Con la torpeza que lo caracteriza, Maduro ha escogido ejercer la presidencia de la nación ignorando por completo las normas constitucionales, feroz confrontación contra la disidencia y la sumisa total entrega de la soberanía del país a intereses foráneos; actitudes utilizadas por él como la forma de hacer y entender la política.
En tal sentido, además de los ya conocidos frentes de controversia abiertos por su gobierno en el contexto internacional y en el plano interno, se suma ahora el empeño de imponerle al país la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, todavía no explicados adecuadamente sus alcances y mucho menos entendidas por los ciudadanos sus consecuencias. Concebida, por el régimen, para no reconocer la destrucción que ha causado de la economía nacional, evadir las sanciones internacionales que obran en su contra, favorecer ilegalmente a los grupos que le son leales, apropiarse ilícitamente de los bienes y activos de la nación, inaplicar normas de rango legal o sublegal que impidan al régimen llevar a cabo determinadas acciones e implementar medidas que faciliten sus gestiones entreguistas y depredadoras. Pretende, entonces, la sustitución de numerosos disposiciones contempladas en la Constitución Nacional por una entelequia llena de ambigüedades, secretismo, incertidumbre, entrega subrepticia de los activos de la República a quienes el régimen designe a dedo, además de hacerlo, sin información pública ni las tareas de contraloría que debe ejercer la Asamblea Nacional legítima. Igualmente, la nueva jugarreta gubernamental trata de ocultar al país la incapacidad actual de la economía venezolana de generar y proveer a la población de los bolívares y divisas necesarios para atender sus necesidades.
Asimismo, el régimen busca denodada e irresponsablemente agenciar ingresos, mediante la venta de todos los bienes y activos propiedad de la República, es decir, ello significará, en ciertos casos, la entrega a gobiernos extranjeros, en exclusividad, tanto, la explotación de importantes recursos naturales, como, la realización de proyectos de diversa índole en los que no tendrá cabida la participación de la inversión privada nacional.
Desde esa óptica, el programa que el régimen subrepticiamente negocia y las políticas públicas asociadas se orientan fundamentalmente a satisfacer los requerimientos del inversionista en lugar de haber sido concebido para recuperar los equilibrios macroeconómicos perdidos de la economía nacional; por tanto, el referido programa, vistas la opacidad de sus fines, sus limitaciones conceptuales, su vaguedad y los condicionamientos exigidos, lo más probable es que contribuya a profundizar aún más los desequilibrios mencionados a un costo creciente per cápita, mayor control gubernamental a la ciudadanía.
A nuestro juicio, estas son algunas de las razones fundamentales que explican la urgencia del gobierno para contraer, sin el debido análisis y la obligatoria aprobación legislativa constitucional, tan inconveniente y oneroso programa. Pretender financiar los errores y omisiones de una pésima gestión de gobierno que ha significado enormes costos para el país y sus ciudadanos en un ambiente de franco deterioro del liderazgo gubernamental y de profundo malestar, desconfianza y decepción colectivas por la falta de probidad y realizaciones del gobierno es una empresa de gran envergadura que demanda grandes recursos de financiamiento que el régimen no dispone. En consecuencia y ante el inminente riesgo de perder el poder, el gobierno con la falta de escrúpulos que le caracteriza ha decidido imponer por vía de la fuerza, que no de la racionalidad, las acciones que le garanticen un determinado flujo de caja para sus actividades sin importarle los costos y las consecuencias económicas y sociales asociadas a la asunción de tales medidas. Es evidente que los organismos responsables de la gestión financiera pública deberían oponerse a tal desaguisado, pero, como la independencia de poderes no existe, el régimen seguirá actuando con total impunidad y misterio.