La situación presente y futura de Venezuela no luce nada bien; sin conocer aún la magnitud que alcanzará la pandemia, la cual parece estar en fase de desarrollo. El chavismo da la impresión de haber “quemado las naves”, de huir hacia adelante usando impropiamente las ventajas coyunturales de que dispone para fortalecer el continuismo; profundizando el retroceso neto experimentado desde 1999 por el Estado y la sociedad en todos los índices civilizatorios conquistados (con mucho esfuerzo y sacrificio). Al respecto,  el virus ha resultado un inopinado aliado de la dictadura en su afán de control, propio de su vocación totalitaria.

La convocatoria de comicios parlamentarios sin mediar los acuerdos políticos que la crisis demanda, y sin observar los preceptos que la legalidad vigente establece para restituir la confianza ciudadana en el voto como instrumento de asignación de poder y representación, es parte de esa huida hacia adelante.

Mienten descaradamente quienes afirman que las condiciones políticas, legales e institucionales para ejercer el sufragio son similares a las de 2015.

No eran óptimas entonces, porque el CNE le permitía liberalidades al régimen que usaba con ventajismo, hubo episodios de Gerrymandering y el asunto de la compra de la tarjeta del MIN-Unidad para confundir; pero todavía no se había lesionado y pervertido de tal manera el proceso que convirtiera en inocuo  al voto como expresión de la voluntad ciudadana. El sistema político tenía un creciente déficit democrático, afín a lo que algunos llaman: “autoritarismo competitivo”. Todavía no era abiertamente dictatorial como ahora y no se estaba en presencia de un proceso fraudulento desde sus fases iniciales. Eso fue posible porque el chavismo calculaba que, en el peor de los casos, se podía repetir el escenario de 2010: aun perdiendo en votación, tener mayoría en la Asamblea Nacional. De hecho, algunos encuestadores pronosticaban un resultado cerrado.

En esta ocasión el régimen se ha venido preparando para que no le suceda igual que en 2015, no por la vía de gestionar bien los asuntos que le competen para garantizar el bienestar de la ciudadanía y recuperar el apoyo popular, sino de tomar decisiones vía TSJ y CNE para garantizar su victoria.  Decisiones y acciones que no voy a glosar porque son de sobra conocidas. Tal como puntualizamos arriba, estamos en presencia de un proceso fraudulento ad initium.

Quienes llaman a votar porque creen honestamente  (no por cálculos políticos deleznables) que ese es el camino apelan a la fuerza del pueblo, a su presión y movilización. Estos postulados, imbuidos de cierto voluntarismo, pasan por alto dos impedimentos significativos: el covid-19 y el confinamiento, así como la desconfianza hacia el tinglado montado por la dictadura. Desconfianza ciudadana basada en hechos concretos y cercanos no en actitudes caprichosas o subjetivas.

Considero correcta la decisión tomada por las principales fuerzas democráticas de boicotear el proceso electoral convocado por el régimen. Ese proceso por las características que tiene lejos de ser un instrumento para resolver la crisis política dándole la palabra a la ciudadanía, profundizará la crisis con los efectos y consecuencias negativas conocidas para el país. Nada ganan las aspiraciones de libertad, progreso, justicia y seguridad de la sociedad venezolana convalidando esos comicios.

No basta con boicotear el evento, es necesario colocar al movimiento democrático en modo resistencia. Se dice fácil, pero no lo es por la dificultad para generar acciones de protesta y presión debido a la represión y al confinamiento.

En mi criterio, es tiempo de reconstruir la capacidad de presión y movilización, de acumular fuerzas, de construir organización, de unir lo unible. De elaborar un mensaje claro, preciso y contundente de esperanza y lucha sin crear falsas expectativas. De consensuar y coordinar con nuestros aliados internacionales la denuncia clara y precisa de lo que aquí ocurre y de los perjuicios para todos que significa la continuidad de este régimen; y trabajar con ellos todo lo referente al desconocimiento del fraude en marcha, a la nueva realidad en la que entrará el gobierno interino y la Asamblea Nacional legítima.


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