En el denso ciclo electoral latinoamericano entre este año y el próximo se van concentrando elecciones presidenciales: las ya realizadas en Bolivia más las de hoy en Ecuador (segunda vuelta) y Perú (primera); las que vienen entre octubre y noviembre en Nicaragua, Chile y Honduras, y las del año que viene en Colombia y Brasil. A las elecciones legislativas que acompañan a las presidenciales se suman las de El Salvador, recién pasadas, la renovación parcial de las dos cámaras del Congreso en Argentina; se acerca también la elección de la Cámara de Diputados en México, así como las de algunas gobernaciones e instancias locales. Añádanse las elecciones regionales y locales en varios otros países -incluidas las convocadas en Venezuela- y, de especial interés, la de la Asamblea Constituyente acordada en referéndum por los chilenos.
Esto sucede en circunstancias en las que la región sufre con dureza los embates de la pandemia, vive una de las peores recesiones económicas de su historia, encara los desafíos del aumento de la pobreza y las movilizaciones sociales de protesta, ve agravarse el azote crónico de la violencia en todas sus manifestaciones, todo ello multiplicado en medio de las fragilidades institucionales que se manifiestan en todos los países, así sea en diversa medida.
En este cuadro se asoman las sombras de los años de la “marea rosa”, así llamada aunque la coloración que se le atribuye mezcla muy mal la variedad de políticas de varios gobiernos latinoamericanos de la primera década y media de este siglo. El caso es que algunas de sus sombras reaparecen y otras se alargan desde entonces, en medio de la elección de Luis Arce en Bolivia, la posibilidad del triunfo de Andrés Arauz hoy en Ecuador, la permanencia a sangre y fuego de Nicolás Maduro y Daniel Ortega -con el plan de la elección de su esposa en octubre-, la presencia de Cristina Kirchner en el gobierno argentino, la posibilidad de una nueva elección de Lula da Silva el año próximo y las no disimuladas influencias políticas de Evo Morales y Rafael Correa. Más que el Foro de Sao Paulo, cuyo extremismo le ha restado alcance y publicidad, es el discurso de las individualidades del Grupo de Puebla el que mejor expresa la aspiración de retorno de aquella marea con “un nuevo proyecto común”. Entre quienes hacen parte de su lista de fundadores vemos muchas caras conocidas y, aunque no hay ningún venezolano, no han faltado expresiones de apoyo al régimen, como la más reciente a las elecciones legislativas del 6 de diciembre, mientras que en su selectiva defensa de los derechos humanos no ha habido ni asomo de preocupación frente lo denunciado y ampliamente documentado sobre Venezuela.
Se perfilan regionalmente regresiones democráticas mayores, con actores interesados en pescar en aguas tan revueltas. Sin embargo, dibujar la situación con trazos de izquierdas y derechas no ayuda a lidiar con los desafíos a superar para frenar las regresiones políticas y robustecer la institucionalidad. Si de trazar una tendencia general se trata, lo que ya se percibe es una marea muy turbia disfrazada de afanes justicieros.
Hoy no se dan las condiciones en las que avanzaron las alianzas que en buena pero no exclusiva medida impulsó la autoproclamada revolución bolivariana. Entre las condiciones de entonces destacan una década de favorables precios y demanda de materias primas; la manifestación electoral de la confianza en nuevos liderazgos que prometían renovar las relaciones entre gobiernos y sociedades bajo el lema de la inclusión; la disposición, inicial cuando menos, a cumplir con las formalidades democráticas electorales y de desempeño. Luego, en la secuencia que siguió los gobiernos más comprometidos, más o menos ideológicamente, con agendas de “refundación” se fueron apartando de sus lemas y propuestas iniciales, concentrando y personalizando el poder, manipulando instituciones y perdiendo legitimidad por ineficacia y, en magnitudes nunca vistas, por corrupción. Esto que salpicó con consecuencias políticas especialmente visibles a Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Honduras, el Salvador y Nicaragua, se ha manifestado en Venezuela con demoledora intensidad en lo humano, material e institucional.
Esta breve semblanza de la deriva de aquella marea ayuda a mirarla desde el presente. Hoy las condiciones son otras y los riesgos son diferentes, pero no menores. La continuidad de la crisis política venezolana es una condición que -por acción y omisión del gobierno de facto– incide sobre el vecindario. Es así por la desatendida emergencia humanitaria -agravada por la pandemia que se desboca- y la emigración forzada de millones de venezolanos; las actividades subversivas e ilícitas que se desarrollan en y desde el territorio nacional; las redes de corrupción que se extienden a otros países; la desvalorización de principios y normas de derecho internacional y, especialmente, la del régimen supranacional de protección de los derechos humanos; el desplazamiento de las cláusulas de protección de la democracia, y el abandono de la OEA.
La relativa indiferencia ante lo que sucede en Venezuela es comprensible en buena medida por las emergencias que atraviesa cada país, también por la complejidad creciente de nuestra crisis, pero también es reveladora regionalmente de fragilidades de los actores democráticos, alentadas estas por los que han dejado o van dejando de serlo.
Es mucho lo que está en juego en los procesos electorales en marcha y eso se expresa en los discursos y propuestas plagados de populismo; en la poca atención a las debilidades del Estado de Derecho y a planes para recuperar su institucionalidad; en la desatención a los retos sustantivos de la construcción de transparencia más allá de su instrumentalización electoral; en la proliferación de organizaciones partidistas con débil o nula sustentación doctrinaria, y en la indiferencia y desorientación del electorado que siente desvalorizado su voto. Estos trazos tan espesos de la marea turbia que va en ascenso perfilan la magnitud de la tarea, y la responsabilidad, de los demócratas y las democracias desde dentro de cada país.