Con motivo de la reciente –y muy polémica- reforma del Estatuto de Transición que da -o al menos pretende dar- fundamento constitucional al interinato que encabeza Juan Guaidó, se han abierto algunas líneas de discusión donde se recogen las distintas visiones y opiniones acerca de dónde está parada la oposición democrática y hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos futuros.
Por razón de acercamiento de larga data centraremos nuestro comentario en el tema del servicio diplomático del interinato con la esperanza de contribuir -y si es posible aclarar- algunas percepciones nacidas de comentarios y suposiciones alimentadas muchas veces por informaciones incorrectas, sean ellas intencionadas o no, que han venido circulando recientemente acerca de su costo frente a su efectividad.
No se precisa mucho esfuerzo para comprender que el principal aliado de la oposición de Venezuela lo constituye la comunidad internacional sin cuya constante y machacona constancia y presión no se hubieran obtenido algunos -de los muchos o pocos- éxitos que el interinato puede exhibir y que en gran medida son los que continúan dando oxígeno al gobierno encargado.
Hay que tener en cuenta también que desde febrero de 2019, cuando se juramentó Guaidó, el mundo ha vivido y sigue viviendo otros acontecimientos de crucial importancia. Tal el caso de los vientos de preguerra que soplan en la frontera Rusia-Ucrania, la inusitada y confrontacional polarización de la escena política estadounidense, los eventos de Cuba que parecen anunciar vientos de cambio, la pandemia, la amenaza de China sobre Taiwán, etc. Estos eventos han desplazado a la cuestión de Venezuela de la agenda internacional llevándola de la condición de “trending topic” a ocupar posiciones mucho menos prioritarias.
Sin embargo, el drama venezolano sigue siendo cuestión determinante tanto para los compatriotas que permanecen en el país como para los más de 6 millones que lo han abandonado. Si esa tragedia sale del radar internacional los actores que nos apoyan pronto tendrán asuntos más visibles de qué ocuparse. Así, pues: ¿quién se encarga de que el tema permanezca en agenda? Los “diplomáticos” designados por la Asamblea Nacional legítima. ¿Con qué recursos? Pues con los muy limitados que se consiguen de los activos del exterior administrados severamente por una agencia del gobierno estadounidense y de los fondos destinados a la cooperación internacional (programas específicos) que fluyen a través de USAID.
¿Que nuestros diplomáticos no han hecho nada? Falso. En Estados Unidos la embajada dirigida por Carlos Vecchio ha conseguido el TPS (protección temporal contra la deportación) que favorece hasta casi 300.000 compatriotas en situación migratoria irregular; en Colombia se ha conseguido regularizar migratoriamente a más de 1 millón; en Perú algo similar, en otros países la cosa es más difícil pero se logran alivios, en Canadá igual, y hasta en Argentina y España donde los gobiernos de turno nos son hostiles también hay representantes velando por los compatriotas con los muchos o pocos argumentos que puedan tener a su disposición. ¿Será que esos logros salieron de la galera de algún mago? ¿La presencia en la OEA, en el BID, las presiones ante los organismos de derechos humanos continentales y universales, etc., es que llegan solas o por el esfuerzo coordinado de quienes dedican su tiempo y muchas veces sus recursos a ello?
Respetados hacedores de opinión y algunos otros tal vez con aviesa intención han aventurado cifras de gastos cuya dimensión no estamos en condición de avalar o denegar. Por eso mismo es que surge la necesidad impostergable de requerir a todos los del interinato una escrupulosa y transparente rendición de cuentas que sirva para poner las cosas en su lugar y para acabar con la percepción -tan extendida como equivocada- de que quienes tienen esas tareas las llevan a cabo con comodidades, lujos, gastos discrecionales, choferes y demás prestaciones que suelen corresponder a los cuerpos diplomáticos profesionales que forman parte de cancillerías y se nutren del presupuesto nacional del Estado que representan. Habrá –y hay- quien no haga honor a ese compromiso patriótico. A ellos el repudio público y la ley penal, pero desde esta columna reclamamos prudencia y mesura antes de arrojar esfuerzos y nombres a la ignominia.
@apsalgueiro1