Actualmente se lleva a cabo un despliegue comunicacional importante sobre la solución de la crisis venezolana apoyada en una propuesta de negociación y diálogo orientado a la realización de un proceso electoral el cual conduce poco a poco a las obligantes elecciones parlamentarias dejando a un lado el tema de la usurpación, al gobierno de transición y a las elecciones presidenciales bajo condiciones honorables, pasando por alto, que el sistema electoral ha sido y es fraudulento, y sujeto a la falsa premisa que la mayoría de la población es opositora y votará en masa contra el régimen y como resultado se llevará por delante el poder del régimen actual.
Falsa ilusión, que deja de lado al Tribunal Supremo de Justicia legítimo cuyas decisiones constitucionales se olvidan como consecuencia de nuestra corta memoria sin pensar en los efectos políticos que tiene soslayando la conseja popular de que está prohibido olvidar.
Recordemos varias cuestiones fundamentales, el Tribunal Supremo de Justicia fue seleccionado siguiendo los procedimientos constitucionales y la Asamblea Nacional nombró a los magistrados titulares y suplentes. Ante tal decisión, el Régimen creo otro Tribunal Supremo de Justicia, y una Asamblea Constituyente. Ambos organismos paralelos en franca oposición a cualquier asunto resultante de las funciones constitucionales de la AN en flagrante violación de la Constitución.
El régimen continúa actuando dentro de su plan de apoderamiento y procede a inhabilitar a diputados electos o incluso someterlos a juicio y encarcelarlos. Estimuló a través de amenazas que los magistrados designados se fueran al exilio. En honor a la verdad, estos últimos asumieron sus cargos con rebeldía y honorabilidad y actúan de acuerdo a sus funciones constitucionales en el exterior con muchas limitaciones muy a pesar que quien los designó los abandonó a su suerte
En el ejercicio de su trabajo judicial, los magistrados han actuado a derecho y asumieron la denuncia y petitorios de sometimiento a juicio de los responsables de los fraudes electorales presentados formalmente con soportes documentales ampliamente revisados y comprobados. El reconocimiento de las pruebas derivadas de su examen condujo al TSJ legítimo a descalificar al Sistema Electoral y por tanto ordenó votaciones no Electrónicas y exigió la designación bajo formulas claras de un nuevo equipo directivo del CNE.
También ordenó el procesamiento penal a los directivos del CNE, incluyendo a los funcionarios que colaboran con el sistema a ejecutar elecciones fraudulentas. La decisión del TSJ legítimo soportada según el expediente SE18-001 sobre la nulidad del sistema electoral dio lugar al recurso contencioso interpuesto por miembros de la sociedad civil considerando razones de hecho y de derecho procedimentalmente expuestas en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia el cual dictó sentencia el 13 de junio de 2018 declarando la inconsistencia del Registro Electoral, nulo el uso del sistema automatizado de votación y de escrutinio para la elección de cargos de representación de los poderes públicos y ordena al CNE que con la participación de las universidades, partidos políticos, grupos de electores y la academia de Ciencias Políticas se inicie el proceso de depuración del RE incluyendo las correcciones sobre la identidad de cada venezolano o extranjero habilitado para votar verificando las actas de nacimiento, digitalizando biométricamente se identidad, actualizando direcciones domiciliarias, excluyendo a fallecidos e inhabilitados judiciales También ordenó se diseñar un sistema de votación fundamentalmente manual con preeminencia del voto físico
Para todos estos efectos, exhortó a la Asamblea Nacional la selección y designación de nuevos rectores electorales y a la Fiscalía Nacional dar inicio de acciones de responsabilidad penal a los rectores electorales y a funcionarios regionales incluyendo el debido procesamiento a las empresas informáticas Smarmatic y Bitza, de tal manera, que con estas decisiones las elecciones del año 2018 no tienen validez y por tanto es nula la reelección del presidente y se declara que el mismo ejerce la usurpación del cargo a partir del 10 de enero del año 2019.
Posteriormente el 25 de octubre del 2018, en Sala Plena se acusa al presidente de la República de corrupción propia y después de un largo proceso probatorio se le sentencia en razón a la argumentación del juicio penal debidamente comprobada la comisión de hechos punibles los cuales demostraron fehacientemente la culpabilidad y responsabilidad en la perpetración de delitos de corrupción y legitimación de capitales previstos en la Ley Anticorrupción, y la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, por tanto, se le sentenció, fue declarado culpable imponiéndosele dieciocho años tres mese de cárcel y a una multa cuantiosa y se procedió a ordenar su captura participando debidamente a la Fiscalía, Interpol, y a la Asamblea Nacional.
Tomando en cuenta los antecedentes judiciales, denuncias públicas y la situación crítica inducida por el régimen, la Asamblea Nacional aplicó las medidas constitucionales del caso y el presidente de la Asamblea Nacional asume de manera transitoria el cargo de presidente encargado para poner cese a la usurpación, presidir un gobierno transitorio y hacer lo necesario para celebrar ten rápido como sea posible elecciones libres, Para esta decisión la Asamblea Nacional norma dicho acto mediante el “Estatuto que rige la Transición a la Democracia y el Restablecimiento de Vigencia de la Constitución”, y declara que el gobierno de Maduro es de facto, usurpa el poder, y ordena crear un Consejo Nacional para la Transición. Así mismo acuerda la realización de elecciones libres y transparentes y hace una declaratoria de Estado fallido el cual está afectado por organizaciones criminales, Por último, se arroga la función de designar a representantes diplomáticos, asumir la defensa de los activos de la Republica, contribuir a la investigación de la violación de los derechos humanos y de las actividades ilícitas razón por la cual se comprometió a adoptar todas las medidas necesarias para la integridad nacional, preparación de las elecciones y modificaciones legales pertinentes.
