En alguna parte, no sé si fue en Venezuela, política y petróleo de don Rómulo Betancourt, que leí una anécdota donde le preguntaban al general Gómez por qué le entregaba la explotación petrolera a los americanos y el Bagre socarronamente contestó: “Dejémosle a los gringos que sí saben de eso”.
Este año se adelantó el Niño Jesús, San Nicolás y los Reyes Magos con los cambios de gabinete. Dos ministros de Relaciones Exteriores en ocho meses, la defenestración del último pariente del expresidente Chávez en la presidencia de Pdvsa, con la designación de un nuevo presidente de la industria, de la era Maduro y de un nuevo gerente general de la empresa mixta Petropiar, S. A, efectivo a partir del 8 de diciembre pasado: no sabemos si la junta directiva piensa como el general Gómez o este nombramiento vino aparejado en su letra pequeña con la Licencia General (LG) 41, mediante la cual la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro, autorizó a Chevron Corporation a reanudar operaciones limitadas de extracción y de otras actividades relacionadas con la administración de Chevron o sus subsidiarias Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings LLC y Weatherford Internationalen sus emprendimientos conjuntos que involucren a Pdvsa.
La cuestión está en que Petropiar no es una empresa subsidiaria de Chevron; sino una empresa de capital mixto, como lo define el profesor Brewer Carías, al ser el Estado el poseedor del 50% o más del capital social, como bien lo determina el artículo 22 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. En consecuencia, extraña que el gobierno haya aceptado por no decir entregado la gerencia de una de sus empresas estratégicas a un alto ejecutivo de un socio minoritario, en contradicción al discurso nacionalista y antiimperialista que le caracteriza, bajo los argumentos del conocimiento del nuevo gerente del negocio, las capacidades de liderazgo, las habilidades de manejar relaciones con clientes críticos internos y externos y la capacidad de generar resultados para el negocio; lo cual no dudamos dada su trayectoria en Brasil, Colombia y últimamente en Petroboscán; habilidades que nunca pudieron demostrar los nueve presidentes de Pdvsa durante 23 años de revolución. Es más, los anteriores argumentos confirman la incapacidad de los anteriores presidentes en la industria que han pasado por la torre de La Campiña desde el año 2000, quienes bajo la consigna de la Pdvsa roja rojita, siempre entregaron en rojo los niveles de producción antes y después de las sanciones unilaterales.
Pero el punto que se quiere resaltar en esta oportunidad no es la incapacidad o ineficiencia de la alta gerencia de la industria, sino la entrega de soberanía, debido a que lo lógico y acostumbrado en una sociedad, si se tiene la mayoría accionaria, se tiene el control operativo de la firma; si no cuál es el propósito de tener 50% o más de las acciones.
Reconocemos el compromiso de Chevron con Venezuela después de su regreso en los noventa y su permanencia en el país durante estos años borrascosos y de incertidumbre empresarial, donde otras empresas no tuvieron el aguante de Chevron en Venezuela; pero de ahí a que el gobierno desconozca la capacidad profesional de quienes luego de la nacionalización crearon una de las empresas petroleras más eficientes en el mundo petrolero; que reconozca que sus ejecutivos no han dado la talla al frente de la industria, es un insulto; y que tenga que acudir a un petrolero de otro país y otra empresa, representa o una contradicción en el discurso o un cambio de rumbo.
La entrega del testigo a Petropiar por necesidades operativas pudiera ser necesaria ante tanta ineptitud, pero el nuevo gerente general no la tiene fácil y navega entre dos aguas. Por un lado, que el gobierno cumpla con sus compromisos y por el otro; la LG (41) del DOT es por tiempo limitado y perentorio bajo dos condiciones que se escapan de sus habilidades y capacidades. La licencia es producto de las negociaciones en México; tendrá una vigencia de 6 meses, sujeto a revisión cada 30 días y el gobierno americano se reserva la potestad de modificar o revocar las autorizaciones en cualquier momento, si el gobierno de Maduro no negocia de buena fe o no cumple con sus compromisos para facilitar una salida democrática en buena ley, lo cual escapa de su manos y habilidades.