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Luego de los hechos acaecidos en Trinidad y Tobago en el que lamentablemente perdió la vida un niño venezolano, he insistido y seguiré pidiendo en la Asamblea Nacional para presentar un Proyecto de Acuerdo que sea llevado por una Comisión a la embajada de dicho país.

Sin embargo, no me he quedado cruzado de brazos, razón por la cual el pasado 11 de febrero acudí al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores a presentar una propuesta al canciller Félix Plasencia para que se conforme una Comisión Binacional que aborde la problemática con el sentido de cooperación que ha caracterizado nuestras relaciones internacionales, en la que debemos tener claro que por primera vez en décadas, la población de Venezuela es decreciente. En contraposición, Trinidad y Tobago es al día de hoy el país más rico del Caribe en términos de PIB per cápita, haciéndolo atractivo como destino migratorio.

Al haber pasado una semana sin respuesta alguna por parte del ministro, sumado a la infame declaración del primer ministro Keith Rowley, tomé la decisión de acudir el pasado 18 del mes en curso al despacho del defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, para solicitarle que intervenga en lo que tiene que ver con educación migratoria, tomando en consideración que no es solo desde el Delta Amacuro donde salen compatriotas a otras tierras, es Güiria en el estado Sucre, también desde Falcón, Nueva Esparta y Zulia.

De la misma manera, el mismo viernes 18 de febrero como representante del pueblo venezolano me apersoné en la sede del Ministerio Público a pedirle al fiscal general de la República, Tareck William Saab, que abra una investigación sobre el presunto tráfico de personas que explota los deseos de emigrar de muchos venezolanos, en dicha misiva le exigimos que se clarifique, entre otras cosas quién o quienes dejaron zarpar la lancha insensatamente atacada por una nave armada de Trinidad y Tobago.

Lo cierto es que tanto el Ministerio Público, como la Defensoría del Pueblo tenían que haber actuado inmediatamente, porque sencillamente la denegación del derecho a la vida de migrantes es un acto de defensa a la soberanía, que como consagra la Constitución nacional reside en el pueblo. Hay que recordar que no es la primera vez que las autoridades trinitarias demuestran su xenofobia y profundos prejuicios hacia los migrantes venezolanos con actuaciones criminales que deben ser investigadas para castigar a los culpables de estos abominables actos.

Urge ocuparse de la diáspora y de las graves condiciones a la que es sometida en muchos países. Pudiera mencionar un sinnúmero de casos, como por ejemplo hace 3 años cuando desapareció una embarcación en el estado Falcón, en la que iban 32 compatriotas, entre ellos un joven de apenas 15 años. Desde Unidad Visión Venezuela seguiremos alzando nuestra voz. Hay que evitar que sigan ocurriendo hechos como este, que ponen en evidencia la apatía del Estado hacia la tragedia que enfrentan nuestros venezolanos en muchos lugares del planeta.

Migrar no significa ni la pérdida de la nacionalidad ni la desaparición de la responsabilidad del Estado venezolano hacia connacionales, que por la razón que fuese decidieron probar suerte en otras latitudes.

Urge no solo una declaración por parte del gobierno nacional, sino una acción contundente que nosotros estamos dispuestos a acompañar con toda vehemencia. Se trata de la vida de nuestros connacionales. Razón por la que queremos invitar a que demos una respuesta categórica de todo un país unido alrededor de la solidaridad que debe existir entre venezolanos.

En resumen, que demostremos con hechos y no palabras que nos mueve realmente el compromiso con nuestra gente en alcanzar para todos una mejora sustancial en la calidad de vida.

@OmarAvilaVzla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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