“Figúrense ustedes que cuando se dictó el Laudo Arbitral en París el 3 de octubre, en Venezuela había estallado una revolución y estaba a diecinueve días de Caracas, la capital. Yo podría decir –y eso es histórico– que, en esos momentos, en 1899, casi no teníamos gobierno. Claro que esto no es culpa de la Gran Bretaña, sino que es nuestra culpa, pero lo digo para pintar el ambiente en momentos en que se estaban dilucidando estas cosas”. Estas son palabras de Marcos Falcón Briceño, el ilustre venezolano que, como canciller de Rómulo Betancourt, se dirigió a las Naciones Unidas el 12 de noviembre de 1962 para denunciar el Laudo Arbitral de 1899.
En octubre de 1899 Cipriano Castro avanzaba hacia Caracas al frente de la Revolución Liberal Restauradora. En esos momentos, Venezuela vivía una poderosa anarquía institucional. Esto fue aprovechado por el Reino Unido para impulsar el arbitraje y despojar a nuestro país de 159.500 km2 de su territorio. El presidente Ignacio Andrade, asediado política y militarmente, podía hacer poco, salvo protestar y asumir su barranco. El país, dividido entre escaramuzas internas, personalismos y falta de sentido estratégico y carente de estadistas, creó el ambiente propicio para el despojo.
En este contexto se dicta el Laudo Arbitral que le arrebató a Venezuela “un territorio muy extenso e importante, sobre el cual Gran Bretaña no tenía, en mi opinión, la menor sombra de derecho”, como lo afirma Severo Mallet-Prevost en memorando del 8 de febrero de 1944 y publicado, post mortem, en julio de 1949 en The American Journal of International Law.
Esta historia dolorosa para los venezolanos cambia de rumbo a partir del histórico discurso de Marcos Falcón Briceño en su intervención ante la ONU el 12 de noviembre de 1962. Falcón Briceño señaló las razones de la nulidad del Laudo Arbitral de París de 1899. Gracias a esto, el Reino Unido aceptó conversar sobre la reclamación venezolana. El prestigio del presidente Rómulo Betancourt y de su canciller le dio peso a la posición venezolana.
Durante el gobierno de Raúl Leoni, el canciller Ignacio Iribarren Borges suscribe el 17 de febrero de 1966 el Acuerdo de Ginebra. (A los tres meses de la firma, la Guayana Británica se independiza de Gran Bretaña y cambia el nombre por Guyana). Este acuerdo busca un arreglo “práctico y satisfactorio” de la disputa y constituye uno de los mayores éxitos de nuestro país en la defensa de su integridad territorial.
La clara posición de los gobiernos de Rómulo Betancourt y de Raúl Leoni (y de sus respectivos cancilleres Falcón Briceño e Iribarren Borges) fueron determinantes en la firma del Acuerdo de Ginebra. Venezuela contó con el apoyo de cuatro hombres de Estado, es decir, con un liderazgo civil que poseía autoridad intelectual, ética y política.
Todo marchaba con un sentido de unidad estratégica hasta el 20 de febrero de 2004, cuando el presidente Hugo Chávez afirmó: “El gobierno venezolano no será obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo, y cuyo propósito sea beneficiar a sus habitantes”. Estas declaraciones causaron “honda preocupación en sectores de la población, particularmente entre los intelectuales cercanos al ámbito diplomático y de relaciones internacionales”, como lo señala el historiador Manuel Donís Ríos en su reciente obra titulada Venezuela y sus espacios marítimos en el Atlántico ayer y hoy. (Caracas, Abediciones, 2020, p. 35). Pero hay algo más que no puede pasar inadvertido: a partir de esa fecha Guyana “radicalizó su posición y desconocimiento al Acuerdo de Ginebra y sus intentos por delimitar áreas marinas y submarinas que afectan los derechos de jurisdicción de Venezuela en el océano Atlántico” (Donís: p. 36). Nuestra salida al Atlántico queda, pues, amenazada.
En 2007 el presidente y comandante Chávez afirmó que la reclamación venezolana se inició “por presiones de Estados Unidos para desestabilizar el gobierno comunista de Chaddy Jagan”. Se introduce de esta manera el condimento ideológico que desnaturaliza el fondo de lo debatido en este delicado asunto. Posteriormente, el gobierno de la República Cooperativa de Guyana inició una serie de atropellos a la soberanía de Venezuela, al incursionar agresivamente en nuestro espacio marítimo. Esto fue denunciado por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales el 1° de octubre de 2013. Por fortuna, en ese mismo año la Armada venezolana -en un acto que merece ser reconocido- detuvo unas embarcaciones que hacían estudios petroleros en el área en reclamación.
