Cortesía La Voz de la Diáspora

En las últimas dos semanas, el gobierno de Daniel Ortega se ha ocupado de cerrarle las puertas a 146 organizaciones no gubernamentales de diversa índole y con objetivos diferentes. Lo que tenían en común seguramente era la meta de ayudar a los nicaragüenses a paliar un poco la crisis en la que viven, pero es obvio que el presidente no desea que sus connacionales reciban asistencia.

Solo el martes disolvió 58 de un solo plumazo a través de su Ministerio de Gobernación, que justifica la medida porque estas organizaciones tienen supuestamente entre 2 y 27 años en abandono y no cumplieron con la legislación vigente que les obliga a reportar sus estados financieros, sus juntas directivas, información detallada de todos sus miembros donantes y las donaciones previas. Estas normas impuestas por el gobierno no son muy concretas que digamos. ¿Cómo es eso de donaciones previas? ¿Lo que han recibido desde que fundaron la organización? Se ve que lo que quiere Ortega es tener vigilados a los que hacen trabajo voluntario.

Da la casualidad de que la mayoría de las 58 que fueron cerradas el martes son de origen estadounidense, y otro gran número europeas. Desde diciembre de 2018, cuando el presidente se decidió a eliminar el trabajo civil y voluntario de la faz de Nicaragua, se han eliminado 2.475 organizaciones nicaragüenses y extranjeras. No hay ya casi en el país nadie que pueda asistir o socorrer a las personas que denuncian, por ejemplo, violación de sus derechos, ni que defienda a los presos políticos; mucho menos que asista a los desposeídos.

Por supuesto que a través de estas medidas se esconde también el empeño de Ortega de sacar los movimientos religiosos. Muchas ONG que han sido eliminadas son evangélicas. El presidente se escuda en el apoyo irrestricto que le da la Asamblea Nacional y el Ministerio de la Gobernación a la hora de decidir estas disoluciones, y eso le viene de maravilla.

Ortega quiere el poder absoluto. Lo ejerce desde hace 15 años y 9 meses de manera consecutiva. En noviembre de 2021 se hizo reelegir en unos comicios declarados fraudulentos fuera y dentro de Nicaragua; lo acompaña su esposa, Rosario Murillo, en la vicepresidencia. Es obvio que no quiere compartir con nadie más el poder, ni siquiera quiere darles a los nicaragüenses la oportunidad de refugiarse en la Iglesia.

Y mientras tanto, además de oprimir y reprimir, el país atraviesa una seria crisis que pareciera que lo lleva por el camino de la Venezuela chavista, de la que Ortega es aliado con los ojos cerrados. Se dio cuenta, sin embargo, de que para evitar que se filtren las barbaridades a las que somete a la población debe acabar con todo órgano de pensamiento independiente, y por eso carga contra la Iglesia y contra las organizaciones no gubernamentales. Sigue el modelo cubano con mano más cruel.

Cada vez se hace más difícil entonces auxiliar a los nicaragüenses. Y desde Venezuela nos solidarizamos con su sufrimiento.


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