Exponer las finanzas del Estado a un nueva presión es la última ocurrencia del presidente Gustavo Petro y con ello endeudar más a Colombia. Fue su director de Planeación, Jorge Iván González, el encargado de proponer una modificación de la “Regla Fiscal” y ello ha generado alarma entre todos los expertos en finanzas públicas y entre exministros, congresistas y economistas acostumbrados a lidiar con los presupuestos y cifras nacionales. El común de los ciudadanos no es capaz de discernir lo que ello significaría ni tampoco imaginar las consecuencias para la economía nacional.
En dos palabras, la “Regla Fiscal” fue establecida veinte años atrás y fue plasmada en una ley, la Ley 819 en Colombia, que se puso en ejecución para garantizar la estabilidad económica y fiscal de la nación dentro del largo plazo. Esta es una norma frecuente en cualquier ordenamiento de la mayor parte de las naciones. Ella establece los límites y las reglas dentro de los cuales puede desarrollarse el gasto público y el endeudamiento del gobierno, en función de su impacto sobre el producto interno bruto nacional. Pura sanidad fiscal y nada más…
Pues es bueno saber que la administración colombiana actual ha estimado que tales normas resultan ser inflexibles y que configuran una camisa de fuerza que no están dispuestos a portar. Colombia a esta hora tiene una deuda externa de 86.850 millones de dólares, lo que representa 55% del valor de su PIB.
Hasta el presente tales restricciones trabajan a favor de que en los períodos de desaceleración económica sea posible, por parte del gobierno, incrementar el gasto público o el endeudamiento y de no permitirlo cuando el viento sopla a favor, es decir, en las épocas de holgura y de crecimiento. Todo ello con el propósito de que el gobierno pueda actuar en momentos de crisis económicas. A lo que aspira la administración Petro es a poder hacer crecer la deuda por la formulación y ejecución de proyectos de carácter ambiental, pero al mismo tiempo hacer que ellos sean descontados del servicio de la deuda externa. Está de más decir que este último elemento no ha gozado de buena acogida en los círculos internacionales en cada ocasión en que el presidente ha sacado a relucir su talante ambientalista.
Adonde apunta es que a los gastos de transición energética del país no sean contabilizados como gastos públicos de inversión corriente para poder incluirlos dentro de los endeudamientos de la nación. De una manera errónea y tendenciosa pretende presentar al “gasto verde” como una inversión reproductiva en los años por venir, lo que está lejos de ser una realidad comprobable. De acuerdo con los expertos gubernamentales, los “recursos que se destinen a salvamento de activos ambientales, que tienen beneficios futuros enormes, no deben ser introducidos como una parte del gasto de la inversión corriente. Ellos deben excluirse para generar un margen fiscal un poco más amplio”.
No es necesario agregar que en Colombia, al igual que en cualquier otra latitud, estos elementos que tienen que ver con un manejo cuerdo de las finanzas públicas son observados con lupa por los inversionistas tanto nacionales como foráneos y que las calificadoras de riesgo y los acreedores externos acuerdan especial importancia a los mismos a la hora de determinar la prima de riesgo y la elevación del costo del endeudamiento nacional. Ni hablar del efecto sobre el endeudamiento del país que a la hora actual ya ha atravesado los límites de la prudencia.