Nadie se habrá sentido sorprendido el pasado 5 de marzo (undécimo aniversario del fallecimiento de Chávez) con el anuncio de elecciones presidenciales a celebrarse “coincidencialmente” el 28 de julio (cumpleaños del Comandante Eterno).
El acto no solo fue la escenificación de una farsa sino también una burla bochornosa al pueblo venezolano y a la comunidad internacional que viene trabajando desde hace tiempo en la posibilidad de una transición electoral y democrática para Venezuela, aprovechando asimismo la norma constitucional que exige elecciones hacia el final de presente período presidencial ejercido (con usurpación) por el señor Maduro desde 2019 y que vencerá en enero de 2025.
A lo anterior agréguese la violación descarada del acuerdo firmado en Barbados el 17 de octubre de 2023 (publicado en Gaceta Oficial 42738 del 19 de octubre 2023) entre gobierno y oposición, en cuyo considerando segundo se conviene la celebración de elecciones libres con condiciones equitativas para todos los actores garantizando que sean adecuadas, verificables y con observación internacional profesional (Unión Europea, OEA, etc.). Ello además de los mecanismos para garantizar la participación de María Corina, que ya también ha sido coartada por el reciente e insólito fallo del TSJ que avala la inhabilitación de la candidata que acumula más del 80% de la intención de voto.
A nadie escapa que el cronograma anunciado ha sido diseñado para otorgar la mayor ventaja al oficialismo y poner todos los inconvenientes a la oposición.
En muy pocos días los candidatos deberán anotar sus candidaturas y en pocos días mas se les notificará si las mismas son permitidas. En eso yace el mayor inconveniente del proceso toda vez que la inhabilitación de la candidata ultramayoritaria no parece vaya a ser levantada, Habrá que ver que decide la Sra. Machado en su momento. Ella afirma que su plan B es la continuación del Plan A “hasta el final”. Las opciones alternativas son riesgosas y requerirán coraje.
A título de antecedente histórico – no como propuesta- traemos a colación la elección presidencial argentina de 1973 en la que no se permitió participar al Gral. Peron. Ante ese obstáculo el viejo caudillo hizo que un dirigente de segunda línea, el Dr. Hector J. Cámpora, antiguo y fiel partidario, inscribiera su candidatura la cual resultó ampliamente triunfadora en la elección. El lema era “Cámpora al gobierno, Peron al poder” . Campora se juramentó el 25 de mayo de 1973 y, según lo convenido, renunció junto con su vicepresidente dos meses después el 13 de julio provocando un vacío de poder que constitucionalmente requirió una nueva elección en la que Peron y su esposa “Isabelita” alcanzaron la presidencia y vicepresidencia de la nación. Perón falleció al año siguiente en ejercicio de la primera magistratura.
Desde estas líneas nos adherimos al reclamo por el tramposo cronograma electoral ofrecido y “aprobado” por numerosos partidos políticos cuyo nombre nunca habíamos oído y cuya membresía sumada no ha de llegar a cien personas. A ello se suma el “alacranato” y seguramente vendrá alguno que otro oportunista de la política o fuera de ella.
Mientras tanto cerca de 3 millones de nuevos electores no se han podido inscribir en el Registro Electoral, 4 millones más (de los 7,5 millones de emigrados) no lo podrán hacer por falta de tiempo, recursos y infraestructura además de exceso de recaudos exigidos o la inexistencia -caso de Estados Unidos- de representación consular en su territorio. Esos mismos son los que siguen y seguirán anotados en su antiguo domicilio en territorio nacional. De resto seguirá la dificultad de conseguir testigos de mesa, las trampas y el puntillazo final que siempre había estado a cargo de Tibisay anunciando la “tendencia irreversible”. Hoy tal deshonroso mandado le tocará al señor Amoroso, que ya ha demostrado que sus hábitos políticos no coinciden con su apellido.
Así pues, el oficialismo ha botado por la poceta el cacareado Acuerdo de Barbados y la posibilidad de una elección libre y competitiva como corresponde y se convino. Algunos dicen que no quedará sino “ir a llorar al valle” y esperar una movilización popular, o ver si la comunidad internacional ejerce suficiente presión. Ya el gobierno de Mr. Biden el mismo 5 de marzo renovó el decreto (Executive Order 13692) originalmente emitido por Obama en 2015, el cual designa a Venezuela como “inusual y extraordinario peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos” . De allí se desprende la autoridad de Washington para mantener o imponer sanciones. La decisión de suavizar o endurecer las mismas seguramente hará la vida mas fácil o más difícil a quienes ocupan Miraflores, que ya han advertido que no se irán “ni por las buenas ni por las malas”. Los platos rotos, como siempre, quedarán para ser pagados por el pueblo.
Sin embargo, los vientos que otrora favorecieron a la izquierda roja o rosada parecen haber disminuido o al menos estar cambiando de dirección, lo cual luce favorable pese al bochornoso apoyo que continúan brindando Lula y los sospechosos silencios de Petro y López Obrador.
Hasta tanto no se aclare el panorama y María Corina, ampliamente legitimada con los votos obtenidos en la primaria, decida el rumbo que se va a seguir, habrá que esperar con la mayor atención, no vaya a ser que un vivo de ocasión -que los hay- quiera pescar en el río revuelto.
@apsalgueiro1