El escaso interés en las elecciones municipales y regionales se explica porque después de dos décadas, no hay mucho que esperar de los futuros gobernadores y alcaldes.
Un informe de Fiorella Montaño en “Ojo Público” grafica las razones por las que los electores son escépticos: “84% de gobernadores regionales son investigados”.
En verdad, precisa el informe, los 25 gobernadores regionales (100%) electos el 2018 tiene investigaciones pendientes, 21 de ellos tienen procesos activos por delitos de corrupción. Ocho han sido destituidos ya.
Vladimir Cerrón (Junín) y Walter Aduviri (Puno) fueron sentenciados y tuvieron que dejar el cargo. Juan Alvarado (Huánuco) y Wilmer Dios (Tumbes) están prófugos. Con prisión preventiva están Elmer Cáceres (Arequipa), Clever Mercado (Junín), Luis Hidalgo (Madre de Dios), Agustín Luque (Puno) y Francisco Pezo (Ucayali).
Este desastre se explica por la descentralización, el canon y el colapso de los partidos políticos.
Hace dos décadas el Congreso aprobó por unanimidad una nueva ley de descentralización que posibilitó la elección de gobernadores regionales, al tiempo que se empezaba a aplicar el canon, que transfiere la mitad del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras, petroleras, etc. a los gobiernos regionales y municipales.
En ese momento ya los partidos políticos estaban en una crisis terminal y los triunfadores en las elecciones eran caudillos que conducen “movimientos regionales” o se afilian a “partidos” -que en realidad no son tales- para poder postular.
Las gobernaciones y alcaldías se han convertido entonces -con poquísimas excepciones-, es un suculento botín para aventureros de toda laya que van a saquear impúdicamente los recursos del Estado.
Como lo ha mostrado recientemente el muy publicitado caso del distrito de Anguía, en Chota, donde Pedro Castillo, sus familiares y secuaces hicieron de las suyas, se constituyen “empresas” que en realidad son fachadas para que un grupo de delincuentes robe al Estado a través de obras direccionadas.
Dos acotaciones adicionales.
Primero, la cantidad de gobernadores y alcaldes investigados, procesados o presos no disuade a los futuros ladrones. Probablemente el motivo es que la proporción entre los que han robado y han terminado en la cárcel sigue siendo baja.
Por ejemplo, Vladimir Cerrón está libre, disfrutando del dinero saqueado y con una enorme influencia política. Pudo manosear la justicia para transformar su sentencia y quedar en libertad.
Anselmo Lozano, gobernador de Lambayeque, integraba según la Fiscalía la banda El Imperio del Mal, cuando ejercía como alcalde de La Victoria, cobrando sobornos por obras. Se dictó prisión preventiva y se le suspendió en el cargo de gobernador. Pero Lozano adujo que estaba enfermo y se refugió en una clínica. Luego le cambiaron la medida a arresto domiciliario y posteriormente a comparecencia. Ahora ha vuelto al cargo de gobernador sin haber pisado la cárcel.
Wilmer Dios (Tumbes) fue sentenciado en 2011 a prisión efectiva por corrupción en su primer período (2006-2010), pero se anuló la sentencia, se postuló en 2018 y ganó, señala el informe de Ojo Público. En 2021 confirmaron la sentencia y se fugó. Sigue prófugo.
Así, los que tienen los recursos adecuados para manipular el ineficiente y corrupto sistema judicial, no la pasan mal.
Segundo, los sinvergüenzas saben que, aunque en las encuestas la corrupción aparece por lo general en el primer lugar de las lacras que los ciudadanos abominan, en la vida real no es así.
Un ejemplo típico es el de Elmer Cáceres Llica, que fue electo en Arequipa a pesar de que tenía tres investigaciones por violación sexual y muchas carpetas activas por corrupción de cuando fue alcalde provincial. Además de los numerosos videos que circularon antes de la elección donde se le veía ebrio en las cantinas.
Es ejemplar también el caso de Gregorio Santos, que hundió Cajamarca en la miseria. Fue reelegido gobernador en 2014 estando preso, procesado por corrupción, con 44% de los votos. Ahora está sentenciado a 20 años.
Sin duda se verán muchos casos similares en las próximas elecciones.
Como es obvio, esta situación no la va a cambiar ni el gobierno ni el Congreso, enfangados y beneficiados de ese estado de cosas. Se requieren soluciones radicales.
Artículo publicado en el diario El Reporte de Perú