Hay prácticas políticas que son habituales en democracia, siempre se han realizado y son consideradas como parte usual de la negociación política, democrática, honesta pero que en definitiva son el intercambio de votos y apoyos por prebendas económicas, mejoras a determinados colectivos, a favor de unas zonas o poblaciones geográficas, leyes e incluso indultos. Desde mi punto de vista no se pueden intercambiar votos por prebendas, hay veces que ese intercambio es confuso, pero otras es un claro trueque de tú me das esto y yo te doy esto otro, me facilitas que gobierne, y yo te doy más dinero de los presupuestos del Estado para tal cosa, para determinados grupos sociales, autonomía, provincia o pueblo… o tú me apoyas una ley a cambio de dinero para determinados fines que son parciales y concretos.
En política se usa con frecuencia la frase de que “la mujer del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo”, la frase se debe a Plutarco que en referencia al divorcio de Julio César y Pompeya dijo hace 2084 años “la mujer del César debe estar por encima de toda sospecha”. Aplicando este conocido y repetido refrán, al menos los políticos no deberían ser tan explícitos en sus tejemanejes, no deberían estar permitidos y en el caso de que los hagan no parecerlo. Ahora por lo que se ve es legal el cambio de cromos, esperemos que pronto no sea así y se legisle en este sentido. Me gusta mucho el sistema parlamentario donde los gobiernos se ven en la obligación de dar continuas explicaciones de su gestión y donde todo se decide en abierto debate político incluyendo la elaboración de las leyes, la aprobación de presupuestos del Estado y el control de todo el sistema político, económico, jurídico y social del Estado.
Si hasta esos debates políticos son objeto de intercambio, prebendas, compensaciones, cargos públicos e indultos el concepto de Parlamento y debate se ven claramente prostituidos por esa corrupción pactada, de apariencia legal no tipificable como delito.
Hay que legislar para que las transacciones de votos por prebendas y privilegios no sean permitidas y, por lo tanto, sean definidas como corrupción y consideradas como un delito.