El esfuerzo por presentar la liberación de los ocho soldados secuestrados en Apure como una gesta del régimen, y ocultar que probablemente es consecuencia de una negociación secreta, resulta revelador de los temores que desvelan a los generales que condujeron a la FANB al desastre militar frente a la narcoguerrilla colombiana.
El general Ceballos atribuye a Maduro el liderazgo en la liberación de los soldados que el Frente Décimo de las FARC había tomado como prisioneros de guerra. El logro sin embargo parece llevar el sello de la Cruz Roja Internacional, de probada discreción y eficiencia en ese tipo de labores humanitarias.
Pero hay razones para suponer que se trató de un pacto en el que el Frente Décimo de las FARC sacó la mejor parte ante la competencia, la organización ahora liderada solo por Iván Márquez con el apoyo del Cartel de los Soles, que arrastra a la Fuerza Armada en la aventura.
La liberación de los soldados, el 31 de mayo en la noche, tal vez no pueda verse separada de la tregua acordada un día antes en el conflicto armado de más de dos meses entre la FANB y la guerrilla colombiana. Permitir que Maduro y sus generales disimulen un tanto la humillación de la derrota matizada como alto el fuego indefinido, autorizan al Frente Décimo de las FARC para operar sin ser molestado en la frontera venezolana. Se trata de un terreno abonado para los negocios del crimen organizado, entre ellos el narcotráfico, del que le arrebata una tajada importante al enemigo.
Ese panorama, al que se agrega la falta de respuesta ante la muerte y la desaparición de otros soldados arrojados a la guerra de guerrillas en Apure, posiblemente expliquen el empeño del general Padrino López en rechazar lo que él llama “manipulaciones mediáticas y palangristas de opinadores de oficio, que han pretendido politizar la violencia encarnada por las facciones terroristas en la frontera”.
La manipulación, no obstante, quizá apunta más bien a jerarcas del Cartel de los Soles que emplean los medios del Estado para hacer fiesta con la crisis de orden público por la ola de protestas en Colombia.
Esa actitud parece responder a que el gobierno del presidente Iván Duque constituye un flanco sumamente ingrato para las mafias que secuestraron las instituciones en Venezuela para traficar con drogas y amparar criminales como Jesús Santrich, a quien esta vez no le alcanzó el tiempo para ayudar a incendiar las calles de su país con actos terroristas.
El general Padrino López se queja a menudo de la creación reciente en Colombia “de una unidad élite de acciones especiales”, un cuerpo que ya parece haber puesto a prueba su contundencia frente al crimen organizado y sus negocios clandestinos.