No hay esperanza donde la corrupción se instala. No habrá paz donde haya un pueblo sometido y humillado. Y no hay porvenir donde no esté asegurado el futuro de la patria “.

Mohamed Alí Seineldín

“ No hay esperanza donde la corrupción se instala. No habrá paz donde haya un pueblo sometido y humillado. Y no hay porvenir donde no esté asegurado el futuro de la patria “.

Mohamed Alí Seineldín.

Vivimos tiempos convulsos. Hace ahora aproximadamente un año, el mundo occidental se vio sacudido por una pandemia que está haciendo temblar los pilares del sistema capitalista, tal como lo habíamos conocido hasta ahora. Algo tan nimio como un virus microscópico, con una mortalidad de 4,7 %, ha paralizado la economía mundial, dando al traste con todos y cada uno de los rimbombantes valores estadísticos en los que esta se basa.

Por no extendernos a cifras mundiales, centrándonos en la OCDE, el incremento del paro en los primeros meses de la pandemia arroja la cifra de 13.790.000 parados más que en los primeros meses de 2020. Solo en España, y basándonos en cifras de octubre de 2020, 15 % de los comercios, esto es, cerca de 65.700 se habían visto abocados al cierre definitivo.

Teniendo en cuenta que en este país la EPA del cuarto trimestre de 2020 arrojaba una cifra de 19.344.300 españoles trabajando, de los cuales 2.595.575 son funcionarios o empleados públicos y que existen 73.197 políticos que reciben un sueldo con cargo al erario público, sin contar asesores, y partiendo de la base de que la población actual censada en España, según cifras de 2020 es de 47.329.981 ciudadanos de pleno derecho, podemos comprobar, y esto es matemática pura, que el 35% de los españoles que trabajamos en la empresa privada o autoempleados, sostenemos los servicios públicos y de toda índole de este estado garantista para el 65% restante.

Llama pues la atención, el abandono absoluto al que nos hemos visto sometidos los autónomos.

Para aquellos que ignoren la idiosincrasia de este colectivo, el autónomo es sin duda el contribuyente más rentable para el estado español. Un trabajador autónomo paga una cuota mínima que ya es muy cercana a los 300 euros, pudiendo aumentar la base de cotización si sus ingresos se lo permiten, en pro de percibir una pensión superior el día de mañana.

Pues bien, esto le da derecho, si ha cotizado los años necesarios, a una pensión que está por debajo de los 700 euros. Además, independientemente de los años cotizados, el trabajador autónomo no tiene derecho a paro, salvo que abone un plus en su cuota a tal fin. Si a esto añadimos que un trabajador autónomo, en muchos casos generador de empleos,  que se ve abocado a cerrar su negocio, se va con una mano delante y otra detrás, sin indemnización alguna y probablemente con una deuda que arrastrará largo tiempo, hay que deducir que hace falta mucha valentía y capacidad de emprendimiento para autoemplearse.

Pues, por si todo esto fuera poco, hemos de ver día a día cómo nuestros políticos menosprecian todo este esfuerzo, careciendo de la mínima decencia en el desempeño de sus funciones. El problema no es ya que sean ineptos. El problema es el descaro con el que se ríen de nuestra situación.

Solo hay que recordar casos como el  de la niñera de Pablo Iglesias e Irene Montero, María Teresa Arévalo.

Resulta que esta pareja, que se levanta mensualmente más de 8.000 euros, no ha tenido la decencia de contratar una niñera con cargo a su economía, sino que se le ha ocurrido ofrecerle un cargo público como funcionaria de nivel 30, esto es, el máximo permitido, para que la señora nos cueste a todos los españoles 52.000 euros anuales.

O sea, que la niñera de los Iglesias-Montero se levanta la cuota anual de 180 autónomos, que pagan con su sudor, con su sangre y, en ocasiones con su vida el cuidado de los niños de los nuevos ricos de Galapagar.

Solo un caso como este, en cualquier país occidental que se precie de ser una democracia consolidada, supondría la dimisión inmediata de los implicados, pero aquí no. La connivencia de ciertos medios de comunicación y la dependencia absoluta de sus socios políticos hacen que este escándalo mayúsculo quede inmediatamente eclipsado por otros temas menores que se sobredimensionan para esconder la basura debajo de las alfombras.

No debería de extrañarnos el nivel de impunidad que han alcanzado los dispendios de esta pareja. Tanto a nivel personal como en su faceta de representantes públicos, roza lo surrealista y supera, con creces, lo admisible.

Uno de los muchos oscuros casos en el que actualmente se encuentra inmerso Podemos es el referente al papel desempeñado por la compañía Neurona Consulting en la campaña electoral de abril de 2019, por la cual recibió la nada despreciable cifra de 363.000 euros, la mayoría de los cuales, casualmente, acabó en una cuenta en Méjico.

Por este caso, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de blanqueo de capitales (Sepblac) remitió el pasado mes de mayo un informe de inteligencia financiera a la Policía Nacional y la Guardia Civil alertando de los vínculos entre Podemos y Neurona, fechado el 25 de mayo y registrado con el número 4048/2020.

No se circunscribe solo al ámbito económico el círculo de actuación de nuestro vicepresidente y acólitos. Conviene recordar, en este punto, el caso de Dina Bousselham.

En el año 2015, noviembre para más señas, esta mujer, que entonces desempeñaba el cargo de asesora de Pablo Iglesias, en materia indeterminada, denunció el robo de su teléfono móvil en una tienda Ikea de Alcorcón ( Madrid ). De alguna manera, este dispositivo, que presumiblemente almacenaba información sensible referente a Iglesias, acabó en la redacción de Interviu, una de las cabeceras del grupo Z.

Fue su entonces responsable, Antonio Asensio quien, según declaraciones de varios testigos, entregó a Pablo Iglesias la tarjeta de memoria de dicho dispositivo en enero de 2016. Sin embargo, el  ahora vicepresidente no le devolvió la tarjeta a su propietaria hasta un año después, al parecer totalmente inutilizada. Curiosamente, existe constancia de que la información de esta tarjeta se encontraba también en un ordenador propiedad del comisario Villarejo desde abril de 2016.

En definitiva, y a la espera de su ratificación en tribunales, Iglesias pudo incurrir en los delitos de descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género (tócate los huevos Manoli ), daños informáticos y denuncia falsa.

Cabría mencionar también prevaricaciones de ámbito, podríamos decir menor, como la adjudicación por parte de Irene Montero de la realización del cartel del día del 25N a una ilustradora afín a  Podemos  por  15.889,4 euros, cifra esta que se encuentra en el límite que permite la adjudicación a dedo en lugar de tener que sacarla a concurso público. ¿Casualidad? Por no hablar de Sánchez Mato y Cecilia Mayer. En fin…

Aún así, tenemos que comprobar, atónitos, cómo  todos estos casos se difuminan en el aire como el humo del puro de Villarejo.

Cabría preguntarse hasta cuándo vamos a consentir esto.  Nuestra Constitución y nuestra ley electoral aportan mecanismos para que este gobierno de la deshonra caduque cuanto antes, poniendo en manos de los ciudadanos la continuidad o no de esta situación.

Nos tienen donde querían. Asustados, desconcertados y subvencionados. Anulada nuestra capacidad de producción. Adormecida nuestra capacidad de respuesta. desaparecida nuestra esperanza de libertad.

Peligrosa y triste situación. En nuestras manos está, aún, revertirla. El dia 4 de Mayo, en Madrid, vayan a votar. En conciencia. Nuestro miedo es su poder. No tengamos miedo, y no tendrán poder.

Estamos a tiempo.


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