y de equipamiento de las entidades regionales y locales responsables de la prestación del servicio de aseo urbano y domiciliario. Establecer con base en ellos las políticas necesarias para una adecuada gestión de los residuos sólidos”.
El texto completo del Capítulo sobre Derecho al Ambiente Sano puede verse https://provea.org/wp-content/uploads/2024/04/05-Ambiente-Sano-Provea-2023.pdf
Ambiente: Situación y retos es un espacio de El Nacional coordinado por Pablo Kaplún Hirsz
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