TSJ en el exilio
TSJ en el exilio

 

La Consulta Nacional en Venezuela fue una actividad popular convocada por la Asamblea Nacional, que se celebró el 16 de julio de 2017. Esa jornada se realizó en respuesta a la crisis institucional de entonces -y ahora peor- del país. El proceso electoral se hizo en el contexto de la aplicación de los artículos 333 y 350 de la Constitución. En la Asamblea Nacional se aprobó la consulta popular el 5 de julio de 2017 basándose en los artículos 5, 70, 71 y 187.4 de la Constitución. Numerosos gobiernos expresaron su apoyo y las Naciones Unidas instaron a que se respetaran los resultados. Dentro de las 3 preguntas que se realizaron, que los venezolanos debían responder con «Sí» o «No», con la intención de que los resultados fuesen el primer paso para un cambio de sistema político en Venezuela, la número 3 era: “¿Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo con lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional?”. Se permitió la participación de todos los venezolanos mayores de 18 años inscritos o no en el CNE, dentro y fuera de Venezuela. Más de 7 millones de participantes dijeron Sí -legitimidad de origen popular- a los pasos siguientes adoptados por la Asamblea Nacional en 2017.

Y es que en diciembre de 2015 -después de las elecciones parlamentarias en Venezuela que ganó abrumadoramente la oposición venezolana, para instalarse la nueva Asamblea Nacional recién electa en enero de 2016-, la AN saliente, de mayoría oficialista, empezó intempestivamente un proceso de designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Mucho se denunció entonces irregularidades en el proceso, incluyendo la violación del periodo de impugnaciones, la falta de respuesta de las mismas y la omisión de la selección definitiva de los postulados. Incluso, el Ministerio Público solicitó formalmente anular el nombramiento alegando que dicho proceso estuvo viciado. De ahí que la Asamblea Nacional legítimamente electa en 2015, el 13 de junio de 2017 juramentó al Comité de Postulaciones Judiciales, para la elección de nuevos magistrados del TSJ. Todas las etapas estipuladas en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia fueron realizadas. El 21 de julio de 2017 la Asamblea Nacional designó a 13 magistrados principales y 21 suplentes (los magistrados principales del TSJ son 32). Pero, para el 24 de julio de 2017, varios de los designados como magistrados -entre ellos quien aquí escribe- habían sido detenidos, por lo que otros 30 magistrados designados tuvieron que asumir la clandestinidad y hoy por hoy dichos magistrados designados se encuentran exiliados en cuatro países. Sigo estando procesado en Venezuela, sin presentación de acto conclusivo alguno en la causa. Las condiciones de tal injusta detención en 2017 ha sido hasta abordado por las Naciones Unidas en su Comité de Determinación de Responsabilidades, en sendos informes, de 2020 y 2021.

Por su parte, la iniciativa “Tribunal Supremo Legitimo en el Exilio” se ampara en la jurisdicción universal, teniendo como referentes, por ejemplo, los principios de los tribunales de Núremberg, para la antigua Yugoslavia y para Ruanda. El ente actualmente cuenta con el reconocimiento de la Organización de Estados Americanos y del Parlamento Europeo.

Vale decir, entonces, que de haberse permitido la efectiva incorporación de los magistrados principales designados en 2017 por la AN, siquiera tales nuevos magistrados iban a constituir una mayoría dentro del máximo tribunal; pero, al menos, ello hubiese conllevado una nueva institucionalidad judicial en el país, con criterios jurídicos apegados al Derecho y no a imposiciones políticas. Hubiese conllevado un mecanismo que contribuiría a resolver la crisis institucional del país. Tal persecución de los magistrados designados fue y es un error más que político, de supervivencia social y económica del país, al impedirse una distinta percepción internacional del país en aras de tratar de obtener seguridad jurídica para nuevas inversiones y fomento del necesario acomodo de la nación.

Hoy los sectores políticos del país asumen una mesa de diálogo, de negociaciones en México, para cuya próxima sesión prevista desde el 24 de septiembre se anuncia como tema de discusión: “Respeto del Estado Constitucional de Derecho, sistema de justicia y la institucionalidad establecida en la Constitución”. Dicho en otras palabras, una casi inminente designación dizque plural, de magistrados del TSJ, siguiendo las recientes leyes que acaba de sancionar la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020; entre otras, un nuevo Código Orgánico Procesal Penal  y Ley de Amparo a la Libertad Personal. Dado lo anterior, el sector político negociante debería entender que tanto por legitimidad de origen, reconocimiento internacional, capacidad y hasta como mecanismo de distensión política y búsqueda de una percepción de seguridad jurídica a nivel foráneo, tal posibilidad de nuevas designaciones en la máxima instancia judicial del país debe comenzar por el respeto de la designación de magistrados realizada en julio de 2017, en la legítimamente electa Asamblea Nacional de entonces. Tanto martirio, sufrimiento y persecución de los que en Venezuela estamos o de los que afuera, contra su voluntad, se mantienen con sacrificio personal y familiar, no es justo sea desechado por un afán de convivencia con olvido.


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