El mundo democrático, también algún régimen coleado, la Unión Europea, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos han condenado al gobierno de Daniel Noboa por el asalto a la Embajada de México en Quito para apresar al exvicepresidente Jorge Glas. El exfuncionario fue sentenciado por corrupción y contra quien se ventilan nuevas acusaciones. Noboa asumió la presidencia de Ecuador el pasado 23 de noviembre, tras la realización de elecciones convocadas para concluir el período que inició Guillermo Lasso.
Tratándose de un gobierno electo por los votos, su comportamiento es inaudito y propio de las dictaduras militares que ensombrecieron la región a lo largo del siglo pasado con una política de terror execrable, que se cree superada.
En enero de 1980, fuerzas policiales de Guatemala ingresaron en la sede de la Embajada de España para desalojar a una treintena de campesinos, estudiantes y guerrilleros que protestaban contra los abusos del Ejército guatemalteco. La irrupción desató feroces combates en el interior de la sede diplomática, que terminó calcinada y con 37 víctimas mortales. España rompió relaciones con Guatemala, que solo se restituyeron con el advenimiento de gobiernos democráticos en el país centroamericano que calificaron de vergonzoso aquel asalto en clara violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
Antes, en 1976, agentes al servicio de la dictadura uruguaya sacaron a la fuerza a la maestra Elena Quinteros de la Embajada de Venezuela en Montevideo, adonde había entrado en solicitud de ayuda. El presidente Carlos Andrés Pérez rompió relaciones diplomáticas, después de exigir la devolución de Quinteros. La maestra nunca más ha sido vista con vida.
Fue precisamente en Caracas en 1954 cuando se suscribió la Convención sobre Asilo Diplomático durante la realización de la Décima Conferencia Interamericana. En su artículo uno señala: “El asilo otorgado en legaciones, navíos de guerra y campamentos o aeronaves militares, a personas perseguidas por motivos o delito políticos, será respetado por el Estado territorial…”. Es decir, Ecuador estaba obligado a respetar la decisión del gobierno de México de otorgar el asilo a Glas, quien permanecía en la sede diplomática desde mediados de diciembre del año pasado.
El gobierno de Noboa niega que Glas sea un perseguido político y justifica su condenable actuación con la excusa de que había riesgo de fuga del asilado. El artículo segundo de la Convención firmada en Caracas obligaba a Ecuador a proceder de otra manera y facultaba a México a actuar como lo hizo. “Todo Estado tiene derecho a conceder asilo; pero no está obligado a otorgarlo ni a declarar por qué lo niega” y, en conjunción con el artículo cuarto: “Corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución”.
La institución del asilo es moneda de uso corriente en nuestra región, donde la represión y la persecución del poder han dejado huellas profundas y dolorosas. Los venezolanos lo sabemos desde hace décadas y más ahora que atravesamos un cuarto de siglo de intolerancia desmedida. Dirigentes de la oposición democrática han recurrido al asilo en tiempos recientes –ahora mismo hay un grupo de venezolanos en la sede de la Embajada de Argentina– para proteger su seguridad y sus vidas.
Aunque son censurables los especulativos comentarios del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de la semana pasada con relación al asesinato del periodista y candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio y su impacto en el resultado electoral en Ecuador, nada justifica, jurídica y ni siquiera políticamente, el asalto a la embajada mexicana y su desenlace.
Daniel Noboa deberá usar los recursos de la diplomacia y la política, bien entendidos, para rectificar y preservar los modos y principios democráticos bajo los cuales fue electo como salida a la aguda crisis política en su país.