En el presente el conflicto es más complejo en vista de la demanda propuesta en marzo de 2018 por Guyana contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia para judicializar el caso y separarse del camino trazado en el Acuerdo de Ginebra. Guyana mantiene la misma línea argumentativa sostenida por el Reino Unido, de la cual es heredera en esta controversia.
Así las cosas, llegamos a la audiencia preliminar celebrada el pasado 30 de junio en la Corte Internacional de Justicia, sin la participación de Venezuela. El régimen envió un memorando en el cual ratifica la tradicional posición de nuestro país de resolver la disputa sobre la base del Acuerdo de Ginebra. Un memorándum de esta naturaleza debe ser producto de una discusión amplia entre todos los sectores venezolanos. Las universidades, las academias, los internacionalistas con experiencia en este conflicto, los partidos políticos de todas las tendencias junto a la Fuerza Armada no deben quedar al margen de un texto como el referido. Es un asunto de Estado que no puede estar salpicado de intereses ideológicos que obnubilan el entendimiento. Hay venezolanos con experiencia y conocimientos en esta materia que deben ser consultados.
Y aquí cabe destacar la falta de comparecencia de nuestro país a la antes referida audiencia preliminar del 30 de junio. Venezuela ha podido presentarse para invocar sus argumentos en defensa del Acuerdo de Ginebra, sin que ello signifique aceptar la competencia de la Corte Internacional de Justicia: la asistencia no equivale a reconocer la competencia del tribunal. El debate oral ha podido ser aprovechado para exponer a los jueces los claros títulos y argumentos que posee el país. Se perdió la oportunidad de hablar alto y claro.
Tampoco se puede dar la espalda a los valiosos aportes de distintos venezolanos que se han ocupado del asunto del Esequibo. Los sacerdotes jesuitas Hermann González Oropeza, Pablo Ojer y José Del Rey realizaron investigaciones seminales sobre los títulos que posee Venezuela sobre la zona en reclamación. No en balde, Rómulo Betancourt nombró a los dos primeros asesores de la Cancillería sobre el tema del Esequibo. En la defensa de Venezuela no pueden omitirse estos valiosos materiales. El Instituto de Investigaciones Históricas Hermann González Oropeza de la Universidad Católica Andrés Bello tiene mucho que aportar en esta faena.
Venezuela no está libre de riesgos por la posición pública y notoria del gobierno cubano de apoyo a Guyana. En efecto, el castrismo no ha vacilado en exponer su posición desde hace años. Así ocurrió con la declaración del canciller cubano Ricardo Alarcón, quien el 7 de octubre de 1981 afirmó: “El reclamo venezolano es prueba de expansionismo y Guyana tiene pleno derecho a gozar de su entero territorio con plena libertad”.
Estamos ante un asunto vital para la integridad territorial de Venezuela, en el cual no puede haber margen para la improvisación, ni la inacción, ni para someter los intereses del país a sectarismos excluyentes. Esto también es materia que atañe a la seguridad de la nación; tarea que corresponde a un trabajo mancomunado entre el Estado y la sociedad civil, como lo postula el artículo 326 de la Constitución.
Cuando Marcos Falcón Briceño pronunció las palabras de apertura en la sesión de la ONU del 12 de noviembre de 1962, el presidente de Venezuela era Rómulo Betancourt, que lideraba un gobierno en camino a consolidar la democracia. Para ello, tuvo que enfrentar -y derrotar- los sucesivos ataques del castrismo contra Venezuela, que deseaba apoderarse de nuestro petróleo. El sistema político gozaba de prestigio y las Fuerzas Armadas apoyaban sin vacilar al gobierno y a la democracia. La voz del canciller tenía el respaldo de un país unido sobre un tema estratégico de interés general.
Ahora la situación es distinta en vista del desconocimiento de las democracias occidentales a Nicolás Maduro. Vivimos una crisis política permanente sin respiro ni reposo. La división interna, la falta de libertad y la permanente zozobra de la vida cotidiana debilitan la posición venezolana ante Guyana. Se repite una situación semejante a la que vivió el país al momento de la firma del fatídico Laudo de París.
La disputa con Guyana atañe al más elevado interés estratégico nacional. Es un asunto de Estado que no puede manejarse sobre la base de dogmas ideológicos e interese políticos particulares y excluyentes. Es momento de que la dirigencia política conozca y reconozca la estrategia sobre el Esequibo de Marcos Falcón Briceño, el canciller de Rómulo Betancourt.