El análisis de los cambios producidos en los gobiernos de los diversos países latinoamericanos en los últimos años se ha basado en la distinción entre los que suponían una mutación hacia la izquierda (Chile, Argentina, México, Honduras, Perú) y los que pareciera que el camino se escoraba hacia la derecha (Ecuador, El Salvador). En otros casos, más allá de los matices, las coordenadas esenciales del sistema parecen pervivir (Costa Rica, Panamá). Estos cambios políticos tienen importancia extraordinaria para la pervivencia y buen hacer de las instituciones, pues suponen la salida, a veces de cientos miles de personas, desde sus puestos de trabajo hacia el desempleo.
El asunto se relaciona con el examen de la política de empleo o de derecho del trabajo, pero además es de trascendental importancia para el funcionamiento de los países. Dejar vacíos los departamentos ministeriales puede generar expectativas de empleo para algunos, pero, sobre todo, establece un punto de partida cada cuatro o cinco años, claramente regresivo para la fortaleza de las instituciones públicas.
Miles de familias van a la miseria y la reflexión es ¿qué oficio tan político desempeñaban? ¿Eran meros empleos instrumentales, nada partícipes de decisiones de carácter político? ¿Eran acaso determinantes en la toma de las decisiones?
Esperemos que, si se producen cambios en la presidencia en Brasil, las alteraciones en las instituciones sean relativamente escasas, pues la burocracia brasileña, criticada con frecuencia porque en algunos casos goza de privilegios importantes en materia salarial y de jubilación, posee no obstante merecido prestigio por su preparación y efectividad desde hace muchos años. Y ha conseguido sortear los cambios realizados desde la derecha a la izquierda y desde esta a la derecha.
En los países más desarrollados, los cambios gubernamentales suponen una escasa alteración en las estructuras administrativas y prácticamente nula en los servidores públicos de rango medio o subordinado de los departamentos ministeriales. Igual situación puede predicarse de las demás instituciones o empresas públicas.
En un Simposio sobre Innovación Pública celebrado en Madrid, en octubre, los representantes de los países miembros del CLAD lo han destacado de forma unánime, preocupados por el desmantelamiento de las estructuras administrativas tras los resultados electorales. Así, se han mostrado partidarios de continuar propiciando modelos de empleo público conducentes a la profesionalización y estabilidad para fortalecer en las instituciones públicas la visión estratégica y la innovación.
El proceso de profesionalización también se basa en la continua capacitación de los profesionales que necesitan con frecuencia la actualización de sus conocimientos. Por ello, han destacado la necesaria actualización de las competencias digitales de las personas que trabajan en las administraciones.
La necesidad de profesionalización en las administraciones públicas no se reduce a labores técnicas o de asesoramiento, sino que debe extenderse a quienes ejercen una función directiva, tan necesaria para lograr una mayor efectividad de las políticas públicas. Los avances en este sentido logrados en Chile en los últimos años o en Perú con Servir, han de ser bienvenidos pues marcan un camino de profesionalidad técnica muy necesarios en estos países. Todo ello, teniendo en cuenta que la visión técnica no está bien acompañada ni bendecida en los últimos tiempos, puesto que puede resultar algo ingenua en el barrizal político: como si las políticas dependieran de sus efectos y no de quien las propusiera. (Daniel Gascón, 22). A pesar de todo, se echa de menos una mayor extensión de la función pública profesional que actúe sine ira et studio que diría Max Weber.
Pero una función pública moderna no debe ser solo la depositaria de ingentes conocimientos jurídicos, imprescindibles para el mantenimiento del Estado de Derecho. Con frecuencia sorprende el alud de leyes y reglamentos que los gobiernos lanzan a las Gacetas Oficiales que no leen más que los entendidos. Es tan constante como la descalificación de la oposición a cualquier medida, actividad, modificación fiscal, educativa o de orden público. Todo ello produce un hastío considerable y no estaría de más recordar lo que ya Crozier señalaba: No se cambia la sociedad por decreto (1984).
Es importante que en los gobiernos y en la función pública nos preocupemos por los ODS y de tener personas bien formadas en ellos, particularmente en la lucha contra la pobreza, el cambio climático, la historia de los países sus revoluciones y contrarrevoluciones… Ahora que en el imaginario social parece una idea extendida la lucha contra el cambio climático ,no está de más recordar lo que en 1756 escribió Rousseau: Por doquier observo que los males que nos produce la naturaleza son menos crueles que los que nosotros le producimos a ella.
Una reflexión política pausada y moderada debería tener en cuenta que para ser efectivos en el gobierno se necesitan buenos colaboradores, expertos en las políticas públicas que toque administrar, con sensibilidad por el cambio climático y ejerciendo la moderación que George Washington recomendó en su discurso de despedida de la política: “No se les olvide una palabra: moderación. Si pierden la moderación, la democracia deja de funcionar”.
@sgeneralClad