Siempre hay que seguirle con detalle la pista a México y el narcotráfico, pues esa enfermedad hoy se está contagiando por todo el continente. Si bien en los ochenta los reyes del negocio eran los colombianos con Pablo Escobar a la cabeza, hoy son los carteles mexicanos los que mandan la parada.
El narcotráfico se toma México como nunca llegó, incluso en los peores momentos, a tomarse a Colombia. Las redes criminales, el control territorial y el poder político que tienen son de tal dimensión que hoy se puede decir que hay muchos estados mexicanos –por lo menos la mitad– que son narcoestados absolutos, donde el Estado mexicano es un observador pasivo y muchas veces cómplice.
El New York Times sacó una investigación sobre el asesinato y desaparición de 43 jóvenes estudiantes en el 2014 en el estado de Guerrero que muestra el nivel de penetración y captura política y de seguridad del estado por parte del cártel Guerreros Unidos, no propiamente uno de los carteles grande de ese país.
La investigación con más 23.000 textos de intercambios entre criminales y funcionarios del Estado muestra una policía y un ejército al servicio de los narcos. No unos pocos, no, las instituciones al servicio –pagadas obviamente– de esta organización criminal. La policía inició el secuestro y asesinato de los buses con los estudiantes y luego los entregó a los narcos para terminar la tarea. El ejército encubrió a la policía y estaba al tanto de lo que pasaba. Y además quedó claro que medicina legal y los servicios de emergencia están al servicio de los narcos.
Hasta hoy no hay nadie en la cárcel pero todo se empezó a saber cuando la DEA entregó esos 23.000 textos entre narcos, militares, policías y civiles que mostró ese complot que casi se sale con la suya. La DEA investigaba al cartel y no las entregó precisamente al ver esa complicidad que existía y al ver un Estado al servicio de la criminalidad.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al poder en México, como con la llegada de Gustavo Petro en Colombia, esos narcos ven esa posibilidad de aumentar su poder, su captura del Estado y la rentabilidad de sus negocios. López Obrador comenzó con la política de abrazos y no balazos, mientras Petro tiene una idéntica que llama la paz total.
En el caso de México el fracaso es evidente aunque AMLO no lo acepte. Hace unos días en su discurso anual a la nación, AMLO sugirió que la criminalidad no era un problema y que la corrupción en las fuerzas de seguridad eran apenas casos individuales. El ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhan, contestó por X con unas escalofriantes cifras, las de homicidios por 100.000 habitantes en distintas ciudades de ese país. Fácil darse cuenta de que muchas van en camino a ser Medellín en sus días más aciagos. Es más, el mismo embajador, un hombre serio ciertamente, publicó un artículo en Reforma –uno de los diarios más serios de México– cómo hoy las autoridades del estado de Guerrero hablan de una posible guerra civil entre organizaciones criminales.
Pero vale la pena mirar las cifras de homicidios que son espeluznantes: Colima 181,9 por 100.000 habitantes; Zamora 177,7; Ciudad Obregón 138,2; Zacatecas 134,6; Tijuana 105,1; Celaya, 99,6; Uruapan 78,3; Ciudad Juárez 67,7 y Acapulco 65,6. No son pequeños ni remotos pueblos, son ciudades importantes de México que hoy tienen esos altísimos índices de violencia.
Lo de Colombia va para allá, con un agravante que se develó esta semana en una entrevista del hermano del presidente Petro a unos medios. Juan Fernando Petro contó que ellos ganaron con los votos que se lograron en zonas donde operan las organizaciones criminales que hoy hacen parte deI plan de paz total el gobierno. Yo te elijo y tú me proteges parece ser el quid pro quo que se cuadró con las visitas a las cárceles que hicieron personas muy cercanas a Petro antes de las elecciones y que fue denunciado en su momento.
Colombia y México no son dos países menores. Son países con institucionalidades fuertes cuyos descuidos, en especial en materia de justicia y seguridad, los ha debilitado y ha creado las condiciones en las que se nutre esa criminalidad. Colombia, después del esfuerzo del gobierno de Alvaro Uribe en esas materias, que sin duda fueron un gran éxito que la izquierda quiere a toda costa demeritar, entró en el marasmo de la paz que solo fortaleció a los criminales y debilitó y desmoralizó a las fuerzas de seguridad que además son las que ponen los muertos. Hoy con el actual gobierno solo veremos ese camino acelerarse pues esa izquierda llámese AMLO, Boric, Fernández, Lula o Petro sienten una urticaria brutal con los organismos de seguridad a los que ven como enemigos de su proyecto político o como un mal necesario que debe permanecer débil.
Quienes creemos que la seguridad es un bien público absoluto e innegociable en una sociedad democrática, debemos prender esas alarmas. Así a veces sonemos como un disco rayado, pues los delincuentes y las potencias extracontinentales utilizan esa debilidad y el temor ciudadano para crear caos en nuestro países y abrirle paso a sus negocios criminales, o a esos proyectos políticos afines como el de Petro en Colombia.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador, no crece y se convierte en un símbolo político en la región de la nada. Si seguimos como seguimos veremos otros Bukeles en la región con el consabido costo a la democracia. La verdad nadie quiere democracia si ella le cuesta la vida.
En fin, veremos qué pasa en América Latina en materia de crimen organizado e inestabilidad. Por eso debemos seguir lo que pasa en México y en Colombia con mucho cuidado pues son los dos tumores más agresivos de ese cáncer que como el del marxismo en los sesenta que tanto daño le hizo a la región, hoy tiene a Ecuador en cuidados intensivos.
Artículo publicado en La Silla Rota