No es propósito distraer a los que puedan leerme sobre lo dicho en forma reiterada: que Maduro, si en verdad reunió las condiciones para aspirar a la presidencia de la República, lo cierto es que no ha demostrado capacidad para ejercerla como dispone la Constitución. Lo que me fuerza a sostener que ha hecho abstracción al principio de “responsabilidad”, cual no puede constituir un decir más, dado que se inserta como un principio de fundamental importancia en la vida constitucional de la República, que obliga al Poder Ejecutivo a tener sus actos en todo momento sometidos a la crítica de funcionarios distintos a aquellos con los cuales se desempeña en función de gobierno. Todo entendido en la vida constitucional como la función más hermosa del Estado, de cumplimiento real que hace más efectiva la moral política.
Maduro ex profeso se ha negado a aceptar que existe un verdadero principio de incompatibilidad, entre las funciones ejecutivas y legislativas. Estas últimas las ignora, nos retrotrae al absolutismo político al entreguismo colonial hacía Cuba; ahora con Irán, esta última de cultura muy distante a la nuestra, que no respeta los derechos de las mujeres a ejercitarse en las actividades que pone a su disposición la democracia, en igualdad con los hombres.
Venezuela dejó de ser la nación próspera dado el avance económico y social, con calidad de vida excepcional, con una industria petrolera nacionalizada, la que impulsó en la OPEP la participación en condición de respeto de los países petroleros no afiliados. Que impuso e hizo valer el valor del petróleo a los países industrializados, entre ellos Estados Unidos. Que instaló refinerías, para la autonomía del precio. Que hizo que el petróleo y el gas fueran procesados conjuntamente, no en la forma de explotación parcial como se venía haciendo antes de la nacionalización de nuestra principal fuente de producción. Maduro se ha alzado contra la Constitución, ignora su obligación de ser un gobernante responsable, que está obligado a rendir cuentas de sus actos al poder representativo de la opinión y la voluntad del pueblo, como lo es la Asamblea Nacional. Maduro, es bueno decirlo por cuanto los hechos lo evidencian, ha hecho valer un solo poder el gobernar en forma absoluta. Concentra todas las facultades en sus manos. Nos retrotrae al atraso feudal. Dispone de toda clase de mañas. Se vuelca en forma perniciosa, caprichosa de autoridad absoluta reviviendo la barbarie autoritaria, decimonónica con precavida y malsana intención. Todo lo hace con un palabrerío de abundante charlatanería. Obsesionado por la incontrolable ambición de poder se da por no entender que la democracia, para ser democracia desde el punto de vista constitucional, por dialéctica se conforma de la siguiente manera: un poder que manda, gobierna y un poder que legisla y controla. Maduro al no entenderlo, al alzarse contra ello, se hace responsable e enjuiciable por no cumplir las obligaciones del Estado.
El Estado por mandato de la Constitución, no por exhortación, debe proteger a la familia, la vivienda, la educación. Se encuentra obligado sin diferenciación de clase social a resarcir los daños por culpa o negligencia de sus funcionarios. Tal precepto nos lleva a preguntarnos: ¿ha cumplido Maduro con tal mandato? Evidentemente que no. ¿Qué pasa cuando el Estado no cumple con las obligaciones que le impone la Constitución como mandato? Indudablemente, tiene que haber responsable. Por lo que a partir de 2018, cuando Maduro mediante una ANC espuria se hace reelegir, los actos que ha dictado lo ha hecho en menoscabo de la Constitución y la ley. Son nulos.
Muerto el militar golpista Hugo Chávez surge como su albacea Nicolás Maduro, quien hasta ahora se ha venido desempeñando en la Presidencia de la República sin solución de continuidad. No hemos de explicar razones sobre su ascenso al poder, haríamos tedioso lo escrito. Pero lo cierto es que el funcionario que no cumpla con las obligaciones del Estado es responsable; en especial el presidente de la nación, por no haber sido consecuente con la Constitución. Venezuela no es un decir. Refleja como verdad verdadera que con la llegada de Maduro al solio presidencial, a la administración pública, dicho en leguaje coloquial, “se la llevaron quienes la vienen administrando”. Venezuela refleja un dantesco estado de deterioro y corrupción en todos los órdenes institucionales. Es considerado en la región como el Estado de mayor pobreza y de los más bajos niveles de desarrollo humano.
Maduro durante su mandato ha hecho del poder un “coto cerrado”, con exhibición de grupos y adulantes perpetuados, entre estos cuenta un pequeño grupo de altos oficiales en servicio activo, constituidos en factores de pugnas en la controversia política. Ha gobernado para su perpetuación. Crea milicias a su antojo. No rinde cuenta de sus actos. Maduro no ha actuado como un estadista. Se encuentra distante de serlo. Con Maduro no existe la estabilización de la democracia. La impunidad de los que están a su servicio es de constancia mundial, se desempeñan a “rueda libre”. El régimen escudándose en un sentimiento de odio a Colombia la implica en nuestros fracasos –ha pretendido–. Así lo deducimos de cadenas a diario del presidente junto a los hermanos Rodríguez, que conforman el “directorio sanitario del país”, inventariar la pandemia como un saldo de la importación venida de Colombia, ignorando que los colombianos han contribuido al desarrollo agrícola y ganadero del país. A la vez que achaca la miseria, enfermedades y destrucción de toda nuestra estructura de producción. No a su gobierno: sino a la guerra, perversa de los “gringos”.
