La interpretación racional de lo ocurrido en el escenario sociopolítico de las últimas dos décadas del siglo XX en Venezuela ha debido ser el punto de partida de cualquier actividad crítica al nuevo gobierno. Era, ha sido y aún sigue siendo una exigencia identificar las razones que provocaron y permitieron el relevo en la conducción del Estado.
Comprender que no ha sido otro suceso que la sustitución armada y autoritaria de un proyecto político democratizador pero en decadencia, por otro de claro contenido centralista destinado a ser protagonizado y controlado por las Fuerzas Armadas, en el cual los clásicos rasgos de “las soluciones de fuerza” han sido y siguen siendo un lugar común.
Admitir conscientemente que desde el poder del Estado y desde sectores de empresa privada, las élites económicas, políticas y militares que la controlan, se indujo y al final se impuso el regreso al autoritarismo y al militarismo, sigue siendo una limitación en la conciencia social del país, desconocimiento muy presente en importantes sectores de la comunidad y en el liderazgo de la oposición democrática.
Identificar los intereses reales del relevo ocurrido sigue siendo indispensable para avanzar en una sólida construcción de políticas críticas opositoras, los militares fueron agitados, protegidos y organizados desde el poder del Estado y estimulados por sectores importantes de la clase dirigente, hasta hace pocos años soporte y a la vez receptora de los inmensos privilegios financieros de la partidocracia clientelar nacional.
La carencia de un proyecto político, económico y social común, que permita integrar las voluntades opositoras, convirtiendo los numerosos arroyos críticos en un torrente cuya fuerza creciente desgaste con mayor efectividad al adversario es indispensable. Sobran declaraciones y documentos con abundante información sobre nuestra realidad, pero necesitamos más que eso, se trata de un programa política y socialmente democratizador.
Carencia que explica y pone de manifiesto por qué aún el encuentro entre la formulación política opositora y las aspiraciones y necesidades del ciudadano común aún siguen distantes, fenómeno que nos permite comprender cómo el masivo rechazo de la población a los conductores del Estado, no se traduce en una mayor beligerancia crítica, persistiendo la aceptación resignada al despojo abusivo que el gobierno realiza.
Se comprende la limitación de comprensión de los herederos del proyecto político anterior, pero han pasado los años y sus nuevos conductores siguen atrapados en formulaciones equivocadas, encubiertas en generalizaciones o en la pretensión de ser la continuación de una propuesta programática que resultó exitosa.
La locomotora de la industria petrolera, citando al presidente Ramón J Velásquez, nos sacó del profundo atraso de la sociedad semifeudal y empobrecida conquistada en el campo de batalla hace 200 años, pero en la cual permanecimos durante un siglo sin lograr avanzar, y trepar luego con excesiva rapidez la escalera de la modernidad a través del crecimiento capitalista un siglo después.
Pero los derechos económicos, sociales y políticos de los ciudadanos solo entraron en el escenario de la nación y en las obligaciones del Estado 100 años después de la independencia, cuando por vez primera se asoman en la guerra federal, pero será materia y elaboración organizada de grupos de ciudadanos en el campo de la resistencia al gomecismo en el siglo XX.
Será a través de importantes movilizaciones e incluso confrontaciones con el poder autoritario y militarista venezolano lo que introducirá en la conciencia colectiva nacional los derechos políticos de los ciudadanos. Los acontecimientos estudiantiles de 1928, la movilización de los caraqueños de febrero de 1936, el pronunciamiento cívico-militar de 1945 y las luchas de enero de 1958 abren por vez primera en nuestra historia una perspectiva democrática.
Será a partir de 1958, con el derrocamiento de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez y la desaparición de su proyecto, cuando emergen fuerzas económicas, sociales, políticas, religiosas y militares suficientes para echar adelante el proyecto democratizador.
Proyecto suficientemente fuerte y decidido como para superar los innumerables obstáculos que aparecieron en su camino, tanto a la izquierda como a la derecha fue necesario derrotar sectores de nuestra sociedad que se opusieron a la estabilización de la propuesta liberal progresista.
Oferta que durante más de 20 años nos permitió continuar el crecimiento económico impulsado por el desarrollo de la industria petrolera, profundizar y ampliar la inversión social y de servicios, tanto vivienda como educación y salud, electricidad y comunicaciones, esfuerzo que se tradujo en una situación de bienestar que se extendió a la mayoría de la nación.
Será en la década de 1980 a 1990 cuando los factores de crisis se presentan y generan el deterioro del proyecto progresista existente, creándose una situación favorable al retroceso que nuestra sociedad ha experimentado en los últimos 20 años, agudizados al extremo durante el gobierno de Nicolás Maduro (2013-2021).
Cuando revisamos de conjunto la experiencia política nacional de los últimos 30 años, es evidente que aparecen los indicadores de un proceso de descomposición integral del cuerpo económico, social, militar y político, que ha conducido a la realidad actual, cuya importancia sobrepasa la imaginación.
¿Qué es lo que hizo posible semejante deterioro ético y moral en las élites para que se produjeran los niveles de corrupción conocidos? ¿Qué hizo posible que desde el Estado sus conductores indujeran la catástrofe económica y la quiebra de la industria petrolera?
Responder esas preguntas es una necesidad, particularmente en la oposición democrática, porque no se trata solo de salir de Maduro y sus operadores, ¿y luego qué?