En esta oportunidad se va a seguir abordando un tema de mucha importancia en todos los tiempos, como es el asunto de la ciudadanía.
Si bien es cierto que desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de acuerdo con la Doctrina de los mismos Derechos Humanos, vigente y muy en boga en todo el siglo XX y del presente siglo, todos los hombres son libres e iguales ante la ley; resulta que en la práctica no es así.
Por ejemplo, las personas, siendo sujetos de derechos que tienen la oportunidad, bien sea por placer, decisión propia o por necesidad, de migrar de la nación donde tienen toda su historia de vida, se encuentran con innumerables obstáculos de burocracia para consolidar su vida y no precisamente por el idioma, como barrera de comunicación; tampoco por el asunto del racismo, pues cada vez son menos las individualidades con estos prejuicios raciales del pasado; ni siquiera por un asunto económico, sino por la situación fundamental del modelo de Estado.
Es decir, los Estados no están concebidos en ninguna parte, ni en ningún sistema, llámese sistema político de democracia, socialismo, comunismo, modelos totalitarios o de tiranías, como sistema de gobierno, o bien una monarquía pura o parlamentaria, república, etc. en recibir extranjeros, salvo que tengan que someterse a los extenuantes procedimientos burocráticos de papeles, impuestos y tasas que tanto el Estado receptor como el de origen implementan de forma sistemática para el uso y disfrute de los derechos fundamentales de cualquier ciudadanía, convirtiendo la vida en un proceso de incertidumbre total para las personas en su condición de migrantes, la cual los coloca en una condición de vulnerabilidad, frente a la esclavitud, servidumbre, tratos crueles, inhumanos y degradantes, discriminación, derecho a la justicia, derecho a la vida privada, a la libre circulación, al nivel de parias por el mundo.
Cómo podrán analizar la principal responsabilidad de crímenes de lesa humanidad recae sobre la concepción del modelo de Estado que reposa en las cartas magnas de todo el mundo, como génesis de todo el descalabro del gran Templo de los Derechos Universales.
De ahí que hablar de un mundo globalizado para asuntos entre Estados o de poder económico, no facilita la libre circulación de los ciudadanos, tampoco la paz y la justicia, sino que resulta una auténtica hipocresía, por parte de los 193 Estados que constituyen la Asamblea General de las Naciones Unidas. Incluso hacer uso del argumento por cuestiones de seguridad es injustificable, ya que existe Tecnología de Estado, suficiente para controlar cualquier incidencia o amenaza en contra de la paz y seguridad de cualquier nacionalidad.
Como se podrá observar, si se detienen por un momento a pensar en la categoría de ciudadanos, no todas las personas que sean mayores de edad, incluso profesionales y libres, son ciudadanos, es decir, son iguales ante la ley porque la ciudadanía no sólo se reduce, sino que llega al punto de que, en términos prácticos, se pierde porque no se goza de forma total de los derechos fundamentales como el derecho a una vida digna, derecho al trabajo digno de calidad, derecho a participar de cargos públicos, derecho al sufragio, e incluso derechos tan básicos como el de estudiar, o el matrimonio, incluso en su modalidad de parejas de hecho, muy de moda con la Agenda 2030, ni siquiera en su modalidad de concubinos, entre muchos más, que son esenciales para la vida, ya que los distintos sistemas de Estado comparten una serie de requisitos que coartan de forma tajante y flagrante, yendo en contra incluso de los Derechos Humanos Universales, el derecho universal que reza así, “todos somos iguales ante la ley”, por ende el derecho a la ciudadanía.
Se puede concluir que las categorías de derechos humanos siguen ancladas en los modelos de propiedad de ciudadanía del derrumbado Imperio Romano, los cuales los variados modelos de gobernanza, de las distintas formas de sistemas políticos y de gobiernos, siguen sin trascender por intereses particulares e ideas equivocadas del desarrollo de la civilización.
Entonces, si las naciones del mundo unidas quieren hacer una campaña sincera y honesta contra la trata universal de seres humanos, hay que empezar por cambiar todas las políticas públicas opresivas que impiden el libre desarrollo de las personas en paz y libertad, lo que implicaría suprimir todas las leyes que coartan la libertad económica y civiles en la que se fundan los sistemas totalitarios y tiranos en el mundo.