Sin duda alguna el presidente Maduro, quien recibiera el voto, por expresión soberana cuando inició su mandato, hoy suplantado por el presidente de la Cámara de diputados, por haber mediante elección impuesta por una ANC espuria hacerse reelegir en forma adelantada presidente, lo cual fuere considerado por la AN como un mandatario usurpador, carece del respaldo de más de 82% de los venezolanos, rechazado por más de 60 gobiernos del mundo, por Estados Unidos y por organismos internacionales, está, no cabe dudas; incurso en la responsabilidad prevista en el artículo 25 de la Constitución, por cuanto no ha sabido cumplir las obligaciones que por mandato del Estado está obligado a hacerlo. El presidente se ha alzado contra la Constitución. Pero se encuentra impugne. ¿Quién se atreve a pedir su enjuiciamiento, por no haber sido un funcionario que haya cumplido con la responsabilidad social del Estado? Ni el Poder Judicial. Ni el llamado Consejo Moral Republicano ni el fiscal general de la República se atreven a hacerlo. Todos estos se le han puesto a su servicios; le aprueban sus ocurrencias, entre otras, admitir que el Poder Ejecutivo no reconoce la actuación legislativa y política de la Asamblea Nacional.
Maduro durante su mandato legal por ineptitud ha sido el causante de que el Estado venezolano presente características de fallido (quebrado). Su gobierno se ha distinguido por la no preocupación por proteger al ciudadano. Ha sido un fracaso social, político y económico por cuanto como gobierno legítimo en principio, antes de la declaración de usurpación, incurrió en tal omisión. También ha sido un gobierno forajido débil e ineficaz, fracasado en su gestión. No ha respetado los derechos humanos, según el Informe Bachelet incumple las leyes y convenios internacionales que tienen como finalidad preservar el orden y la paz.
No obstante lo dicho, Maduro tiene sus mañas. La enmienda propuesta e implantada por Chávez que inserta en la Constitución la reelección presidencial continua, le inculcó la idea de perpetuarse en el poder. Todo se lo dedica a esa idea. En principio usó el diálogo e importó a Rodríguez Zapatero como su procónsul para hacerle lobby. Diálogo que usó como ficción para ocultar su perpetuación. Muchos de buena fe fueron objeto de sus triquiñuelas. Hasta los gobiernos monárquicos lo visaron. Tal propuesta resultó engaño. No acepta la proposición de un gobierno de emergencia nacional, que le ponga cese a la usurpación, que nombre un CNE independiente, según tengo entendido constituyó la propuesta del grupo opositor. Logra mediante un CNE que le es obediente permitir que se legalicen partidos escogidos a dedo y a estos les cede los canales de comunicación, les financia viajes; y les abrió el camino para constituir la llamada “Mesita” contaminada de corrupción e integrada por conversos, que pretenden hacerse pasar por opositores. Apoya a la directiva espuria de la AN, el TSJ la legaliza; y como remate, recurriendo a la omisión legislativa, nombra un CNE con un servilismo tal de los nombrados que llegan a hacerlo “mitologizado.” Solo piensa en su reelección, para ello quiere asegurarse la mayoría de la AN mediante elecciones fraudulentas, la cual le reconocerá su cualidad de presidente. Para lograr tal fin expropia a un grupo de partidos políticos, le nombra directivas ad hoc. Los integrantes de “la Mesita”, representación de la inmoralidad política, están a su servicio. El abuso de poder da para eso.
Tal atropello producto de la insania autoritaria de Maduro obliga a los dirigentes de la oposición venezolana a nacionalizar y masificar la protesta. El nombramiento del CNE no puede quedar como un hecho resuelto. Tiene que ser protestado con energía, no admite excusa de los que se presentaron para llevar a cabo tal fechoría. La expropiación de los partidos políticos tiene que demostrar el guáramo de sus dirigentes para rescatarlos. Todos estamos obligados a tomar las banderas de la unidad nacional. Esas no tienen colores, pertenecen al pueblo. Juan Guaidó debe demostrar que es capaz para conducir a la oposición. Tiene que cederle espacio con respetada participación a los sectores del país que no comparten el gobierno de Maduro ni del grupo de este. Que se hace imprescindible que haya comunicación con la comunidad. Reclamar con energía los derechos que se nos ha usurpado. La pandemia, instrumento usado por Maduro para injuriar a la oposición, no puede achicar el ímpetu revolucionario del pueblo que a diario reclama el mínimo de lo necesario para sobrevivir. La voluntad del pueblo sigue siendo la voluntad del pueblo. Contra esta voluntad no puede ningún dictador; pero quienes los dirigen, deben demostrar que tienen capacidad para imponerla. “Decir que se es la mujer del César, no basta. Hay que demostrar que se es la mujer del César”.