Independientemente que la figura adoptada en ese Estatuto transforma la actividad legislativa en ejecutiva limita las funciones del presidente encargado y determina que sus decisiones estén condicionadas a la Asamblea Nacional. De tal manera que sus iniciativas se diluyen en el tiempo y lamentablemente no se han aplicado y esta es la razón fundamental para que la credibilidad pública se venga deteriorando sistemáticamente muy a pesar que los gobiernos democráticos de muchos países hayan reconocido al gobierno de transición y lo apoyan abiertamente en los organismos internacionales.
La incapacidad de ejecutar las decisiones derivadas de estos planteamientos han conducido a ceder ante la presión internacional de resolver la crisis humanitaria no por la vía de fuerza humanitaria obligante, sino a través de la tesis de dialogar e ir a negociaciones las cuales han tomado mucho tiempo y han permitido que la crisis socio económica venezolana no se resuelva, se profundice cada vez mas y provoque la espantosa migración de parte significativa de su población,
De nuevo la Asamblea Nacional volvió a caer en el mismo error del 5 de enero fecha de la designación de la Directiva del cuerpo al decir que sacaría al régimen en seis meses dándole chance al régimen para que los haya declarado en desacato, perdiendo la oportunidad inmejorable de tomar las decisiones inmediatas que necesitaban los venezolanos para un cambio importante del modelo de gobierno. En lugar de asumir como les correspondía el mismo día 8 de enero, las riendas de la transición, designando y juramentando a un Presidente Encargado tal y como les ordenaba taxativamente el Artículo 233 constitucional y designando un Consejo para la Transición se usó un procedimiento cuestionado condicionando las funciones de Presidente de la Transición.
El régimen nunca accederá a elecciones presidenciales; negocia las elecciones parlamentarias y gana el tiempo conveniente a sus intereses lo cual facilita el agravamiento de la situación país hasta que caigamos en la desesperanza y el fracaso y nos destroce la tiranía. El régimen dictatorial pretende legitimar sus actuaciones a través de una nueva elección fraudulenta a ser ejecutada mediante un sistema electoral sobre el cual ejerce el control total que le permitiría la supervivencia de su nefasto gobierno, y dar apariencia democrática a su régimen. Difícilmente esa elección parlamentaria amañada podrá convencer a la comunidad venezolana, y mucho menos, a las organizaciones y gobiernos democráticos foráneos que las ha rechazado de manera absoluta y han manifestado por todos los medios oficiales y públicos que no reconocerán dicha simulación electoral y al propio gobierno por antidemocrático.
Por todas las razones esgrimidas, ante el cambio de dirección de la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional ahora infiltrada por diputados del PSUV que habían abandonado sus cargos, forman parte de la Asamblea Nacional Constituyente y han construido un puente de plata entre ellos, El régimen pide dialogar y presupone su propia y cínica solución a una crisis reconocida. Con esta decisión, abusando de la corta memoria del venezolano estimulada por la cohabitación pretende ir a unas elecciones parlamentarias, olvidarse de las presidenciables propugnando un acuerdo de ir a un proceso electoral empezando por nombrar a los rectores electorales sin mencionar a los directivos regionales tan culpables como los nacionales de fraude, e incluso proponer candidatos a la directiva del CNE de dudosa competencia en la materia.
No se puede caer en ese juego perverso sin disponer de los elementos fundamentales democráticos que condicionan cualquier movimiento en esa dirección sin resolver el asunto del Registro Electoral que deja afuera a los electores que han emigrado a quienes se les pondrá difícil actualizar el registro y el régimen pondrá todos los obstáculos espaciales y estratégicos para no dejarlos votar en una eventual elección, Así mismo, resolver el tema relativo a los nuevos votantes sin inscripción, a dos millones y medio de cédulas falsas y el imprescindible ajuste de los circuitos electorales que han sido manipulados igual que el sistema informático que obliga a elecciones manuales.
En resumen, sin la solución a los problemas señalados, fuente de elecciones fraudulentas y a pesar de lo acordado, no habrá elecciones creíbles si no cesa la usurpación, se nombre un Consejo para la Transición y se diseñe un aparato electoral que ponga remedio a tanto desbarajuste procedimental, interesado y fraudulento, No podemos alimentar la esperanza de ganar unas elecciones que se fundamentan en una mayoría opositora, cuyos partidos políticos han perdido el respaldo de la sociedad, y que es una falacia cuando el régimen ha fragmentado e intervenido los circuitos electorales y ha sacado en la práctica a millones de electores que se han ido. Elecciones con ese perfil tendrá consecuencias políticas nacionales e internacionales muy graves.
No perdamos el camino, hay que instrumentar acuerdos, sugerencias y estrategias ampliamente debatidas y realistas, no consideremos a que los que se apartaron por razones de conveniencia, colaboración o intereses de aplicar decisiones correctas y como ellos no cumplieron con las acciones adecuadas a las circunstancias verbigracia, las decisiones del TSJ legítimo apartemos a esa falsa dirigencia cuya credibilidad los alejo no solo de su militancia, sino del pueblo en general, por tanto, pongamos en manos de un nuevo Movimiento Cívico la tarea de organizarnos enfrentar al régimen para su inevitable desplazamiento y eliminar sus intenciones de dominación en complicidad asociada a otros países antidemocráticos, al narcoterrorismo y a los esquemas de la izquierda radical latinoamericana dirigida y financiada por Rusia, China, los oportunistas y aprovechadores cubanos y los países islámicos donde todos desean a como de lugar expandir sus políticas socialistas, de beneficios económicos y poner su planta insolente como cabeceras de playa en los países democráticos del Continente desestabilizando intencionalmente a sus gobiernos para desplazarlos en función de sus intereses .