En este artículo final sobre las situaciones políticas latinoamericanas, vistas desde la perspectiva comparativa de un país en vías de cambio profundo y de enorme convulsión social, tal como ocurriese en la Unión Soviética de los años ochenta del siglo XX y que una vez referido el caso de Venezuela la semana pasada, pasamos ahora a revisar la República de Chile de Gabriel Boric.
Para comprender esta tragedia política del caso chileno, debemos tomar nota de algunas lecciones del caso venezolano:
1. Es muy importante señalar que a diferencia de las asambleas constituyentes en Venezuela de carácter “originario”, con poderes supraconstitucionales para cambiarlo todo, incluyendo presidente, gobernadores, alcaldes, jueces, además de leyes, códigos, entidades territoriales, la hora oficial del país, el idioma, el sistema escolar o cualquier actividad humana que se le pudiese ocurrir a los constituyentistas, en el caso de Chile, existía unas limitaciones muy claras que reducían su papel a simplemente “redactar una Constitución en un lapso definido de tiempo”. Esto último es muy importante de comprender, debido a que no podía hacer como la ANC de Venezuela de 2017, que comenzó un 4 de agosto de 2017 y finiquitó un 18 de diciembre de 2020 sin presentar ni siquiera un proyecto oficial de borrador de cualquier tipo sobre la Constitución (olvidemos el documento de 411 artículos que salió referido por algunos medios digitales y algunos miembros de dicha institución como Hermann Escarrá , ya que el mismo no fue reconocido su existencia) ni aun una propuesta de reforma, a pesar de tener el anteproyecto de reforma constitucional de 69 artículos, que según el finado presidente Hugo Chávez eran vitales para transformar a Venezuela.
El mismo Nicolás Maduro señalaría lo siguiente:
“También señalo que no fue un proceso popular desde los inicios. “Al proceso chileno le cortaron las alas desde el viejo Congreso de Piñera antes de arrancar como proceso constituyente. Lo maniataron y nunca en Chile se convocó a un proceso originario, soberano, plenipotenciario. Le cortaron las alas temprano, lo llenaron de limitaciones y al final convocaron una Convención Constitucional”, criticó Maduro”.
2. Las constituciones deben ser proyectos de meridiana claridad que no pueden nacer con una disputa sobre la interpretación de los términos fundamentales, lo que permitió a los partidarios del rechazo, explotar todas las ambigüedades del proyectos, que eran confirmadas por los mismos proponentes, cuando señalaban que aun si ganaban la consulta, realizarían numerosas y amplias reformas al texto, confirmando las sospechas y temores de amplios sectores de la sociedad chilena.
Según algunos medios internacionales se observó lo siguiente:
“Para José Domingo Sagüés, analista político, muchas de las propuestas establecidas en el texto “generaban mucha tensión y desacuerdos, como ocurría con el hecho de que el Estado fuese plurinacional”. Además, varias de ellas no eran específicas, como “qué implicaría el término del Senado y la entrada en vigencia de la Cámara de las Regiones, o que el mismo texto hubiese estipulado el período establecido para que las personas gestantes pudiesen ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”,… Y añade: “Aquella falta de certezas fue tierra fértil para una campaña de desinformación impulsada por parte de ciertos sectores del ‘Rechazo’.”… Por otro lado, los analistas señalan que la campaña por el ‘Rechazo’ estuvo caracterizada por las ‘fake news’ y por contenidos que ridiculizaban buena parte de las propuestas contenidas en el texto. Las redes sociales jugaron un rol clave en la decisión de una buena parte de la sociedad por negar el texto de la nueva carta magna.”
3. La obsesión revolucionaria de buena parte de la clase política latinoamericana, estableciendo que nada funciona y todo debe comenzar de nuevo, es un motivo de preocupación, cuando no de perturbación para los sistemas económicos de los países que tienen estos procesos de reforma constitucional, debido a que se pierde la seguridad jurídica basada en las instituciones existentes, que deben ser cambiadas por nuevas instituciones “de carácter revolucionario y popular”, lo cual se traduce en cada país en diferentes formas, pues en Venezuela se direccionó en un aumento exponencial de los papeles del Estado y con ello, en una hipertrofia institucional, que hoy muchos no encuentran cómo resolver o liquidar o privatizar.
