Al comienzo del año, las organizaciones y los gobiernos hacen recuento de los éxitos y fracasos y de la mano de sus presupuestos, aprobados con mayor o menor desgaste político según las mayorías parlamentarias, establecen metas y propósitos para acometer los aspectos más relevantes de la vida económica y social. Estas metas, tan necesarias y urgentes cuando se dirigen a enfrentar los problemas, pueden ser objeto de apoyo o repulsa de la ciudadanía. Si responden a sus necesidades estaremos en la senda de la recuperación de la confianza ciudadana. Si, por el contrario, olvidan estas y se dirigen hacia gastos corrientes o suntuarios, que no obtienen de la ciudadanía reconocimiento o adhesión, se transformarán en un motivo más de queja y por tanto de distanciamiento de los poderes públicos.
Conviene alcanzar recursos suficientes para el funcionamiento de las administraciones, como acaba de demostrar hasta la saciedad la pandemia y lastimosamente sigue demostrando este baile de variedades o variantes de coronavirus (delta, ómicron, delta-ómicron) que exige en cada etapa nuevos esfuerzos ciudadanos y también de las instituciones públicas, que son nuestro instrumento más poderoso como sociedad, y son quizá el único instrumento para quienes disponen de menos recursos. (Meritxell Batet, 2021).
Son numerosos los aspectos en que nuestras sociedades han de mejorar, como la seguridad ciudadana, el establecimiento o consolidación de una función pública profesional, escasa o inexistente en numerosos países, la desigualdad que lamentablemente ha aumentado durante la pandemia. No todo, sin embargo, puede ser negativo en el área iberoamericana, pues América es un continente formado por instituciones jóvenes y tiene una inmensa capacidad de aceptar de inmediato las novedades y avances, que sin duda el mundo va a adoptar tras este periodo negativo, marcado por los contagios generalizados del virus covid 19.
Así lo demostró durante el siglo XIX, cuando sus Constituciones, en su inmensa mayoría flexibles y de modificación sencilla, acogieron cálidamente todo tipo de instituciones modernas para beneficio de sus ciudadanos.
La tarea no es sencilla y debe ser objeto de pactos generales entre las diversas fuerzas políticas, aunque esta no parece ser una moda con muchos seguidores, pues en demasiados países la tentación cainita está presente: se ejerce con demasiada frecuencia y como tal, se presenta ante la opinión pública una oposición absoluta a las normas y medidas adoptadas por el gobierno de turno, ocultando incluso aquellas leyes que han sido aprobadas por consenso. En España y Portugal, la mayoría de las derivadas de la normativa comunitaria, pero igualmente, en todos las Asambleas legislativas se consensuan normas de carácter técnico entre todas las fuerzas políticas.
Conviene que los gobernantes pongan su mira en el beneficio de la población y trabajen de forma denodada en esta dirección, para recuperar al menos parcialmente el apoyo ciudadano que han sufrido insistentemente durante este periodo. Y uno de los temas en que debemos trabajar es precisamente aquel que se relaciona con la ética pública y la corrupción, como preconiza la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública, aprobada por el CLAD en 2018, que ofrece un camino hacia el comportamiento íntegro en las organizaciones públicas, un camino que supere el mero rechazo de las actuaciones corruptas y busque la mejor forma de servir los intereses generales.
La aparición de nuevas fuerzas políticas gobernantes (Perú, Chile…) debe ser un buen momento para empezar la andadura en la búsqueda no sólo de los aspectos relacionados con la democracia representativa como la transparencia, la rendición de cuentas o la participación, sino también para establecer medidas efectivas de lucha contra la corrupción. En todos los países, a mayor o menor nivel, existe corrupción y este hecho debe ser combatido, para beneficio ciudadano y como forma de acercamiento entre estos y sus representantes. El índice de percepción de la corrupción coloca en buena posición a Chile (25) pero Perú (94)y otros países del área se encuentran en peor situación. No es un fenómeno nuevo, pero la sociedad y las instituciones deben estar alerta, porque la corrupción constituye un potente indicador de la mala salud de la democracia, porque apunta a una clase política que se ha vuelto cínica, amoral y opaca al escrutinio público. (Colin Crouch, 2004)
En el comienzo de esta etapa, los países tienen numerosas tareas para desarrollar la democracia y recuperar la confianza ciudadana y entre ellas, la de dirigir recursos para mejorar la seguridad ciudadana, combatir la desigualdad en aumento, consolidar las instituciones y la función pública, así como para luchar contra la corrupción.