El Carnaval 2024 ha sido especial para el país, por una parte, alegrías en el ámbito deportivo y en la otra decepción y malestar ante la reiterada persecución y amedrentamiento a la disidencia política, ejercida como demostración de abuso infinito del poder, orientada a generar la percepción de invencibilidad y de permanencia eterna al mando de un país cuya mayoría los repudia.
En efecto el gentilicio venezolano se regocijó con el triunfo de los Tiburones de La Guaira en la 66ª Serie del Caribe, histórica por haberse realizado en Miami con un masivo apoyo latino que resaltó ante el mundo la presencia del beisbol del Caribe, además del disfrute reforzado por haber alcanzado Venezuela su octava corona tras su última conquista en 2009.
Esa inmensa satisfacción ha sido empañada con la reafirmación de las políticas dictatoriales en pleno asueto de Carnaval, al detener a la reconocida luchadora de los derechos humanos Rocío San Miguel, digna representante de la ONG Control Ciudadano, orientada a preservar los valores de la institución militar y defensora de los militares presos por exigir el respeto y cumplimiento de la Constitución. Siendo característico de un régimen que actúa en las sombras, siempre al acecho de los asuetos de Carnaval, Semana Santa, fechas patrias para asestar golpes a la ciudadanía y a la democracia.
En el caso de Rocío San Miguel, se le imputan los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación en la trama conspirativa contra el gobierno de Nicolás Maduro, denominada “Brazalete Blanco”.
Con la aplicación de estas nefastas prácticas señaladas como la puerta giratoria, levantan falsos expedientes para primero apresar y luego según el caso “liberar” bajo medidas cautelares insólitas, como lo han hecho recientemente con los 6 sindicalistas, a quienes en la práctica le han asignado casa por cárcel, y posteriormente mediante la siembra de planes conspirativos le asignan carta blanca al fiscal general y al aparato judicial para detener discrecionalmente a quien desee condenar ilegalmente.
Ahora bien, esta puerta giratoria la extienden a familiares, quienes son retenidos y obligados a “confesar delitos” para presionar al acusado a entregarse. En el caso de Rocío San Miguel detuvieron a su hija y a su grupo familiar, lo que multiplica el drama de la operación del terror orquestada por el fiscal general Tarek William Saab bajo órdenes presidenciales.
En resumidas cuentas, tenemos acá en pleno siglo XXI una reproducción del jefe de la Gestapo del Tercer Reich Heinrich Himmler, quien implantará bajo las órdenes del Führer, una política centralizada y fuerte conocida como la Sippenhaft o Sippenhaftung, cuyo entramado jurídico señalaba al acusado de crímenes contra el Estado, extendiendo automáticamente su responsabilidad penal en igual medida hacia sus parientes, de modo que tales familiares del acusado eran considerados igualmente culpables y arrestados en consecuencia.
¿Qué pretende la tiranía?, ¿acallar las ansias de cambio de la mayoría de la población? Será inútil, desde 2014 se acentuó la protesta cívica cruelmente reprimida con la muerte de 4 decenas de jóvenes, quienes ofrendaron sus vidas por la libertad, con el mismo talante continuaron las movilizaciones en 2017 reforzadas con la consulta popular en julio de ese mismo año, para finalmente en 2019 respaldar con apoyo masivo al fallido gobierno interino.
En esta oportunidad hubo un hecho sustancialmente diferente, al realizarse con el apoyo de más de 3 millones de ciudadanos, expresados en las elecciones primarias en octubre 2023, al elegir libremente a María Corina Machado como candidata opositora con 92% de los votos emitidos.
Estos son los hechos que la dictadura no puede borrar ya que, en los genes del pueblo venezolano, está arraigado el deporte como un elemento fundamental de identidad nacional, y al mismo tiempo en nuestra genética también la democracia es esencial para nuestra existencia.
Estas cualidades prevalecerán en la reconquista de nuestras libertades y en la exigencia de liberación inmediata de Rocío San Miguel y su familia y el cese de utilizar expedientes falsos para incriminar a ciudadanos cuyo delito es exigir un país de libertades establecido en nuestra Constitución.
Por tanto, apoyamos plenamente las peticiones de Amnistía Internacional de “exigir respeto a la integridad física y psicológica de Rocío San Miguel y sus familiares, su acceso a abogados, respeto a su derecho a la defensa y protección ante los malos tratos y tortura”.
Exigencia oportuna ante la solicitud expresa del carcelero mayor del régimen Tarek William Saab, quien solicitará en los próximos días ante el Tribunal contra el Terrorismo “medida privativa de libertad contra la abogada y activista de derechos humanos, Rocío San Miguel”.
En definitiva, todas estas acciones intimidatorias de la dictadura demuestran el pánico al mar de fondo que se desata en todas las capas de la población ansiosa de un cambio definitivo en el destino de nuestro país.