El Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla están de plácemes. Si bien en palabras de su vocero el expresidente Samper, habían “recuperado” a Bolivia, también habían “perdido” Ecuador, pero ahora “ganaron” a Perú, en otro de los vaivenes de la geopolítica regional que no encuentra un rumbo grupal, cierto y de progreso. En medio de esas oscilaciones, un riesgo mayor de inestabilidad crece peligrosamente: el narcotráfico y sus consecuentes e incontrolables corrupción y violencia.

Perú y la coca

El ascenso al poder del “candidato del lápiz”, el gremialista Pedro Castillo, plantea serios problemas de seguridad para toda la región y particularmente para Bogotá. Sus propuestas claramente de corte marxista leninista, como él mismo las define, no es asunto que políticamente incumba a sus vecinos. Cada país tiene derecho a escoger la opción de gobierno que considere mejor. Pero siendo Perú el segundo productor de cocaína en el mundo, después de Colombia, las políticas de Castillo previenen un horizonte complicado en asuntos de seguridad.

En la última medición de Washington, Perú incrementó en 16.000 hectáreas sus cultivos ilícitos de coca en el periodo 2019-2020, lejos de Colombia que en el mismo período aumentó en mas de 30.000 hectáreas tales cultivos. La producción potencial de cocaína en el Perú para 2020 fue de 810 toneladas métricas, mientras que en el caso colombiano picó en 1.010, según el mismo informe. Resultados muy conservadores para nuestro análisis, que incorpora un consumo histórico del narcótico en Europa y una creciente demanda en Australia y otras regiones del Pacífico.

Las implicaciones de este ensanchamiento en los cultivos peruanos de coca, se pueden apreciar en el deterioro de las estadísticas de seguridad, especialmente en la región fronteriza peruano-boliviana de El Puno, que ha llevado a varias comunidades a organizar sus propias autodefensas, ante la incapacidad del gobierno para lidiar con asaltos, robos, homicidios, extorsiones. Huallaga y el VRAEM siguen siendo los principales focos de atención de las autoridades peruanas para la erradicación, al tiempo que mantienen un combate permanente contra reductos de Sendero Luminoso.

Si bien la cocaína peruana se ha movido especialmente para Bolivia y Argentina vía aérea, ahora se incrementarán las rutas terrestres a través de cargadores o porteadores y con ellos el reclutamiento de jóvenes que con la narco chequera y las banderas elenas y farianas, ayudarán a acrecentar el poder armado transnacional de esas organizaciones.

Castillo y la seguridad regional 

La exigua agrupación terrorista maoísta Sendero Luminoso puede repetir la historia del ELN que, reducido a su mínima expresión por la acción de las Fuerzas Militares colombianas, creció y es hoy la más riesgosa amenaza regional, gracias al cobijo que desde Caracas le dio el gobierno chavista-madurista y debido a los recursos del narcotráfico y la minería ilegal.

La preocupación viene de un gobierno que probablemente siga la dinámica de Miraflores pues, aun antes de ser proclamado presidente, Castillo recordó sus principales “novedosas” ofertas: una asamblea nacional constituyente, nacionalización de las industrias extractivas, muchas de ellas en manos chinas, mercados populares y control a los medios de comunicación, fórmula ya conocida en la región y que tiene sumida en la miseria a países como Venezuela, que ya no produce petróleo, Cuba, que hace rato dejó de producir azúcar y Argentina que escasamente tiene carne. Además, para nuestra preocupación, anunció el retiro de la DEA de su país, fórmula adoptada por Bolivia y Venezuela, con las consecuencias conocidas.

Para Colombia, una política de Estado como la propuesta por Castillo, abre el espacio para que estructuras narcotraficantes como el ELN, en alianza con carteles mexicanos y la mafia internacional, aumenten su presencia al paso del incremento de los cultivos ilícitos en la región amazónica, afectando países como Brasil y a Colombia en la provincia de Loreto, limítrofe con el Putumayo, parte del área con los mayores cultivos ilícitos de coca en el mundo. Es probable que por diferencias ideológicas, se dificulte un acuerdo binacional que permita operaciones policiales y militares entre ambos países, algo similar a la relación colombo-ecuatoriana en la época de Correa-Uribe. Mucho más si se tiene en cuenta el interés venezolano en apoyar a un gobierno de su cuño, mientras ataca a uno demócrata como el colombiano, desafortunadamente primer productor mundial de cocaína. Con Castillo en el Perú se complicarán mayormente los serios problemas de seguridad por los que atraviesa la región.


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