En el caso chileno, veamos lo siguiente:
“Creo que el plebiscito, independiente por lo que voten las personas, no va a cambiar radicalmente el panorama económico”, opinó. “El daño que se ha producido en la economía en los últimos años no es tan superficial como se ve o se cree, al contrario, es bastante más profundo. Se rompieron algunas reglas que permitían una adecuada profundidad y reglas claras en el mercado de capitales. Lo que sí va a pasar es que uno de los factores de riesgo se va despejar, pero no todos y eso disminuye, en parte, la incertidumbre y riesgo que se ve en el mercado”, profundiza Berríos.”… Para Alejandro Guzmán, economista y también docente de la FEN de la UC, en el caso del apruebo, “si bien se conoce la propuesta constitucional, muchas de las iniciativas (de la propuesta de nueva Constitución) deberán traducirse en leyes a discutir, a lo que se suma el alto costo de la materialización de las principales medidas (fundamentalmente derechos sociales) las que, en su conjunto, no son financiables con la actual estructura de impuestos y de endeudamiento del país. Por lo que ello contribuiría a un clima de incertidumbre alimentado por la discusión respecto a la reforma tributaria, que aún está en fase inicial…“Creo que lo que se propone es más que una reingeniería a nuestras bases económicas, sino que una destrucción de las mismas, sin poner sobre la mesa un modelo sustentable que pueda reemplazarlo o hacer viable, en el mediano y largo plazo, nuestra economía. Un ejemplo de ello es el posible cambio al sistema de pensiones y sistema de salud”, amplía Berríos.”.
Conclusiones
- No se puede intentar un cambio político y económico de 180 grados, sin tomar en cuenta a todos los actores sociales, sin importar si son una minoría de 10% o 49%. La idea de que con 51% de los votos tengo legitimidad para aplicar los mayores y más radicales cambios sociales parte de una visión política que no toma en cuenta al resto de la sociedad.
- De la misma manera que los 40 años del período democrático en Venezuela (1958-1998), no lograron acallar el apoyo de un sector importante de la población por gobiernos dictatoriales como J.V. Gómez y M.P. Jiménez (lo cual pude palpar en mi juventud, en sectores sociales muy específicos), de la misma forma que los 23 años del período revolucionario, no ha sepultado los recuerdos del periodo político anterior, es muy imprudente que en Chile, se intente aplastar a los admiradores o descendientes políticos del régimen pinochetista, ignorando el elevado número de seguidores del mismo y el hecho político “real” de que la concertación política, que se dio en Chile se pactó con Pinochet. Hoy, cuando se recuerda a la reina Isabel II, es importante recordar que de no haber sido arrestado en Londres en 1998, lo más seguro es que hubiese fallecido como senador vitalicio de su país (una ajustada mayoría del Senado chileno rechazó oficialmente la detención, y el presidente Eduardo Frei llegó a convocar al Consejo de Seguridad Nacional y rechazar las peticiones fiscalizadoras del juez Garzón). Fuente: «La extradición de Pinochet. Cronología del «caso Pinochet»». El Mundo. Consultado el 8 de diciembre de 2014.
- En definitiva, solo una revolución armada que implique un aplastamiento total del sistema existente puede arrogarse la posibilidad de un cambio político, económico y social “revolucionario”, como fue el caso de la Unión Soviética, fruto de la victoria del Ejército Rojo en la Guerra Civil Rusa o la victoria de Fidel Castro en su levantamiento armado en Cuba. Si el presidente Gabriel Boric pretende vivir en un clima constituyente permanente hasta que triunfe su propuesta podría terminar de explosionar su gobierno si no se maneja con la debida prudencia política.