Hace unos días, en su intervención como invitado a la Cumbre de las Democracias convocada por el gobierno de Estados unidos, Juan Guaidó, al referirse a Venezuela, instó a la comunidad democrática internacional a que se comprometiera “con una solución política, inclusiva y negociada que brinde un espacio genuino para todos los sectores de la sociedad”. En otro pasaje del mismo discurso insistía en que “la lucha por la democracia no es una carrera rápida sino un maratón con obstáculos”.
La verdad es que escuchar a Guaidó en su diaria cantaleta como en aquellos añorados tiempos del “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, produce cierto desespero para no decir profundas ganas de llorar.
Y no es que uno quiera ser malagradecido ni mucho menos. Si a alguien hay que elogiar por su entrega y compromiso para con su país, ese es Juan Guaidó. Lo que pasa es que los tiempos políticos, al igual que el yogurt, tienen su fecha de caducidad, y entonces llega el momento de sincerarnos en honor a la verdad, y plantear que, a partir de la presente coyuntura, se hace imperativo apostar por un verdadero cambio de visión y estrategia.
Una premisa millones de veces trillada nos dice que hacer las cosas de la misma manera producirá siempre los mismos resultados, y el interinato de Juan Guaidó, su desesperante curso inercial, sólo seguirá sirviendo para estirar en el tiempo un estatus quo que mantendrá atornillado en el poder al gobierno de facto.
El único factor que mantiene a Juan Guaidó como líder e imagen representativa de la oposición es el apoyo internacional de un cada vez más reducido número de países, entre otros,los de una Europa con suparticular condición comunitaria, el Reino Unido, Canadá, Colombia, y sobre todo Estados Unidos, pero todos en conjunto con muy pocas cartas políticas de negociación bajo la manga. De hecho, el único escenario con relativas y remotas posibilidades de éxito, adaptado perfectamente a la estrategia de desgaste del régimen, descansa en las mal llamadas negociaciones de México, auspiciadas por el gobierno de Noruega, y que sólo serán reanudadas si las salas situacionales en La Habana le encuentran alguna utilidad.
Más concretamente, la única política de Washington hacia Venezuela tiene como único pivote la permanencia de Juan Guaidó en la presidencia interina, a la espera de imponderables domésticos que nunca se producen.
Lo cierto es que al margen de ese frágil sustento internacional que por sí solo no conduce a soluciones mágicas, existen otras exigencias internas que llaman a un cambio en la representación, liderazgo y estrategia de los sectores democráticos en Venezuela.
Para nadie es un secreto que la figura del presidente interino se ha ido desgastando en el tiempo, a pesar de sus encomiables y reconocidos esfuerzos. Su discurso reiterativo y aburrido, lejos de aportar las esperanzas de principios de su interinato, genera hoy día más incertidumbre y resignación.
Por tanto, en este nuevo ciclo político que comienza en enero de 2022, resulta impostergable crear las condiciones para que la población venezolana se reconozca y reconecte con otras caras, otros liderazgos; en fin, con otra forma de hacer política más eficiente y que encamine al país hacia el objetivo por tantos años esperado: la caída del régimen chavo-madurista.
Conforme al imperativo anterior han estado circulando en el ambiente varias propuestas. Una de ellas es la impulsada por María Corina Machado, del partido Vente Venezuela, que se sintetiza en la realización de una consulta popular para renovar la dirección política de la oposición, a través de lo que ella ha denominado una “gran elección popular”.
La otra propuesta que comienza a generar un debate por sus implicaciones jurídico-políticas es la de César Pérez Vivas, representante del Movimiento Venezolano por el Revocatorio, que puja por la celebración de un referéndum a mitad de mandato de la gestión de facto de Nicolás Maduro; una iniciativa que algunos analistas consideran desconocería la transición constitucional iniciada desde la juramentación de Juan Guaidó en enero de 2019 y la aprobación del Estatuto para la Transición hacia la Democracia (5 de febrero del mismo año), y, por otra parte, legitimaría al gobierno usurpador.
Más recientemente, el excomisionado presidencial para las Relaciones Exteriores, Julio Borges, planteó la propuesta de reformar el Estatuto que rige la Transición hacia la Democracia que da continuidad a la gestión de la Asamblea Nacional (2015),y que implicaría la reestructuración del gobierno interino, así como el establecimiento de un nuevo mecanismo para el manejo y protección de los activos en el exterior administrados por el equipo de Juan Guaidó.
Aunque no se han dado detalles sobre la propuesta, el polémico y cuestionado dirigente del partico Primero Justicia adelantó que la continuidad del interinato debe ser desempeñada por la Asamblea General, lo que se interpreta reduciría la presidencia encargada a su mínima expresión. Para Borges la gestión de Juan Guaidó se alejó desde tiempo atrás del objetivo fundamental de salir de la dictadura.
Es sobre estos tres planteamientos que gravitará seguramente la agenda política de la oposición a partir de enero de 2022, aderezada, claro está, por el proceso eleccionario de Barinas, de cuyos resultados habrán de extraerse importantes conclusiones.
La mala noticia es que el imperioso y siempre esperado objetivo de crear un frente unitario sólido, con la participación de partidos políticos y miembros de la sociedad civil, habrá de verse seguramente afectado por las diferencias que los debates y decisiones sobre estas tres propuestas pudieran provocar.
Mientras tanto, la continuidad administrativa de Juan Guaidó pareciera ser la opción más cómoda para los factores internacionales de apoyo, lo que representará en todo momento un elemento de gran presión sobre la estrategia y decisiones que haya de tomar la oposición democrática venezolana en su política de confrontación con el régimen.
La otra cara de la moneda sería que estos mismos factores de apoyo internacional se acomoden a nuevos enfoques y estrategias, incluso más radicales,que deriven de un reacomodo y relanzamiento de las fuerzas opositoras, prescindiendo de la figura del presidente interino como interlocutor principal.