Me refiero a los comicios parlamentarios convocados por la dictadura para el 6 de diciembre próximo y la consulta ciudadana que prepara el gobierno interino en fecha, todavía no decidida, del año en curso.
La presencia de covid-19 exige, para evitar su propagación, y más en un país sometido a una “crisis humanitaria compleja”, evitar o restringir sine die todo contacto social presencial que no sea indispensable, y por supuesto evitar todo evento público o privado que suponga la presencia masiva y constante de personas en ambientes compartidos. Esta previsión es la única fórmula existente para defenderse del virus.
Es la primera y principal razón en función del interés público para suspender ambos eventos. Lo mínimo a exigirle a la dirigencia del país es asumir esa prevención. Hay otras razones subsidiarias que abonan la suspensión referida; y a ellas nos dedicaremos en lo siguiente de estas notas.
Los comicios convocados por la dictadura, lejos de contribuir a despejar el presente y el horizonte comprometido de la nación, lo exacerban y escala; es un catalizador de la crisis política en progreso ocasionada por la insistencia del chavismo en prolongar un régimen carente tanto de legitimidad de origen como de desempeño y gestión. Sin una resolución positiva y real de la misma, todos los demás males que agobian a los venezolanos se ampliarán. El dato adicional que complica el panorama es que las votaciones convocadas están concebidas y diseñadas para que la voluntad soberana del pueblo no pueda expresarse libremente.
Hay una exigencia creciente, tanto aquí como en sectores de la comunidad internacional democrática, solicitando suspender los comicios. La respuesta del oficialismo por boca del propio Maduro es que van el 6D sí o sí. El chavismo cree, al igual que lo hizo en su momento Franco, que tiene “todo atado y bien atado” y no estiman conveniente correr el riesgo de que la suspensión termine en un barajo inconveniente de la situación que juzgan favorable. Hablando en términos criollos, “mano segura no se tranca”.
Para comenzar a ver la luz al final del túnel, la opción más conveniente para el país es la celebración de elecciones nacionales generales (presidenciales y legislativas) justas, libres y confiables una vez cesada la pandemia.
El gobierno interino no debe ni puede incurrir en la irresponsabilidad que comete el régimen usurpador de subestimar y menospreciar el riesgo para la salud y la vida de los venezolanos que supone la convocatoria de eventos públicos y masivos.
Hay además otras consideraciones, en este caso políticas, que desaconsejan la celebración de la consulta ciudadana. Sostenemos el criterio de que no existen condiciones objetivas ni subjetivas para que pueda ser organizada con la eficiencia del caso ni atendida por la ciudadanía en la magnitud correspondiente para ser considerada expresión cabal de la voluntad del soberano y ser considerada exitosa. El hecho de que no tenga ningún carácter vinculante y las crecientes dificultades de movilización existentes abonan para su falta de atractivo.
De insistir en su realización las fuerzas democráticas se arriesgan a una derrota autoinfligida. Por tanto, hacemos un llamado a la reconsideración de convocarla.
El asunto nos lleva al tema, planteado por algunos, de qué hacer de aquí a diciembre.
En un ejercicio de realismo necesario que combine necesidades por solventar y posibilidades las fuerzas democráticas deben dedicarse a: exigir comicios generales apegados a la legalidad vigente, deslegitimar el proceso fraudulento, trabajar para que el boicot a los comicios sea lo más masivo y evidente posible, diseñar y construir la política y la estrategia para la resistencia a la dictadura después del 6D, reconstruir la unidad de las fuerzas democráticas.