Las declaraciones que ha emitido el general Vladimir Padrino han demostrado que tiene parcialidad política, por lo que no garantiza la transparencia del Plan República que, como titular castrense, tiene a su cargo.
Un ministro de la Defensa que ha llegado a decir que la oposición nunca más volverá a ser gobierno en Venezuela no debe estar al frente del plan que custodia y resguarda el proceso electoral. En su lugar, debe ser dirigido por oficiales institucionales que se deban a la República y no a una tendencia política.
En sus cinco años al frente del Ministerio de la Defensa, el general Vladimir Padrino López ha demostrado que no solo está favor del gobierno, sino que además ha comandado las fuertes acciones de represión contra las manifestaciones que se oponen al Ejecutivo.
El actual ministro de la Defensa ha sido señalado, con nombre y apellido, por parte de la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas, como responsable de delitos de lesa humanidad. Bajo su mando se han producido abusos sistemáticos contra la dirigencia política de una tendencia determinada, según ha demostrado la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y en varias ocasiones ha manifestado su inclinación política, por lo que no es la persona idónea para estar al frente del plan que custodiará un proceso para el que los venezolanos están llamados a emitir su opinión. Bajo la conducción del actual ministro de la Defensa, no se garantiza la imparcialidad que está establecida el artículo 328 de la Constitución, la cual expresa que la Fuerza Armada Nacional es una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación.
El ministro en forma irresponsable ya cantó el resultado de las elecciones parlamentarias el pasado 5 de julio en un discurso encendido, impregnado de frases a favor del gobierno: «Mientras exista una FAN antiimperialista y revolucionaria, la oposición más nunca será poder político», lo cual limita el libre ejercicio de los electores para ejercer el voto, para dar expresión a un derecho humano político, como parte de los derechos constitucionales.
La historia ha dejado unas huellas lamentables en los electores por el comportamiento del Plan República en anteriores elecciones, tanto presidenciales, como parlamentarias, de gobernadores y de alcaldes. Con arrogancia y prepotencia nunca facilitan al elector ejercer su derecho.
Son los funcionarios del Plan República quienes ordenan abrir y cerrar los centros de votación cuando a ellos les da la gana, se mantienen dentro como un modo de intimidar a los electores, testigos y miembros de mesa; y hasta, como se ha visto en grabaciones, han movilizado a votantes en vehículos de la institución armada. A eso se le suma la crisis sanitaria, el desempleo, los salarios de hambre y el colapso de los servicios básicos, que ha producido más de 70 protestas diarias en todo el país y han sido reprimidas por los cuerpos de seguridad del Estado con detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los ciudadanos, y para colmo, la propia crisis de la pandemia de covid-19.
No queda duda alguna de que el CNE se ha subordinado nuevamente a la FAN, que bajo el mando de su ministro de la Defensa está alineado con el gobierno, y eso es grave por su parcialidad política. Esto coloca al elector en un grado de indefensión total para ejercer sus derechos constitucionales.