Ante el volátil e inestable universo político venezolano resulta difícil establecer criterios definitivos sobre la coyuntura actual.
Cualquier análisis de carácter estructural, sistémico o de tendencias es superado por la volubilidad y ausencia de criterios de nuestros principales actores, especialmente en el sector opositor.
Las posturas de los partidos opositores ante el régimen no atienden a ninguna estrategia, al contrario, parecen determinadas por las ambiciones de los dirigentes que han alcanzado alguna relevancia.
Si un sector decide participar en las elecciones propuestas por el régimen, otro señala que eso significaría reconocerlo y sin embargo propone unas negociaciones que se inician con el claro reconocimiento público del “Gobierno Bolivariano de Venezuela, negándose ellos mismos como gobierno interino. De hecho, terminan negando el interinato al reconocerse, en el proceso de negociación, como “Plataforma Unitaria”; por otro lado, dentro de ese mismo sector, integrantes de otros grupos niegan las elecciones y las negociaciones; si no las niegan rotundamente, al menos las ponen en entredicho, para proponer el referéndum revocatorio, obviando que para revocar a un gobierno es necesario su reconocimiento previo.
Otro sector, que sin ambages reconoce y participa de los eventos electorales propuestos por el régimen, niegan al sector negociador y al gobierno interino e intentan una “Alianza Democrática para ganarle espacios al régimen”, aun sabiendo que ocupar gobernaciones y alcaldías, en el supuesto que el viciado sistema electoral se los permita, en nada contribuirá a la democratización, reinstitucionalización del país o a la superación de la compleja crisis humanitaria que sufrimos.
Ni las elecciones resuelven la situación que padecemos ni el plan de salvación nacional salva a nadie.
En las actuales condiciones el país resulta ingobernable. Esta lapidaria y pesimista afirmación es producto de la consideración de las precarias condiciones de gobernabilidad y gobernanza en las que estamos sumergidos.
Ejercer el poder no significa gobernar y decretar un Estado comunal y crear las ciudades comunales tampoco garantiza condiciones de gobernanza.
En cuanto a la gobernabilidad, entendida en su acepción más simple como la posibilidad de ejercer el poder para satisfacer las necesidades de la sociedad mediante la aplicación del ordenamiento jurídico acordado, no se cumple el empeño en construir un modelo económico socialista, dio al traste no solo con la estructura productiva del país y con las actividades que sostenían el modelo rentista de nuestra economía, si no que desmontó todos los mecanismos de toma de decisiones democráticas y no construyó un modelo alternativo que facilite la gobernabilidad. Sin mucho análisis, queda claro que el poder luce fragmentado, sin dirección real y ejercido de manera parcelaria e ineficiente.
El “sistema” imperante, en su pastiche ideológico, no manifiesta los elementos característicos de una democracia directa, representativa o participativa, muchos intentan definirla como una dictadura, pero, aunque pudieran señalarse elementos que justifiquen la clasificación como tal, este desgobierno, su ausencia de propósitos, más allá del empeño por la conservación del poder, nos deja imposibilitados para clasificarlos como alguna forma de gobierno tradicional y solo queda abierta la posibilidad de analizarlos como una forma de ejercer el poder inédita y errática, cuyo resultado es un intento fallido por imponer un modelo socialista extemporáneo, inspirado en la decrépita y fracasada Cuba.
Si asumimos la definición de gobernanza, como los mecanismos que garantizan la participación ciudadana en las diferentes estancias de gobierno para promover la transparencia y el control del Estado a fin de garantizar el respeto a los derechos de los gobernados, podemos afirmar que la sociedad venezolana ha ido perdiendo sus poderes electorales, legitimadores, decisorios, bloqueadores o consultivos ante el Estado.
El falso discurso inclusivo, participativo, visualizador del ciudadano, impulsados por el gobierno ha resultado en fuertes mecanismos de control social que paulatinamente han ido eliminando los mecanismos de decisión democrática.
En este marco de cosas, que dificultan definir efectivamente la coyuntura nacional, se dan dos importantes eventos políticos, que producto de lo señalado anteriormente pierden la relevancia que pudieran tener para avanzar en la democratización, reinstitucionalización del país y en la superación de la crisis humanitaria que nos aqueja.
En cuanto a las negociaciones, por primera vez participan los representantes de los intereses que están en juego en Venezuela.
Cuando los bandos en pugna se sientan a negociar es porque existe un relativo equilibrio de fuerzas que impide la decisiva imposición del uno sobre el otro, en nuestro caso ese precario equilibrio está dado no por las fortalezas de las fuerzas en pugna, sino por sus evidentes debilidades, ni el régimen puede avanzar ni la oposición tiene posibilidades de ocupar su lugar.
