Entre el 4 y el 26 de junio, el régimen de Daniel Ortega detuvo a 21 personas —entre ellas, 5 aspirantes presidenciales, 8 líderes políticos opositores y 2 empresarios—. De un plumazo, el presidente de Nicaragua había barrido a las voces críticas en el país. Primero fue Cristiana Chamorro, quien, hasta ese día, era la cara más visible y popular entre una población hastiada y empobrecida que desconocía el nombre del resto de aspirantes, pero que colocaban a la hija de la expresidenta Violeta Chamorro en lo más alto de las encuestas para sustituir a Daniel Ortega en las presidenciales de noviembre.
La encuesta de Gallup ubica al presidente Daniel Ortega con 20% de popularidad, un porcentaje de los más bajos de América, lo que representa que es muy probable que Ortega pierda las presidenciales, sin embargo, con estas detenciones arbitrarias, el régimen nicaragüense busca eliminar a todo contrincante y allanar el camino para que el presidente se reelija nuevamente.
Cristiana Chamorro fue la primera en caer. Tres días después, el precandidato Arturo Cruz; dos días más tarde, otro candidato; al día siguiente, un banquero; después un periodista, luego otro precandidato, después una feminista y el viernes, el último, Pedro Joaquín Chamorro.
Daniel Ortega ha eliminado incluso cualquier símbolo sandinista, y voces tan representativas de esa revolución y tan queridas a nivel mundial como el escritor Sergio Ramírez, quien fuera en su momento activo participante de la revolución sandinista y vicepresidente de gobierno bajo el mando de Daniel Ortega, hoy levanta la voz al decir que lo que sucede en Nicaragua es una dictadura, que ha traicionado la revolución y por apresar a todas las voces críticas al gobierno.
Pero la situación que vive hoy Nicaragua no comenzó ni hoy, ni ayer ni en 2008, si no que para ello tenemos que remontarnos hasta el siglo pasado, donde encontramos cómo intereses personales encontraron salida y fueron arropadas por la revolución sandinista, pero que al final del día, se repartieron los poderes y desaparecieron a las instituciones para quedar en manos, o bien del gobierno o bien de la oposición, creyendo que ese equilibrio mantendría una “sana” gobernabilidad, que si bien el golpe a los pensionados ha desatado una lucha social en el país centroamericano, este asunto de poderes ha dejado a los nicaragüenses en manos de dictadores que solo han usado la bandera del sandinismo como puro pretexto para encumbrarse y erigirse como máximos representantes de su pueblo.
La separación de poderes, el respeto a las instituciones autónomas y la no ampliación de mandato, son cruciales para las democracias.
Tiempo al tiempo.
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