Comienza un año crucial para la democracia venezolana; un año en que nos jugamos a Rosalinda (léase “la democracia”). Lo que ocurra en este 2020 será determinante para el rumbo político del país. En ese sentido, las estrategias que la oposición redefina o ratifique en los primeros meses del año serán decisivas para alcanzar los objetivos que -mediante la aprobación del Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela- fueron fijados con claridad por la Asamblea Nacional, el pasado 5 de febrero de 2019: cese de la usurpación, instalación de un gobierno provisional y realización de elecciones libres, transparentes y competitivas.
Lo que motivó la aprobación del indicado Estatuto fue la írrita elección presidencial para el período 2019–2025 que organizó el complaciente Consejo Nacional Electoral y que se celebró el domingo 20 de mayo de 2018. El evento en cuestión estuvo plagado de irregularidades de todo tipo: incompetencia de la asamblea constituyente para convocar dicha elección, inhabilitación de candidatos fundamentales de la oposición, restricciones a la participación de los partidos opositores integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática y manipulaciones de todo tipo. De tales hechos dieron fe organizaciones no gubernamentales como Súmate y el Foro Penal, entre otras. Pero eso no fue todo. Hay que resaltar que el inmoral proceder del gobierno y el CNE obligó a la empresa Smartmatic –quien por 15 años le suministró al ente electoral venezolano un sistema seguro y auditable del voto- a cerrar sus oficinas y operaciones en el país.
A consecuencia de lo anterior, organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y otros países expresaron su rechazo al evento comicial. Y, como suele suceder, gobiernos antidemocráticos como los de China, Rusia, Corea del Norte, Irán y Nicaragua le dieron su respaldo al régimen. Contrariándose entonces la normativa constitucional, el 10 de enero de 2019, ante el también írrito Tribunal Supremo de Justicia, Nicolás Maduro procedió a juramentarse como presidente de la República para el período 2019-2025.
Yo sugeriría que las mentes iluminadas que colaboraron en la redacción de tan importante Estatuto hicieran una revisión detallada del mismo, a objeto de convalidarlo o ajustarlo a la no deseada realidad que se nos pueda venir encima en enero de 2021. Me refiero a que la dictadura de Maduro se mantenga en sus trece. Desde esta tribuna me permito proponer también que, si la revisión en cuestión se llevase a cabo, los pilares fundamentales representados por los artículos 233 y 333 de la Constitución se refuercen con la inclusión de esa disposición solitaria pero categórica que está contenida en el artículo 350 y que, para información de los lectores, dice así:
“El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
En mi modesta opinión, considero que si bien esa norma fundamental está dirigida a empoderar a cada ciudadano de Venezuela para actuar contra cualquier tipo de tiranía, también faculta a la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, en su condición de legítima representación del pueblo demócrata, a desconocer en nombre del pueblo al régimen de Maduro, así como cualquier legislación que de él emane u otra autoridad que le sea afín.
Una cosa es cierta: tenemos que prepararnos para los difíciles momentos que se nos vienen encima por el inevitable descarrilamiento del tren madurista.
@EddyReyesT