La perniciosa “gestión” de la mal llamada “revolución bolivariana” ha arrastrado a Venezuela, principalmente bajo el caótico, corrupto e irresponsable gobierno de Nicolás Maduro, a una tragedia de tal magnitud que ha comprometido totalmente su destino.Todas sus instituciones, a excepción de la legítima Asamblea Nacional, se encuentran dirigidos por militantes del PSUV, seleccionados fraudulentamente y al servicio exclusivo de los intereses de la corrupta camarilla madurista.
La demostración más reciente de esta realidad fueron los lamentables hechos ocurridos el pasado 5 de enero en las adyacencias del Palacio Federal Legislativo. El mundo entero pudo observar cómo se impidió, por la fuerza, que la Asamblea Nacional sesionase autónomamente a fin de elegir su nueva directiva para el presente año. Los venezolanos perfectamente conocían que, desde el 17 de septiembre de 2019, la mayoría parlamentaria le había ratificado su apoyo a Juan Guaidó, mediante un acuerdo político, que garantizaba su juramentación. Por supuesto, la dictadura no podía permitirlo.
Nicolás Maduro, en medio de su desespero, urdió una inescrupulosa maniobra que se inició hace varios meses con la inhabilitación, exilio, detención y soborno de diputados opositores para conformar una alianza con la fracción de los 55 representantes oficialistas y 18 diputados de oposición, seriamente cuestionados por razones morales en el desempeño de sus responsabilidades parlamentarias. El éxito de esa alianza solo era posible si se lograba constituir un quórum artificial mediante el impedimento del acceso al salón de sesiones de los diputados opositores y en particular de Juan Guaidó.
Lamentablemente, los mandos de la Fuerza Armada Nacional violaron la Constitución Nacional al ordenar el establecimiento de piquetes de la Guardia Nacional, alrededor del Palacio Legislativo, para obstaculizar el libre ingreso de los diputados de oposición y de los representantes de los medios de comunicación independientes a fin de permitir solo el acceso de quienes aparecían en unas listas elaboradas, con anterioridad, y con la clara intención de filtrar el ingreso de los parlamentarios.
Mientras los diputados opositores forcejeaban con los guardias nacionales, exigiendo su legítimo derecho de ingresar a la sala de sesiones, los parlamentarios del PSUV y los 18 diputados tránsfugas de la oposición nombraban, en medio de un verdadero pandemónium, al diputado Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional sin revisar el quórum ni contar los votos. Justamente, en ese momento Juan Guaidó intentó saltar la reja del Palacio Legislativo, con el fin de suspender la sesión, ante las arbitrariedades que estaban ocurriendo, pero un guardia nacional se lo impidió violentamente.
Al mismo tiempo, Venezolana de Televisión transmitió la írrita juramentación, en cadena nacional, con la intención de confundir a los venezolanos. Ante tal atropello, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó que la Policía Nacional Bolivariana había impedido la entrada al Hemiciclo de más de 35 medios nacionales e internacionales. Su presencia era inconveniente para poder violar, como se hizo, el Reglamento Interior y de Debates en todo lo relacionado con lo pautado para la designación de la nueva junta directiva.
En conclusión, no hubo votación ni juramentación constitucionalmente válidas. La militarización de la Asamblea Nacional, como ocurrió, compromete totalmente la legitimidad de la designación de Luis Parra. Ante esta situación, Juan Guaidó, a través de los medios de comunicación convocó a una nueva sesión en la sede del diario El Nacional. ¿Fue válida dicha convocatoria? Sin lugar a dudas que sí. El artículo 1 del Reglamento Interno y de Debates establece que la Asamblea Nacional puede sesionar fuera del Palacio Federal por decisión de sus miembros; el llamado a sesionar fue público, notorio e intensamente divulgado; asistieron 100 diputados aproximadamente, lo cual permitió cumplir holgadamente con el quórum de funcionamiento; todos los diputados tenían pleno acceso al recinto donde se celebró la sesión; se realizaron las postulaciones y votaciones según lo pautado en el Reglamento y los resultados fueron aceptados por los diputados presentes en la sesión. Mientras Maduro y sus adláteres cometían todas estas tropelías violatorias de la Constitución Nacional, en presencia del cuerpo diplomático, el mundo democrático reaccionó con gran firmeza.
Los gobiernos de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Venezuela, países del Grupo de Lima, difundieron un comunicado en el que “condenan el uso de la fuerza por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro para impedir que los diputados de la Asamblea Nacional puedan acceder libremente a la sesión”. Luis Almagro, secretario general de la OEA, expresó: “Lo que el régimen madurista está haciendo ahora en la Asamblea Nacional es contraria a la voluntad del pueblo y a las leyes”. La Unión Europea expresó: “Seguimos reconociendo a Juan Guaidó como el presidente legítimo de la Asamblea Nacional hasta que se puedan garantizar las condiciones para una votación adecuada”. Estados Unidos sostuvo: “La democracia no puede ser intimidada. En el Uruguay, tanto el gobierno saliente de Tabaré Vásquez como el entrante de Luis Lacalle condenaron la actitud del régimen de Nicolás Maduro de impedirle a Juan Guaidó ingresar a la sala de sesiones de la Asamblea Nacional.
Como si lo anterior fuera poco, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México también se manifestó al respecto: “México hace votos para que la Asamblea Nacional de Venezuela pueda elegir democráticamente su junta directiva. El legítimo funcionamiento del Poder Legislativo es pilar inviolable de las democracias” y el canciller argentino, Felipe Solá, recordó que el presidente Fernández viene intentando, por todos los medios, que el diálogo sea la solución de la crisis venezolana. «Rechazamos el uso de la violencia para impedir el acceso de los diputados a la Asamblea Nacional e instamos al Ejecutivo venezolano a aceptar que el camino es exactamente el opuesto. La Asamblea Nacional debe elegir su presidente con total legitimidad». Esta misma posición la tuvo el PSOE y Pedro Sánchez.
En fin, la reacción internacional por parte de las democracias occidentales fue de rechazo a la elección de Luis Parra por haber sido realizada de manera inconstitucional y de firme repudio a la pretensión de Nicolás Maduro de continuar impidiendo la legítima aspiración de los venezolanos de vivir en libertad y en democracia.