Para quien tenga alguna duda, Pedro Sánchez lo expresó ayer con toda claridad en La Palma, la isla que ha visitado diez veces desde el fin de la erupción del volcán sin que todavía las víctimas a las que se prometió ayuda hayan empezado apenas a recibirla. Ya se sabe que –en algunas materias– el gobierno es infinitamente más efectivo a la hora de recaudar que a la hora de pagar subvenciones.
En La Palma, Sánchez, con un par, ha advertido a los medios de comunicación en general de sus supuestas informaciones intoxicadoras sobre el plan energético del pasado 10 de agosto. Preparar un plan de censura previa y acusar a los medios de comunicación de «intoxicar» es una combinación que debe hacer saltar todas las alarmas.
Desde el final del régimen del general Franco, la libertad de prensa en España no ha vivido una amenaza como la que los medios de comunicación confrontan hoy. Un órgano como la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) se ha sumado inequívocamente a la denuncia. Y es una asociación que, por su propia naturaleza, agrupa a periodistas de todas las tendencias y de todos los orígenes regionales sin excepción. El gobierno ha aprobado de tapadillo un anteproyecto de Ley de Información Clasificada que se puede convertir en un instrumento de censura brutal.
El gobierno de Mariano Rajoy, mal que pese a algunos, implantó una Ley de Transparencia que ha sido ejemplar. Ejemplar salvo cuando el gobierno de Sánchez se la salta e incumple flagrantemente. Si Sánchez se ha negado a lo largo de los años a dar los datos más básicos sobre en qué nos estamos gastando los españoles nuestro dinero, era evidente que quería acabar con esa Ley de Transparencia. Y como es mediáticamente insostenible decir que se abole la supuesta transparencia, se busca otra vía por la que se sobrepone una ley que declarará confidencial y restringido aquello que los medios de comunicación estimen de interés. Es la vía directa al totalitarismo. Como bien ha dicho el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Juan Caño, se trata de «implantar de nuevo la dictadura». Y para los insumisos que todavía crean –a pesar del lavado mental permanente al que estamos sometidos– que la anterior dictadura no estaba tan mal, que no haya lugar a equívocos. Ésta sería una dictadura peor, sin salida posible.
Dicho todo lo cual, lo que más me preocupa es lo poco que he oído a otros partidos como el PP denunciar este anteproyecto de ley. Como muy bien decía Alfonso Osorio, aquel gran vicepresidente del gobierno con Adolfo Suárez y después vicepresidente de Alianza Popular con Manuel Fraga, «el único proyecto político posible para la derecha es la defensa de las libertades». Si no iza pronto este estandarte, en sus gabelas no quedará casi nadie.
La libertad de prensa no es de derechas ni de izquierdas. Es un elemento esencial de la democracia. Yo tuve el privilegio de ser vicepresidente de Reporteros sin Fronteras durante ocho años en España. Y un buen día me encontré con que nuestro fundador y presidente internacional, Robert Ménard, había basculado de posiciones de izquierda al entorno de Le Pen. Si el PP no se apresta a denunciar sin matices este proyecto de censura de Sánchez, se puede encontrar con una legitimación de Vox, que sí lo está haciendo. Como dicen en mi tierra montañesa «así están los bolos pinaos».
Artículo publicado en el diario El Debate de España