El coronel Julio Londoño, exministro de Relaciones Exteriores de Colombia, publicó, recientemente, en la revista Semana un artículo titulado: “Venezuela, entre Colombia y Guyana”, en el cual emite conceptos que, a mi criterio, desconocen intereses vitales de Colombia y Venezuela. Inicia su artículo sosteniendo que “el hecho de que un Estado no asista a las audiencias convocadas por la Corte Internacional de Justicia, en un caso en el que esta se ha declarado competente, no es muy frecuente. El proceso continúa y la Corte escucha solamente los argumentos del Estado que se encuentra presente, que de conformidad con el artículo 53 del estatuto puede solicitar que se falle a su favor”. Con esa introducción pretende invalidar la histórica posición venezolana de no reconocer la competencia de dicha Corte para dirimir asuntos vitales, tales como las delimitaciones territoriales y otros aspectos referentes a nuestra soberanía, reservadas por Venezuela al reconocer la jurisdicción de dicha Corte. Además, su posición, al concederle tan exagerada importancia a las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, compromete el justificado rechazo de Colombia a la sentencia tomada por dicha corte en el Diferendo Territorial entre Nicaragua y Colombia
Creo importante que la opinión pública venezolana conozca algunos aspectos de este diferendo. El 13 de diciembre de 2007, la Corte Internacional de Justicia decidió confirmar justificadamente la soberanía de Colombia sobre las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, reconociendo el tratado Esguerra-Bárcenas, de 1928. Sin embargo, como suele ocurrir en estos asuntos obvió, como por olvido, que el paralelo 82° constituía un límite marítimo como lo establecía ese tratado y en consecuencia determinó que la Corte Internacional de Justicia era competente para proceder a la delimitación entre Nicaragua y Colombia. En la decisión de fondo, del 19 de noviembre de 2012, Colombia perdió alrededor de 75.000 Kilómetros cuadrados de su zona exclusiva y plataforma continental. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, mantuvo que la Corte Internacional de Justicia había cometido graves errores al momento de fijar la frontera marítima y, por lo tanto, Colombia rechazaba dicha decisión. En esa sentencia hubo intereses internacionales en juego: el acuerdo secreto firmado por Nicaragua con una empresa china para administrar y financiar un canal interoceánico debió ser causa suficiente para inhabilitar la actuación de la juez Xue Hanquin, debido a que, con anterioridad, había trabajado para dicha empresa.
Venezuela, históricamente, no ha reconocido el carácter obligatorio de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia respaldada en el principio fundamental del Derecho Internacional que establece que ningún Estado puede ser llevado ante un juez internacional sin su consentimiento ya que compromete su soberanía. Además, considera que no se han agotado todos los medios de solución pacífica de las controversias establecidas en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas y ratificadas en el Acuerdo de Ginebra. Guyana ha decidido acudir, mediante un acto unilateral, a la Corte Internacional de Justicia con el fin de solicitar que se confirme la validez legal y el efecto vinculante del Laudo de París, del 3 de octubre de 1899, considerado por Venezuela como nulo e írrito, para establecer la línea fronteriza entre nuestros países, desconociendo el Acuerdo de Ginebra, del 17 de febrero de 1966, firmado por la Gran Bretaña, Venezuela y la Guayana Británica, que establece en su preámbulo y en su artículo primero que la controversia territorial debe “ser amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes” y las compromete a “buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia”.
El coronel Londoño también afirma que la posición venezolana fue tomada por presión de la Fuerza Armada Nacional. No es cierto. Esa ha sido una legítima aspiración reclamada y respaldada por nuestro pueblo desde que Venezuela fue víctima del despojo territorial. De igual manera, afirma que es falsa la convicción que tiene Venezuela de que los laudos español y suizo le cercenaron importantes territorios a nuestro país. Ese criterio es equivocado. El coronel Londoño debería estudiar dichos procesos con suficiente objetividad para conocer la verdad. El hecho de que los gobiernos de Gran Bretaña y Guyana hayan aceptado firmar el Acuerdo de Ginebra es una prueba fehaciente del derecho a la reclamación que asiste a Venezuela. Él también se refiere a la designación hecha por Colombia, en 1987, con base en el acuerdo de 1939, de dos miembros de la Comisión Permanente de Conciliación inmediatamente después de la delicada crisis surgida entre Colombia y Venezuela por la incursión de la corbeta Caldas en aguas del mar territorial venezolano. Esa acción provocadora fue premeditadamente coordinada por el propio coronel Londoño para posteriormente lograr que se constituyera dicha comisión. Por suerte, para Colombia y Venezuela, dos extraordinarios hombres de Estado, los presidentes Virgilio Barco y Jaime Lusinchi, lograron superar tan trágica situación, sin comprometer la paz entre nuestras naciones.
A partir de ese momento, Colombia y Venezuela han considerado mantener el statu quo existente para lograr, en el momento político conveniente, concluir la delimitación de sus áreas marinas y submarinas sin que queden resquemores que puedan comprometer en el futuro unas relaciones diplomáticas armoniosas y fructíferas para nuestros países. El coronel Londoño se sorprende de que en Colombia haya habido importantes sectores que rechazaron, en 1987, la designación, por recomendación suya, de dos miembros de la Comisión de Conciliación, por considerar que su propuesta después de la delicada crisis surgida entre nuestros dos países, atentaba contra la amistad con Venezuela. No debería hacerlo, su acción alevosa contra Venezuela no podía sino generar un severo cuestionamiento en esos sectores. En efecto, nuestros pueblos, estrechamente vinculados por la historia y por la sangre, valoran como corresponde las muy amplias relaciones entre nuestros países. El coronel Londoño cree que la Corte Internacional de Justicia favorecería a Colombia en dicha delimitación sin medir las consecuencias que una decisión de ese orden tendría en el destino de ambas naciones. Lamentablemente, su resentimiento hacia nuestro país no le permite medir las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, estoy seguro de que, a pesar del coronel Londoño, al lograr Venezuela superar sus actuales y trágicas circunstancias, las relaciones diplomáticas entre ambas naciones se normalizarán para el bien de la América Latina.