Como ha sido desde un comienzo -agosto de 2021- la dinámica de las negociaciones entre gobierno y oposición sigue siendo altamente voluble, sujeta a los vaivenes del momento político doméstico y a las demandas y desplazamientos del entorno internacional. Como es característico de este tipo de procesos, los distintos actores maximizan sus pretensiones y exigencias, procurando lograr los mayores beneficios con el menor sacrificio posible.
Las recientes declaraciones de Jorge Rodríguez, señalando que no firmarán ningún acuerdo con vista a las elecciones de 2024 hasta tanto no cesen las 765 sanciones (sí, las tienen contaditas, solo le faltó dar la lista detallada, la cual incluirá -lógicamente- no solo las sanciones a instituciones sino también a numerosos funcionarios), apuntan precisamente en el mencionado sentido, al igual que las sucesivas palabras de Maduro, amenazando, virtualmente, con patear la mesa e ignorar el reconocimiento internacional -que ellos tanto necesitan y ansían- para los comicios del año próximo.
Pese a todo lo interior, puede inferirse que si ellos hacen esas altisonantes afirmaciones es porque se han alcanzado, efectivamente, unos pequeños pasos de entendimiento, como se observa -nos parece- en dos hechos significativos: la decisión del CNE de estudiar la petición de la Comisión Nacional de Primaria de brindar asistencia técnica, conformándose incluso una Comisión técnica para determinar eventualmente el alcance de dicha ayuda (tardaron semanas en responder, cierto, pero ya hay una disposición favorable), y, por otra parte, el hecho de no haber dado curso -al menos hasta el momento- a la insistente amenaza de semanas y meses atrás de adelantar arbitrariamente los comicios. Todo esto ocurre, hay que acotar, después de que, finalizando enero, Estados Unidos aprobó darle una licencia a Trinidad y Tobago para que explote un yacimiento de gas en nuestras aguas territoriales.
En todo esto se visualiza algo evidente casi desde el inicio mismo de esta nueva ronda, y que es una realidad que no podemos ignorar: la negociación se desarrolla en dos planos, uno directamente del régimen con Estados Unidos, que es -realistamente hablando- el principal y decisivo, y el otro, entre el régimen y la oposición representada en la Plataforma Unitaria, que sin ser el estelar no deja de ser indispensable e insustituible. Podría asegurarse que ya era así, hasta cierto punto, en los intentos de República Dominicana y Barbados, pero en aquel momento la oposición sin duda tenía la voz cantante por encima del entorno internacional, pues no estaba tan debilitada como en estos momentos, y, por otra parte, las sanciones todavía no ejercían una presión tan intensa como ahora, obligando a Maduro a plantearse concesiones significativas a cambio de su cese.
A quienes puedan poner el grito en el cielo por esta constatación, solo hay que decirles que la compleja dinámica geopolítica mundial de los actuales tiempos hace inevitable que se tejan estos nexos (¿qué mejor ejemplo que la dramática guerra ruso-ucraniana?). En el caso del régimen esta urdimbre es patética, como se trasluce de la fuerte dependencia que tiene en este plano de los cubanos, que intervienen a discreción en numerosos ámbitos de las políticas públicas, y de los vínculos desarrollados con regímenes autoritarios e implicados en la promoción de grupos terroristas, como Irán y Rusia.
Llama poderosamente la atención, a este respecto, la cumbre que celebró la izquierda autocrática del continente en Caracas, a propósito de 10 aniversario de la muerte de Chávez, con la asistencia de Raúl Castro, Rafael Correa, Daniel Ortega y Evo Morales. No puede pasarse por alto que aparentemente Cuba y Nicaragua también estén llevando a cabo negociaciones con Estados Unidos, lo cual puede conformar, en definitiva, todo un crucigrama estratégico de negociaciones cuya evolución está por verse, más allá de que cada una tiene sus propias características, sus propios objetivos y sus propios tiempos.
En lo que se refiere al escenario doméstico, el factor que está incidiendo más decisivamente en el curso de las negociaciones, y particularmente en las estrategias y cursos de acción que puede tomar el régimen en los próximos meses, es el acelerado deterioro de la situación económica -con el derrumbe de la burbuja y el fuerte rebrote inflacionario- y para cuya superación lucen agotados ya los medios utilizados en los últimos tiempos (medidas de exacción como el IGTF, economía de ilícitos, el Arco Minero y convenios de auxilio diversos con los aliados externos, como Irán, etc.), lo cual coloca al régimen en la urgencia de obtener los recursos del fondo administrado por la ONU acordado en la última ronda de negociaciones, si quiere salir de este cuadro.
Frente a esto, el único otro escenario que tienen Maduro y compañía es, ciertamente, patear la mesa y tomar el derrotero de 2018, con unas elecciones abiertamente no competitivas, lo cual sería impredeciblemente costoso para ellos, ya que se traduciría, seguramente, en la retoma de las políticas cambiarias y estatistas -con las terribles perversiones y perjuicios que generaron- abandonando el proceso de apertura que había conducido al control de la hiperinflación y a esa tímida e incipiente mejora de algunos guarismos económicos. Por eso, en el fondo, sus amenazas tienen mucho también de acuciante desespero, pues deben ser conscientes de los riesgos y el retroceso que implica este escenario, que los alejaría definitivamente de las posibilidades de inversiones y financiamiento internacional, impactando negativamente, incluso, la tónica de cooperación pactada con Petro y otros gobiernos regionales.
El otro elemento -consustancial al barranco económico- que de alguna manera puede incidir de cara a las negociaciones, es la ola de protestas que ha llenado al país, gracias a la poco menos que heroica y resiliente respuesta que gremios y sindicatos están dando a la caída de los salarios al subsuelo (rebasando apenas los 5 dólares, el más bajo en el continente y en el mundo). Si bien el régimen no ve esto -hasta el momento- como una amenaza a su estabilidad inmediata, debe temer a sus consecuencias en el mediano plazo y particularmente con vista a las elecciones presidenciales, con una sociedad civil que empezó a recuperar su autonomía y a ganar espacios, generando también nuevos liderazgos que impactan e influyen en sus localidades y estados (la oposición, por cierto, ha hecho bien en no pretender inmiscuirse directamente en esta agenda, lo cual vulneraría su carácter autónomo).
La negociación, en definitiva, no se ha clausurado ni mucho menos, aunque tampoco está garantizado que se llegue hasta el final en la consecución de aquel amplio Memorando firmado en agosto de 2021. El tour de fuerzas, el tira y encoge de concesiones mutuas, continúa silentemente. Condiciones electorales, por un lado, y sanciones por la otra (no solo económicas, por cierto, pues las severas medidas contra figuras del régimen pueden ser de tanto peso como éstas) copan la escena, mientras las presiones, apoyos e intereses de los respectivos aliados internacionales constituyen el telón de fondo.
@fidelcanelon