En 1988, a un senador americano de nombre John Kerry se le ocurrió decir que en Panamá gobernaba una narcocleptocracia, presidida por Manuel Noriega. Este senador llegaría a ser secretario de estado con Barack Obama de 2013 a 2017, lapso que cubre buena parte del gobierno de Nicolás Maduro. Algo debe saber del tema, aunque aseverar esto de los chavistas sería lo de menos.
La Corte del Distrito de Sur de Nueva York de Estados Unidos, informa que el Gran Jurado acusa a funcionarios, a exfuncionarios venezolanos y a unos ciudadanos colombianos de participar, desde 1999 hasta 2020, en una violenta conspiración narco-terrorista y de corrupción entre el Cártel de los Soles de Venezuela y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Tampoco es la primera vez que lo hace, ya en 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó al general del ejército venezolano Henry Rangel (del cual no soy familia), luego premiado con la designación de ministro de Defensa, de narcotraficante. Incriminó a un viejo conocido como supuesto traficante, como lo es Cliver Alcalá Cordones, quien llegaría a ser mayor general (rango militar justo antes de general en jefe). Nada nuevo.
Estados Unidos considera que tiene jurisdicción sobre las infracciones relacionadas con el narcotráfico cometidos por funcionarios venezolanos y otras personas, en este caso, por la comisión de delitos de importación de toneladas de drogas y de usar la cocaína como un arma contra y dentro de la jurisdicción de ese país. En definitiva, los acusa de conspiración narco-terrorista y de corrupción.
Todo esto que argumenta el gobierno americano suena al principio de justicia universal, solo que se fundamenta en que los delitos fueron cometidos en su territorio, en asociación con las FARC (la cual ha sido clasificada así por la Secretaría de Estado de Estados Unidos de América como una organización terrorista extranjera de conformidad con la Sección 219 de la Ley de Nacionalidad e Inmigración), y que el objetivo fue, entre otros, distribuir cocaína (sustancia controlada) y el lavado de dinero con ánimo de lucro. La sociedad, confabulación y conspiración con las FARC es lo que les complica la vida a los funcionarios acusados, y la supuesta inmunidad de jefe de Estado no la pueden alegar, porque no se la reconocen más de 50 países. Por cierto, inmunidad reconocida a Hugo Chávez por una denuncia de terrorismo y crímenes contra la humanidad en el 2003.
Señores, la personalización de algunos funcionarios venezolanos como terroristas es gravísimo para estos, ya que los ubica en el marco de la guerra justa contra ese delito, sin necesidad de la existencia o declaratoria de un conflicto armado. Hannah Arendt expuso en su obra Eichmann en Jerusalén lo siguiente:
Se dijo que cabía aplicar el principio de jurisdicción universal debido a que los delitos contra la humanidad eran semejantes al viejo delito de piratería, ya que quienes cometen aquellos pasan a ser, cual el pirata en el tradicional derecho de gentes, hostis humani generis (enemigo de la humanidad).
Para el gobierno de Estados Unidos, los ataques a intereses estadounidenses y al estilo de vida americano lo son a la libertad. Quien lo perpetre es un enemigo político malvado que no representan a un grupo legítimo. Es indiferente que los actos terroristas sean cometidos por Estados o particulares, grupos organizados con o sin reconocimiento legal, por lo que deberán ser enfrentados con todos los medios necesarios.
Ya en 2001, la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó a los Estados Unidos a utilizar todos los medios que la administración de ese país considerase necesarios en la lucha contra el terrorismo, por lo que esperamos nuevos acontecimientos por estos lares.
Además, se sienten amenazados, como dice la denuncia: …el Cártel de los Soles no sólo ha buscado el enriquecimiento de sus miembros y mejorado su poder, sino también ha “inundado” a los Estados Unidos de América con cocaína, que ha infligido los efectos perjudiciales y adictivos de la droga en los usuarios de este país.
En Venezuela, según la Sala Constitucional, desde el 2000 los delitos relacionados con las drogas y el terrorismo fueron declarados como de lesa humanidad (Sentencia Nº 0869 del Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10 de diciembre de 2001). Así, tampoco habría escapatoria en nuestro país si existiera un poder judicial independiente. En aplicación del derecho del enemigo, a los funcionarios denunciados se le respetarían sus garantías básicas, por ejemplo, a Pinochet en 1998, aunque a este no se le reconoció inmunidad por los crímenes contra la humanidad por los que se le inculpó.
Las personas identificadas como terroristas por Estados Unidos, lo lamento por ellos, no podrán salir a pasear por el vecindario. Haga como los terroristas, quédese en su casa.
@rangelrachadell