Los venezolanos apostamos en general por una solución negociada de la gravísima crisis que afecta al país. Todos queremos la restauración de la democracia y del Estado de Derecho, el respeto pleno de todos los derechos de los ciudadanos y de las libertades. Algunos han depositado su confianza en el proceso de negociaciones que se inicia entre el régimen y una parte de la oposición, mientras que otros expresan con razón sus dudas acerca del objetivo de las “negociaciones”, su objeto mismo y sobre la disposición y voluntad real del régimen que ha mostrado desde el inicio su desprecio por el proceso y sus participantes.
El objetivo del proceso debe centrarse en una pronta elección, justa y transparente, que garantice la expresión de la voluntad popular. No se trata de abrir espacios para cohabitar y dar largas a un régimen que desde su inicio fue considerado ilegitimo, sino de atender la aspiración de todos de un cambio de gobierno y de sistema que garantice la paz, la tranquilidad, la seguridad y el progreso.
En la agenda acordada se presentan temas de manera que dejan espacio a negociaciones y acuerdos limitados, mientras que otros no fueron incluidos de manera expresa como tenía que ser, lo que sin duda debilita la confianza que se pueda tener en el proceso y sus resultados.
En la agenda se habla de “derechos políticos para todos”, lo que parece una fórmula expresamente redactada para centrar el examen del tema en su aspecto electoral y excluir lo igualmente esencial, la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos civiles y militares lo que supone, como lo han solicitado los organismos interncionales en sus Informes, el cese de la tortura, de las desapariciones forzadas, de las ejecuciones extrajudiciales, de las detenciones arbitrarias, de los procesos militares a civiles, en fin, el cese de las violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos.
El tema “derechos políticos para todos” debe incluir también el desmantelamiento de los centros de detención y tortura y de las fuerzas de seguridad del Estado involucradas en los crímenes cometidos estos años, el procesamiento y castigo de los responsables de tales hechos y la reestructuración urgente de los órganos de justicia sometidos hoy como sabemos a las órdenes del Ejecutivo y del partido oficialista, lo que garantizaría la aplicación de la justicia y la lucha contra la impunidad y su erradicación definitiva.
En la agenda acordada no se incluyen los temas relativos a la ayuda humanitaria, a los migrantes, al respeto de los derechos de los venezolanos en el exterior, a la obligación del Estado de prestarles asistencia consular y de protegerlos en donde quiera que se encuentren.
Sin embargo, se incluye el tema relativo al “levantamiento de las sanciones”, un tema que no puede ser examinado y menos decidido antes de que se resuelva la crisis, es decir, antes de que se llegue a un acuerdo satisfactorio para todos. Las sanciones constituyen la única herramienta que tiene la oposición y la comunidad internacional para presionar al régimen.
El régimen condiciona un acuerdo al levantamiento de sanciones, lo que es absurdo e inaceptable. Es todo lo contrario. El levantamiento de las sanciones está más bien condicionado al acuerdo que se pueda lograr. Sería absolutamente irresponsable “negociar” las sanciones antes de llegar a un acuerdo sobre todos los temas y mucho menos solicitar a la comunidad internacional las levante sin haberse logrado un acuerdo que, insisto, permita la restauración del Estado de Derecho y las libertades.
Otro tema merece especial atención, aunque haya sido titulado de manera amplia, es el relativo al respeto al Estado Constitucional de Derecho. Un tema que se debería centrarse en el rechazo a la imposición que pretende el régimen, del Estado comunal, una iniciativa que contraría el orden constitucional y la voluntad popular expresada en 2007, a la vez que vulnera los mas elementales derechos humanos individuales y colectivos. Un sistema de organización política que ha fracasado en todas partes y en todos los tiempos que busca fundamentalmente “organizar la sociedad” bajo un esquema único y sustituir el poder de las instituciones por el poder político del partido oficialista y que lejos de favorecer la democracia representativa y la participación de todos en el proceso político, busca el control de los ciudadanos en detrimento de sus libertades.
Es importante, finalmente, que los “negociadores” oigan a la sociedad civil, a la gente, sus aspiraciones, sus pretensiones. Mucho se ha dicho y todos sabemos lo que los venezolanos queremos. Para que un acuerdo pueda ser efectivo y duradero y pueda servir de base a la reconstrucción nacional debe tomarse en cuenta lo que los venezolanos sentimos.