No ha transcurrido un año de la reforma tributaria impulsada y puesta en vigencia por Gustavo Petro cuando ya está sobre la mesa una reforma de ese compromiso con los contribuyentes colombianos. Gran polvareda está levantando en el país vecino tal noticia por el nocivo mensaje que el país envía a los inversionistas, a los hombres de negocios y a la población en general. Ello sin mencionar que también se cocina a fuego lento una reforma de impuestos territoriales.
La primera estocada al sistema de impuestos imperante en su país la dio el recién electo presidente a pocas horas de asumir el Palacio de Nariño. En su propuesta de gobierno el asunto relativo a la redistribución del ingreso tenía un lugar preponderante y por ello no era de extrañar que la primera de las reformas fuera la impositiva.
Al despuntar el 2024, cuando aún no es posible determinar el impacto del articulado de la nueva ley, es el momento en el que el gobierno, con el pretexto de que la ley contiene serios errores, se encamina a reformarla. El objetivo de la reforma, manifestada en los habituales trinos presidenciales, sería eliminarles cargas tributarias a las empresas para trasladarlas a las personas con mayores ingresos. De esta manera “la empresa se liberaría de cargas para poder competir y ser más productiva”, dice el mandatario cordobés.
Sin que aún esté definido el texto, el presidente ha explicado que estaría pensando en reducir de 35% a 20% el impuesto de renta corporativa, y a cambio, aumentar ese gravamen a las rentas de personas que ganan más de 10 salarios mínimos. La cuenta de X del Presidente expresa su pensamiento al respecto: “Con esto se conseguirían varios objetivos, entre ellos tener estructuras tributarias similares a la mayoría de los países del mundo, permitir que las empresas crezcan y tengan rentabilidad, no desfinanciar al Estado porque no habría ni más volumen de dinero recaudado ni menos, y hacer más progresivo el sistema tributario”. Cuesta saber si alguien ha echado las cuentas!
Al parecer lo que anima al equipo de gobierno a proponer esta nueva reforma es el hecho de que la recaudación de impuesto sobre la renta de empresas y particulares apenas alcanza al 6,5% del PIB, cuando otros países de la OCDE logran levantar por esa vía 10% a 12% de su producto interno. La realidad es que la reforma tributaria en vigencia desde el año 2023 debía haber previsto en su articulado un camino para hacer descender la tasa nominal del impuesto sobre la renta de la corporaciones y, por un error, ello no quedó plasmado en el texto legal. Este parecería en el criterio de la Casa de Nariño, pues, la hora adecuada para enmendar el error.
La improvisación es, sin duda, pasmosa. Colombia atraviesa una desaceleración económica aunada a desinversión de envergadura y no es este el momento de castigar aún más a la población de personas naturales que sí tributa. Estos apenas son escasos 5 millones de colombianos. Será imposible levantar los recursos necesarios para operar el país y será necesario acudir a incrementos del IVA de alimentos y servicios para financiarse.
Y por otro lado, debe darse especial consideración a la pérdida de confianza de los sectores empresariales del país y del mundo frente al discurso negativo que el presidente mantiene en contra de los sectores privados. Pero de esta medicina, Colombia ya ha recibido una buena dosis.