Las medidas unilaterales adoptadas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países en contra de funcionarios y otros allegados al poder en Venezuela constituyen una legítima medida de presión a un régimen que viola de manera sistemática y generalizada los derechos humanos y que participa en actividades delictivas transnacionales que amenazan, sin duda, la estabilidad y la paz internacionales.
La cuestión que se plantea es si esas medidas, mal llamadas sanciones, han sido o no efectivas, es decir, si lograron su objetivo y si deben mantenerse o fortalecerse algunas o todas o ninguna. Pero antes debemos hacer dos precisiones. En primer lugar, que estas medidas unilaterales son legítimas y ajustadas al derecho internacional, aunque el régimen las considere “medidas unilaterales coercitivas” y las haya calificado de actos constitutivos de crímenes de lesa humanidad, como lo afirmara en la remisión que hiciera a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, el pasado 13 de febrero, en la que solicita que se abra una investigación para determinar que autoridades de Estados Unidos habrían cometido un crimen de lesa humanidad en contra del pueblo venezolano, una “denuncia” sin fundamento, más bien parte de una estrategia, que busca distraer la atención y complicar el Examen Preliminar que lleva la Fiscalía desde hace más de un año para abrir la investigación formal y establecer la responsabilidad penal individual internacional de quienes han participado en los odiosos crímenes realizados en el país estos años. Y, en segundo lugar y eso más claro aún, el desastre que nos agobia, la quiebra del país, la miseria en que vivimos, la crisis humanitaria compleja que atravesamos no se debe a las llamadas sanciones unilaterales. La responsabilidad es exclusiva del régimen de Maduro y antes de Hugo Chávez, los que deliberadamente decidieron destruir el país y refundarlo en base a principios e ideologías fracasadas.
Las medidas unilaterales o “sanciones” adoptadas hasta ahora han sido principalmente individualizadas, para sancionar a los incursos en violaciones de derechos humanos, en crímenes internacionales y en actos de corrupción y otros que alteran el orden internacional. Otras medidas de alcance más amplio se han adoptado también para sancionar a quienes mantienen relaciones comerciales o financieras con la dictadura, lo que excluye, como sabemos, la compra de medicinas, alimentos y otros bienes de primera necesidad.
El efecto de las medidas individualizadas es innegable. Los señalados del régimen se han visto acorralados y en algunos casos han decidido “cooperar” para liberarse de ellas. Se han visto privados de sus bienes, mal habidos desde luego y de las visas y residencias en muchos países. Distintamente, las medidas más amplias no han tenido la misma efectividad y ello por cuanto otros factores, especialmente internos, que tenían que haberse concretado, no se lograron.
Las medidas individualizadas deberían no solo mantenerse, sino fortalecerse para perseguir a los incursos en delitos contra las personas, a los que desde el poder se han enriquecido, a quienes han simplemente destruido el país y que participan, como sabemos, en actividades transnacionales ilícitas muy peligrosas, como el narcotráfico, la extracción y comercio ilícito de materiales estratégicos, apoyo al terrorismo, entre otros. Y ello, insisto, tiene una fundamentación jurídica incuestionable. Todos los Estados tienen el derecho y, diría más allá, el deber de exigir a los regímenes que violan las normas fundamentales de derecho internacional, las normas superiores o de orden público, como las relativas a los derechos humanos.
Las medidas de aplicación general por su parte tendrían que ser evaluadas con más detenimiento. Sus efectos más que al régimen, dadas las circunstancias internas inconclusas, han afectado a los venezolanos en general lo que podría, contrariamente al objetivo planteado inicialmente con su adopción, favorecer al régimen que de nuevo se “victimizaría” ante la comunidad internacional, por las “acciones imperialistas” que impiden el funcionamiento de la industria petrolera, la producción de alimentos, en pocas palabras, como lo dicen en su escrito dirigido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, víctima de “medidas unilaterales coercitivas” que constituyen un crimen de lesa humanidad.
En conclusión, las medidas individualizadas deben mantenerse y más allá, fortalecerse; mientras que las de alcance general, sin pensar en su retiro o suspensión, más bien en su graduación o ajustes intentando un equilibrio justo entre la necesaria presión a la dictadura, hasta salir de ella y el sufrimiento de los venezolanos, en medio de la crisis humanitaria compleja que nos golpea. Las medidas deberían pues ser evaluadas con detenimiento para determinar la conveniencia o no de todas o de algunas y si contribuyen hoy o no con el cambio que todos aspiramos en el país o si por el contrario resultan inefectivas y fortalecen al régimen que “victimizado” rescata el apoyo de las izquierdas cómodas e interesadas que buscan más que enfrentar al “imperio”, destruir los principios y valores en los que se funda la democracia, la libertad y la dignidad.