Las alarmas permanecían encendidas desde que Alberto Fernández afirmó en abril de 2022 que los problemas de Venezuela “se han ido disipando con el tiempo”. Eso fue visto como un intento de ocultar la realidad para echarle una mano al régimen de Nicolás Maduro, investigado por crímenes de lesa humanidad.
Pero el plan de Fernández, que buscaba aprovechar la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), pareció comenzar con mal pie porque Ecuador se mostró cauto entonces sobre el intento del presidente de Argentina de aceitar el vínculo con el gobierno de Maduro, ansioso por conseguir reconocimiento internacional.
Por eso todo desembocó en un amplio rechazo de la oposición argentina y el exilio venezolano con el fin de impedir la visita del chavista a Buenos Aires para asistir a la VII Cumbre de la Celac el 24 de enero. Su historial de violación de derechos humanos y el apoyo de sus amigos kirchneristas afectan un asunto particularmente sensible en Argentina: miles de detenidos-desaparecidos durante la dictadura militar que sembró el terror en esa nación entre mediados de la década de los setenta y principios de los ochenta, y el proceso contra los responsables en los juicios de lesa humanidad.
Maduro denunció un “plan de agresión”, pero en Argentina dicen que no fue a ese país por miedo. Lo cierto es que el anuncio del jefe del régimen chavista de cancelar su visita ocurrió después de que se supo que la exministra de Seguridad Patricia Bullrich tenía previsto denunciarlo a la DEA para que fuera detenido al llegar a Buenos Aires por ser jefe del Cartel de los Soles.
Bullrich, que había pedido antes que la justicia argentina actuara para detener a Maduro por haber cometido crímenes de lesa humanidad ―como ocurrió con Pinochet en Londres, en 1998―, argumentó que las oficinas de la DEA en Argentina podían operar en relación con la persona que tiene pedido de captura para ser extraditada a Estados Unidos por narcotráfico.
La exfuncionaria basaría su denuncia ante la agencia antidrogas norteamericana en un acuerdo de seguridad entre Argentina y Estados Unidos en 1998. Este hecho recuerda que en marzo de 2022 una jueza de la nación sureña libró una orden de captura contra Diosdado Cabello ante la sospecha de que este intentaría entrar a ese país por la provincia de Jujuy, en la frontera con Bolivia. Un alerta con su fotografía señalaba que “tendría pedido de captura por parte de Estados Unidos”, en una causa en la que está acusado de narcotráfico.
Fiscales estadounidenses como Ariana Fajardo, conocida como la fiscal del Cartel de los Soles, han dicho que la formulación de cargos contra Maduro y su organización criminal es solo el comienzo de su esfuerzo para “sacar de raíz la corrupción en Venezuela”.
El brazo largo de Estados Unidos ha apuntado ya en esa dirección con la captura de Alex Saab en 2020 y las sanciones del Departamento del Tesoro contra los hermanos Santiago José y Ricardo José Morón Hernández, todos señalados testaferros de Maduro y su familia, ahora con más motivos para mantenerse despiertos por las noches.
Porque no se trataría de “cháchara”, tampoco de “intentos torpes, desesperados”, sino más bien de golpes certeros de la justicia estadounidense, que por lo demás no parece dispuesta a cumplir la exigencia del régimen venezolano ―revelada por Nicolasito en diciembre― de que se le quite “el precio por la cabeza” de Nicolás Maduro (15 millones de dólares) impuesto en 2020 por Washington para conseguir información que condujera a su arresto o enjuiciamiento. Y probablemente eso cause aún más miedo.