Como si estuviera hablando informalmente del clima o de la belleza del paisaje venezolano, Maduro ha dicho inesperadamente, en una de sus peroratas, que su régimen va a ofrecer en venta, en la bolsa de valores, hasta 10% de las acciones de las empresas públicas; que la oferta comenzaría de inmediato y que habrá sorpresas por la cantidad de inversionistas interesados en ellas. ¿Qué dijo? ¿Oí bien? Si, si lo dijo. Está en las redes sociales.

En mi experiencia con programas de privatización, primero en Venezuela, comenzando la década de los noventa, y luego con el Banco Mundial en la asistencia a países de América Latina, Asia, el Medio Oriente y Europa Oriental, nunca vi nada igual. Nunca oí un anuncio sobre esta materia, hecho de una manera, digamos tan ligera, por usar el término más benigno posible.  Las propuestas de privatización de empresas públicas, sea en el grado que sea, se consideran de las reformas estructurales más profundas que puede adelantar un país. Se trata nada más y nada menos que de una redefinición del papel del Estado y del sector privado en la economía. Se trata de la transferencia de activos públicos, es decir, activos que pertenecen a todos los ciudadanos de un país. Por ello, lo usual es que, primero, las transacciones específicas que se plantean estén insertas en un programa de reestructuración de las empresas y activos del Estado que define objetivos, estrategias, metas, modalidades, marco institucional para adelantar el proceso, entre otros elementos. Es decir, una propuesta integral de apertura al sector privado. En segundo lugar, estos programas de privatización vienen acompañados de otras políticas y estrategias que los contextualizan y complementan. Por ejemplo, se anuncia la revisión de los marcos regulatorios que gobiernan los sectores donde operan las empresas que se van a abrir al sector privado. El que va a comprar acciones de una empresa, digamos eléctrica, necesita saber lo que se piensa hacer con el cuerpo legal y regulatorio que rige para ese sector; por ejemplo, si habrá ajuste o liberación de las tarifas.

Particularmente extraño es la propuesta de comenzar la apertura de empresas públicas en situación tan precaria, mediante la venta de un pequeño porcentaje de sus acciones en la bolsa de valores, porque se trata de empresas que, con la excepción de algunas muy pocas de propiedad mixta que son manejadas por el socio privado, la inmensa mayoría de ellas son gerenciadas por el Estado y, es en gran medida debido a ello, que se encuentran en tan lamentable situación. Invitar a alguien a que se haga socio minoritario de esas empresas, es invitarlo a adquirir y hacerse parte del desastre, sin ningún poder de decisión ni definición sobre cómo esa situación se va a superar. Usualmente lo que hacen los gobiernos con las empresas en situaciones parecidas es que, primero, buscan un inversionista estratégico calificado que adquiere el control de la empresa con la compra al Estado de un porcentaje accionario significativo, digamos de 40% o 60%, y luego que eso ha ocurrido, que la empresa ha pasado a manos del nuevo socio operador, se procede entonces a colocar otro porcentaje accionario en la bolsa de valores. El que compra esas acciones estará apostando a un futuro más atractivo basado en la nueva situación de la empresa y su entorno. Por cierto que, para elegir ese inversionista estratégico, se suelen realizar licitaciones abiertas, para lo cual se califica técnica, financiera y moralmente a los participantes. Por supuesto, de eso no hemos oído y es de suponer que no oiremos decir nada.

Otro elemento extraño del anuncio realizado es que se supone que las empresas que van a cotizarse en la bolsa están obligadas por regulaciones bursátiles elementales y universales a contar con una valuación y a hacer públicos sus estados financieros, que han de estar debidamente auditados y al día, cosa que ni Pdvsa lo tiene. Ello es así para protección de quienes compran acciones de esas empresas. Resulta que las empresas públicas venezolanas son en su casi totalidad enormes cajas negras, donde ni siquiera quienes las dirigen o trabajan allí conocen su verdadera situación financiera, ni tienen idea de lo que valen.  ¿Qué van a hacer? ¿Se saltarán esas regulaciones? Y si lo hacen, ¿se atreverá alguien a comprar acciones de una empresa sobre cuya situación financiera no tiene ni la menor idea? Tal vez depende de lo que se esté cocinando atrás.

El asunto es que el anuncio de Maduro vino descolgado, sin ningún marco de referencia, sin ningún set de políticas o estrategias que lo acompañara, aunque sea para guardar las apariencias. Nada de nada. ¿Qué puede explicar eso? ¿Qué puede estar detrás de esa movida? Pienso en cuatro posibles explicaciones, no necesariamente excluyentes entre sí:

  1. Ingenuidad/Ignorancia/Improvisación/Piratería. Alguien le ha estado hablando a Maduro del tema y simplemente, un día lo recordóy lanzó la idea a la ventolera. No sería la primera vez que el personaje, como lo hacía Chávez también, hable sobre ideas, proyectos, que al final terminan siendo humo, quimeras. Lo ha hecho innumerables veces.
  2. Continuación del avance caótico hacia la “liberalización” económica. Ya lo sabemos. Después de muchos años de autoritarismo, estatizaciones, destrucción y plata robada, el régimen ha venido dando un giro hacia una suerte de capitalismo salvaje. Eso incluye, por ejemplo, la liberación no formalizada de precios, de importaciones y la dolarización. El anuncio al que nos estamos refiriendo iría en la misma dirección. Lo que se propone se haría tan caóticamente como se ha hecho todo lo demás. En su esfuerzo por mantenerse en el poder a como dé lugar, el régimen no tiene problemas en adoptar ninguna práctica, pertenezca esta al ámbito ideológico o económico que sea.
  3. Un ejercicio propagandístico, de mercadeo. Se trataría simplemente de un ejercicio más para decirle al mundo que el régimen está abierto a la inversión privada, que estamos en una nueva fase, que Venezuela se arregló, que las sanciones internacionales no se justifican. Y, finalmente, la cuarta posible explicación:
  4. Anuncio calculado para abrirle la puerta a negocios y operaciones que vienen más atrás y de los cuales se beneficiarían, en primer lugar, los enchufados y oligarcas del régimen. Entre otras cosas, estos cuentan con fortunas amasadas en esa suerte de acumulación originaria que han sido todos estos años para ellos, y que necesitan salida y ser lavadas. ¡Dame 8% de esta, 7% de aquella, 4,5% de la que se ve por allá, escondidita! Por los estados financieros y la valoración de la empresa no te preocupes, fijamos cualquier precio. Después nos arreglamos. Después ampliamos los porcentajes de venta y les entregamos el control. Una variante de esta conjetura es que debido a la enorme necesidad que el dilapidado tesoro público tiene de plata, la compra de esas acciones tenga cierta naturaleza compulsiva. Los oligarcas y enchufados estarían obligados a comprarlas. A cambio le entregarían, como recibo, una servilleta firmada por Maduro y seguirían bajo la protección del régimen. El problema que tiene esta hipótesis explicativa número cuatro es que en verdad el régimen no tendría necesidad de dar toda esta vuelta para entregarle las empresas del Estado a quien quisiera, incluidos los enchufados y oligarcas del régimen, o para sacarles plata. Para vender las empresas no tienen que hacer licitación ni nada parecido. Se auto otorgaron una ley, la llamada antibloqueo, que les permite transferir la propiedad de activos públicos en total secreto. Ya han realizado algunas privatizaciones en ese estilo. El estilo de la privatización rusa, por cierto. Teniendo esto en cuenta, tiendo a pensar que la explicación del anuncio puede ser una mezcla, principalmente de las tres primeras hipótesis, lo cual no excluye elementos de la cuarta.

 


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