El contaminado proceso electoral o de votación que intenta imponer el régimen a toda costa concentra hoy la atención de todos y deja de lado temas fundamentales que también interesan a los venezolanos como el de la controversia por el Territorio Esequibo, un asunto que hoy se decide ante la Corte Internacional de Justicia luego de que Guyana solicitara a ese tribunal el 29 de marzo de 2018 que decidiera que “el laudo arbitral del 3 de octubre de 1899 es válido y obligatorio para los dos países”.
La Corte consideró en su decisión del 18 de diciembre de 2020, por doce votos contra cuatro, que “era competente para conocer la demanda de Guyana (…) en la medida en que se relacionaba con la validez de la sentencia arbitral del 3 de octubre de 1899 y a la cuestión conexa de la solución definitiva de la controversia relacionada con la frontera terrestre entre los dos países”. Más adelante, tras una solicitud de Venezuela, en decisión del 6 de abril de 2023, el tribunal decidió que la demanda de Guyana era admisible.
A pesar de la posición de Venezuela acerca de la falta de competencia de la Corte, el proceso ha seguido. Venezuela tiene que presentar este lunes 8 de abril su Contramemoria, según lo establecido por la misma Corte, para responder los argumentos de Guyana acerca de la validez y el carácter obligatorio del laudo de 1899. Según los expertos y especialistas en la materia, a quienes el régimen no ha convocado, hay elementos suficientes para demostrar que el laudo es nulo e írrito como se ha sostenido siempre, y que Venezuela tiene suficientes títulos jurídicos que demuestran que el Esequibo ha sido y es parte del territorio nacional desde 1777.
No presentarse, como parece ser la estrategia de quienes hoy representan al Estado venezolano en la Corte, haría perder la oportunidad de exponer nuestros argumentos jurídicos, lo que podría afectar nuestros intereses en el proceso. Es cierto, sin embargo y de conformidad con su Estatuto, que la Corte debe asegurarse de que la demanda tiene fundamentos jurídicos suficientes, para lo cual no solamente tiene el deber de considerar los escritos y alegatos de la parte demandada que no comparece, sino toda la información a su alcance sobre el tema.
El régimen de Maduro tiene una seria responsabilidad histórica ante los venezolanos.