En uno de los acuerdos parciales suscritos en México se expresa la voluntad compartida de “…establecer mecanismos de restauración y consecución de los recursos para atender las necesidades sociales de la población…incluyendo aquellos provenientes de organismos multilaterales a los que tenga derecho la República…”. Más adelante, el mismo documento se refiere a los Derechos Especiales de Giro dispuestos por el Fondo Monetario Internacional para fines de protección de la economía nacional. Queda claro que uno de los objetivos fundamentales que persiguen tanto el Régimen como la oposición política, se contrae al mejoramiento de las condiciones económicas que han sumido al país en una crisis pavorosa y sin precedentes en la historia nacional.
Parece que los acuerdos parciales procuran diferenciar aquellas materias sobre las cuales sería relativamente sencillo construir presurosos consensos, con respecto a otros asuntos sin duda más intrincados y ante todo encadenados a la intransigencia de suyo manifiesta en el oficialismo. El régimen se exhibe pragmático ante el clamor de quienes sufren las consecuencias de la inflación y de la escasez de productos básicos al alcance de los menos favorecidos –las grandes mayorías de la población que vive en condiciones paupérrimas–. Es obvio el interés en descongelar activos y fondos protegidos en el extranjero, algunos de ellos controlados por el gobierno interino; el régimen pretende resolver el agudo trance monetario y fiscal sin ceder a las legítimas aspiraciones de quienes exigen la reinstitucionalización del país, que pasa necesariamente por un cronograma electoral sobre el cual se anticipan aún mayores desencuentros. En este contexto, los voceros gubernamentales hablan de “respeto a las garantías económicas que han sido sustraídas al pueblo de Venezuela”, mientras ignoran el embargo de que han sido objeto las instituciones republicanas. El “ambiente cordial” que se desenvuelve en México es sin duda un signo positivo y esperanzador; pero el acuerdo definitivo no puede ser parcial, antes bien, tiene que ser integral por razones que van más allá de las argumentaciones hasta ahora esbozadas por los negociadores. Esto vale para los asuntos “suficientemente discutidos” cuya implementación es “urgente y necesaria”. Vayamos entonces al fondo del problema.
Si la prioridad para la delegación gubernamental es la recuperación de activos controlados por terceros en el extranjero –recobrar el bienestar de la población es su ardid–, queda claro que también el estado de postración en que se encuentran las instituciones del Sector Público incide negativamente sobre la vida cotidiana de quienes han visto menguados no solo sus derechos económicos, sino además los políticos. Todo lo que se haga en ambos sentidos y de manera simultánea (énfasis añadido), redundará en beneficio de los venezolanos –prescindiendo de consideraciones basadas en raza, sexo o identificación ideológica–. El país que nos es dado redimir de la ignominia que lo envuelve, no puede regenerarse bajo el tendencioso antojo de parcialidades políticas.
Pero el lado realista del mundo económico –el que nada tiene que ver con la retórica vocinglera de la dirigencia política, dejando a salvo las honrosas excepciones del caso– impone su carácter de manera inexorable. Los capitales requeridos para la reactivación económica del país no van a reaccionar de forma entusiasta a los “acuerdos parciales”, menos aún instantánea como pretenden los voceros del régimen. Sin el pleno restablecimiento de la República Civil no habrá renegociación de pasivos tanto estructurados como comerciales de plazo vencido –conditio sine qua non para el acceso de la República a los mercados voluntarios de deuda–, ni inversión privada nacional o extranjera, tampoco asistencia por parte de instituciones multilaterales de crédito. La condicionalidad del Fondo Monetario Internacional –ese al que las partes representadas en México convienen acudir en busca de recursos–, abarca tanto el diseño de políticas macroeconómicas y reformas estructurales, como los mecanismos de seguimiento de acciones conducentes al cumplimiento de las metas propuestas. Una condicionalidad que no podrán vadear los acuerdos fragmentarios aún de índole compasiva, en tanto y en cuanto sea preciso salvaguardar los fondos recibidos en préstamo –asegurar la solidez de la balanza de pagos, de modo tal que razonablemente se materialice el uso acordado y el debido rembolso de los recursos provenientes de cualquier empréstito–. Sin instituciones sólidas, transparentes y confiables, no será posible garantizar la correcta aplicación de los recursos, menos aún la efectividad de los planes de recuperación económica; esto parece obvio.
En cuanto a los Derechos Especiales de Giro, conviene aclarar que se trata de activos creados por el Fondo Monetario Internacional con el propósito de complementar las reservas de los países miembros. A tales efectos, estas inyecciones de capital se canalizan de manera expedita y asequible a los países solicitantes, siendo menos exigentes en cuanto a los condicionados y tiempos de ejecución; pero no nos llamemos a engaño: el Banco Central de Venezuela, tanto como la autoridad fiscal del país, no están en condiciones de cumplir sus cometidos esenciales y por tanto no pueden garantizar el uso expedito de fondos recibidos bajo cualquier modalidad.
Solicitar y obtener un levantamiento parcial de sanciones sin el cambio político y el consecuente restablecimiento de la institucionalidad y de la confianza de los agentes económicos, no contribuirá a la deseable reactivación económica del país –tampoco parece viable que se suspendan sin una disposición categórica que restablezca la plenitud democrática que tuvimos desde 1958 hasta el término del pasado siglo–. Al no existir el control fiscal –hace tiempo que fue derogado por el régimen–, ni capacidad de gestión de recursos monetarios, el crédito multilateral, así como el financiamiento privado no harán presencia efectiva en nuestra materialidad económica. Pierden su tiempo los negociadores reunidos en México, si no terminan de comprender de una vez por todas que la ecuanimidad institucional resultante del posible acuerdo que exige el país aventaja las razones meramente políticas, incluso las humanitarias –sin transparencia no habría garantías de auxilio a los necesitados de la hora actual–.