La estricta legislación contra la inmigración ilegal, promulgada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha entrado en vigor. Miles de familias se han visto afectadas y muchas más están saliendo del estado.
En el aspecto económico, hemos visto una reducción muy importante de personas que laboran en áreas sensibles en Florida, como la construcción, el mantenimiento de jardines y la hotelería. Muchas empresas que contrataban a estos trabajadores, han sentido un nivel de temor muy elevado y han procedido a despedirlos. Los números son abrumadores.
A pesar de todo, hay noticias esperanzadoras. Acaba de presentarse una demanda para buscar la nulidad de la ley, específicamente de la sección diez, que criminaliza lo relacionado con el transporte de personas indocumentadas hacia el estado de la Florida. ¿Qué pasa? No solamente se ve afectada la actividad económica, sino también la familiar.
Tenemos, por ejemplo, familias con situaciones migratorias mixtas, donde los hijos podrían ser americanos, pero los padres no tienen documentación. En esos casos, los hijos podrían enfrentar penas de prisión de hasta 15 años por transportar a sus padres u otros familiares.
La demanda plantea que se están violando básicamente tres principios constitucionales. Se busca la nulidad por violación de la cláusula de la supremacía, que establece que el gobierno federal es el encargado de regular todo lo referente a migración. Habría una violación del debido proceso, porque es una ley muy vaga en sus disposiciones criminales. Además, pudiera estar violando la “cláusula de comercio”, porque se imposibilita la movilidad normal entre los Estados, que es una garantía constitucional.
Muy probablemente, durante agosto, podamos ver una paralización de los efectos de la ley, por parte del juez federal.
* Héctor Benítez Cañas es abogado de inmigración en Miami. Su firma de abogados Benme Legal se dedica a la práctica exclusiva de la Ley de Inmigración en el trámite de visas para inversionistas, profesionales, deportistas, artistas, entre otros; así como a procesos de naturalización y defensivos ante los Tribunales de Inmigración de Estados Unidos, entre los que destaca el Asilo Defensivo y la Cancelación de la Remoción.