La creciente oleada de migración que se está llevando a cabo en América Latina, fundamentalmente con población de Venezuela y países de Centroamérica no es un simple fenómeno estacionario, sino que mientras se mantengan las ineficientes estructuras de Estado en el continente, lo que debería ser un proceso circunstancial por razones económicas y sociales, también está incluyendo el problema jurídico en violaciones de derechos humanos, como efecto de gobiernos neototalitarios, en los casos de Venezuela y Nicaragua, y la tiranía implantada en Cuba, que terminan usando el poder «judicial» de forma de encarcelar a los adversarios políticos, lo cual termina generando mayor desconfianza sobre tales regímenes, y por ende, un constante agravamiento en sus crisis humanas.
Ante ello, la región no puede seguir anclada en Estados opacos, arcaicos en sus componentes institucionales, y perturbados por leyes y reglamentos que además, que muy pocos leen, son bagajes que solo crean mayores tentáculos de burocracia y corrupción que terminan minando las posibilidades de crecimiento y desarrollo social.
Cuántos años lleva América Latina en su concepción y distribución geográfica y política como llamadas naciones «democráticas» o en vías de ser países «emergentes» que estarían buscando mejores condiciones de vida para sus grupos humanos, y lo que vemos de manera cíclica es una especie de apartheid societario, que ni siquiera ha podido vincular los derechos de sus poblaciones ancestrales, y por el contrario, se multiplican las prácticas como el extractivismo y la permanencia de grupos irregulares en zonas que deberían contar con una presencia de protección de los Estados sobre sus pares ciudadanos y ambientales.
Así, los problemas de cada nación latinoamericana se suman a los que tienen las otras vecinas, y esto termina vegetando las complejas situaciones de vida, que a su vez, son controladas por prebostes en lo político, económico o social, quienes desatan sobre determinadas catizumbas, decisiones que por lo general son casquivanas, y por ende, jamás podrán ser acciones que orienten el desarrollo de los pueblos.
Semejante realidad difícilmente pueda cambiarse en el corto y mediano plazo, menos cuando países con intereses de corte totalitario como China y Rusia van imponiendo sus perfiles hegemónicos en Brasil, Argentina y Venezuela en América del Sur, o también en Honduras y Nicaragua en América Central, sin obviar que Guyana como nueva potencia petrolera de la región se convertirá en eje económico de largo plazo. Lo irónico es que mientras esto ocurre, son los pueblos y comunidades las menos favorecidas en tales contextos, y quienes solo se ven mencionadas en instrumentos jurídicos y administrativos, pero sin ninguna valía, precisamente en tales decisiones, lo cual se consagra en un perpetuo ilotismo, es decir, la ignominia sobre quienes los gobiernos dicen orientar sus «políticas».
En consecuencia, los migrantes tampoco pueden seguir permitiendo que, además de la vulneración de sus derechos en sus países, seudoorganizaciones que también reciben grandes cantidades de recursos para tratar sus problemas sean las responsables de «velar» y orientar su destino, con otras decisiones que en muchos casos termina en una praxis de «derecho internacional» que se lleva tales presupuestos para la burocracia de esas instituciones, y para ellos se arregla con una manta y un plato limitado de comida.
Hay que ir hacia una vinculación de lo dianológico y aletiológico en la construcción de políticas públicas internacionales en favor de la migración que yace moribunda entre el Darién o el río Bravo en América Latina, o se expande en las aguas del mar Mediterráneo para Europa como otro continente que está implicado en los procesos de miles y miles de personas que siguen huyendo de sus territorios de origen, máxime cuando el conflicto de Ucrania continúa desequilibrando el espacio geopolítico del planeta.
Siendo América Latina el continente con la mayor cantidad de recursos naturales, y cuya pobreza y miseria es lo único que se ha multiplicado en el siglo XXI, urge la necesidad de crear una organización para migrantes a escala continental que permita articular tal proceso sobre la auténtica base de derechos humanos. Algo muy distinto a lo que existe y se ha ejecutado en la historia contemporánea.
¿Será posible algo diferente para los migrantes? Hay que intentarlo. Lo demás será viendo el cómo las violaciones de sus derechos en trata, pedofilia, abusos y prostitución forzada contra las mujeres, y muertes sin culpables atizarán las cifras de víctimas por tal hecho derivado de la injusticia política, económica y social.