El régimen ha difundido una acusación contra Juan Guaidó, según la cual este estaría dispuesto a entregar el Esequibo a cambio de apoyo político; asimismo se pretende vincularlo con grupos paramilitares. Para “justificar” las investigaciones penales en su contra, se ha acudido a la falacia del “muñeco de paja”, es decir, tergiversar los hechos para manipular la verdad y ridiculizar la exposición pública del joven político.

En relación con la primera investigación, se pretende torcer unos hechos aislados e inconexos para deducir de ellos que Guaidó estaría negociando el Esequibo. La acusación parte de una conversación telefónica (sin que se sepa cómo se obtuvo) en la cual dos personas (supuestamente asesoras de Guaidó) estarían negociando el territorio en disputa.

De acuerdo con los hechos históricos, quienes deben dar explicaciones sobre la reclamación del Esequibo son los voceros del régimen. Para ver el asunto en su contexto, vale la pena recordar que fue Rómulo Betancourt quien logró que el Reino Unido aceptara conversar sobre la reclamación venezolana. Así fue solicitado por el canciller Marcos Falcón Briceño en exposición ante las Naciones Unidas el 12 de noviembre de 1962. Esto fue un éxito diplomático para Venezuela.

Posteriormente, el 17 de febrero de 1966 se firmó -bajo el impulso del presidente Raúl Leoni- el Acuerdo de Ginebra. (A los tres meses de la firma, la Guayana Británica se independiza de Gran Bretaña y cambia el nombre por Guyana). Este acuerdo busca un arreglo “práctico y satisfactorio” de la disputa: una transacción territorial, como lo había entendido Marcos Falcón Briceño, uno de los grandes diplomáticos de la democracia.

Es conveniente comparar la firme y clara posición de Betancourt sobre este asunto con la de Hugo Chávez. Este último dijo el 20 de febrero de 2004: “El gobierno venezolano no será obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo, y cuyo propósito sea beneficiar a sus habitantes”. Más adelante, en 2007, Chávez afirmó que la reclamación venezolana se inició “por presiones de Estados Unidos para desestabilizar el gobierno comunista de Chaddy Jagan”. De esta secuencia narrativa se evidencia que la posición de Rómulo Betancourt y de Hugo Chávez en torno a la reclamación del Esequibo obedecen a dos visiones radicalmente distintas de lo que debe ser la política de defensa territorial del país.

Actualmente, Venezuela no está libre de riesgos por la posición pública y notoria del gobierno cubano de apoyo a Guyana. En efecto, el castrismo no ha vacilado en exponer su posición desde hace años. Así ocurrió con la declaración del canciller cubano de la época, Ricardo Alarcón, quien el 7 de octubre de 1981 afirmó: “El reclamo venezolano es prueba de expansionismo y Guayana tiene pleno derecho de gozar de su entero territorio con plena libertad”.

No podemos olvidar que Guyana sirvió de puente militar para las tropas cubanas en la guerra de Angola, en la cual Cuba demostró su vocación imperialista. Lo anterior debe ser recordado, en vista de la reconocida influencia del gobierno castrista sobre los asuntos venezolanos. En esta materia Cuba tiene intereses opuestos a los de Venezuela. De lo que se trata es de defender nuestra integridad territorial sin doblegarse ante dogmas ideológicos. Aquí cabe preguntar: ¿de quién es la culpa de que la reclamación pueda ser pasada a la Corte Internacional de Justicia y de no haber mantenido la tradicional posición venezolana de apegarse al Acuerdo de Ginebra y buscar una solución negociada?

Por todo lo antes mencionado, no cabe duda de que la imputación del régimen contra Juan Guaidó, en relación con la reclamación del Esequibo, es un muñeco de paja que busca desviar la atención sobre la determinación de las responsabilidades en este asunto. Aquellos que han manejado la política exterior en los últimos veinte años son los responsables de la conducción de la reclamación del Esequibo.

La segunda falacia se refiere a las fotografías mostradas por los voceros del régimen en las que aparece Juan Guaidó con dos supuestos paramilitares. Para que una fotografía tenga valor probatorio se requiere que no haya dudas sobre la realidad de los hechos que se le atribuyen. Para esto es preciso conocer con certeza quién fue la persona que la tomó y las circunstancias de “tiempo, modo y lugar”, para lo cual es necesario acudir a otros medios de prueba. El contexto de las fotos que presenta el régimen (luego de que fueron reconocidas por Guaidó) fue el de la visita que hizo el presidente (e) a Colombia el pasado mes de febrero. Se trata de un hombre público que se presenta con frecuencia en espacios de alta concurrencia, por lo que una fotografía aislada es un asunto común y no puede probar ningún delito.

Este segundo caso solo sirve para desviar la atención de las denuncias del gobierno colombiano que le imputa al régimen socialista colaboración con la guerrilla. De nuevo se usa la falacia para desviar la atención. La oposición no debe caer en la trampa y mantener, como un solo bloque, su propuesta política por la democracia.