Ante semejante situación quienes terminan afectados son los que han apostado a uno u otro bando para el logro de sus objetivos geopolíticos en la región.
La ingobernabilidad del país pone en riesgo los intereses, chinos, rusos, turcos e iraníes, la única que gana en el caos es Cuba por el tipo de apoyo que le brinda directamente a la estabilidad del régimen.
Este, que es el peor escenario para las negociaciones, termina siendo favorable a la resolución de los conflictos en pugna.
El resultado de las negociaciones no depende de los intereses del grupo que ejerce el poder o del grupo que aspira a gobernar el país más allá de la pantomima interina, depende casi exclusivamente de la garantía a los ingentes recursos que los actores externos mantienen inmovilizados en Venezuela, sin posibilidades de recuperación inmediata, o de ampliación de sus influencias en el país y la región por vía de su asociación con el régimen, debido en gran medida a los efectos de las sanciones.
El resultado no va a conducir ni a la suspensión total de las sanciones, objetivo fundamental del régimen, lo que supondría su reconocimiento, ni a la realización de elecciones presidenciales y legislativas que resuelvan efectivamente la crisis venezolana, pero sí contribuirá a que el régimen respete mínimamente los derechos humanos y obligará a los interinos a reconocer algunas de las múltiples caras del régimen, por ejemplo, las relativas al proceso de elecciones del 21 de noviembre y ellos, Estados Unidos y la comunidad europea, suavizarán en alguna medida las sanciones.
Los integrantes de la oposición, en la medida que los intereses partidistas se los permite, se van reagrupando de acuerdo con posturas estratégicas que les conduce a alianzas circunstanciales, muy frágiles y condicionadas por las oportunidades políticas que avizoran en cada reagrupamiento.
El sector denominado Alianza Democrática promueve la participación electoral en las condiciones que sean, la convivencia pacífica con el régimen. Consideran que la ocupación progresiva de espacios de gobierno puede llevarlos en un tiempo no previsible a la reconquista de la democracia.
El otro sector que lidera el gobierno interino, constituido por el llamado G4, que ha conseguido aglutinar a un importante número de micropartidos cuyas siglas superan ampliamente los límites del abecedario, han conformado la Alianza Democrática, que, obviando la existencia del gobierno interino, se ha sentado a negociar con la presencia mayoritaria del G4 y la sola incorporación de un solo representante de los partidos minoritarios.
Este grupo se presenta en México con una carta marcada, que no sabemos si sabrá reconocerla cuando arrecie el juego de las negociaciones, porque el mazo estará en manos de quienes mueven los hilos de la geopolítica mundial. Esa carta es as y comodín, por un lado tiene el valor real de las sanciones y el peso intangible del apoyo internacional. Esa carta no sabemos si estará en manos del grupo del Alianza Democrática o de sus aliados; en todo caso, su uso dependerá más de los aliados y de quienes efectivamente controlan las sanciones, que de los representantes del gobierno interino.
Por ahora y sin que efectivamente se inicien las negociaciones, creo que los aliados los obligarán a participar en las defenestradas elecciones del 21N.
En el variado espectro opositor queda por nombrar los grupos radicales cuyas posiciones adelantadas los han llevado a jugar solos, son los que niegan toda negociación o participación electoral, cuyas estrategias definitivas, aunque lo nieguen actualmente, estarán condicionadas por los exiguos resultados de las negociaciones.
Como resultado de las negociaciones es probable que se logren algunos triunfos menores (no menos importantes), diferentes al reconocimiento pleno del régimen y a la suspensión de las sanciones, o a las elecciones presidenciales y legislativas. Puede ser que se consigan vacunas financiadas con el producto de los activos protegidos y que salgan en libertad los presos vinculados al G4. Es remotamente posible que Monómeros pase a ser controlada por el régimen por intermediación de alguna empresa internacional y que algunos miembros del debilitado Grupo de Lima reconozcan embajadores del régimen. También es probable que las elecciones del 21N tengan algún tipo de observación internacional como muestra de su reconocimiento.
En todo caso, las negociaciones servirán para que el régimen gane tiempo y sus aliados comprendan la necesidad de actuar colectivamente en la defensa de sus intereses en Venezuela; y la peor consecuencia seria que al gobierno interino le surja una fecha de caducidad y los aliados piensen en otros voceros en el país.
@wilvelasquez