Aunque fue investido el pasado 16 de noviembre, Pedro Sánchez comenzará a desandar en verdad la actual legislatura, la decimoquinta de la democracia española, esta semana con una primera prueba de fuego en el Congreso de los Diputados.
La «mayoría progresista» que Sánchez armó con nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, de izquierda y de derecha, y la marca Sumar -que agrupa a más de una decena de formaciones políticas que se suponen más a la zurda del Partido Socialista Obrero Español- puede quebrarse ante el primer paquete de leyes presentado por el Ejecutivo.
El PSOE, contrario a lo que repiten los medios que le son afines, no ganó las elecciones del pasado 23 de julio, pero tuvo la habilidad para formar gobierno. Una habilidad temeraria, sostiene el principal opositor, el Partido Popular que comanda Alberto Núñez Feijóo, y un buen puñado de medios y de figuras políticas e intelectuales, incluidos referentes históricos del partido socialista. Pero Sánchez, inmune a las advertencias, insiste en que lo hace en nombre de la «convivencia de todos los españoles», a pesar de las olas de protesta que ha desatado.
Es de tal envergadura lo que Sánchez ha pactado, muy en particular con Junts per Catalunya, el partido del fugado expresidente catalán Carles Puigdemont, que el mensaje del rey Felipe VI, jefe del Estado, en la Nochebuena fue dedicado por entero a la vigencia de la Constitución y de la cohesión de España.
Urgido de los siete escaños parlamentarios que administra Puigdemont, Sánchez accedió a la presentación de una Ley de Amnistía, además de otras muchas y costosas concesiones, que favorecerán penalmente a los autores del intento secesionista en Cataluña de octubre de 2017, que quedarán libres de polvo y paja mientras insisten en que se acuerde un referéndum que les permita alcanzar la anhelada e irrenunciable independencia.
Y eso es lo que está en el fondo de lo que a partir de hoy se va a debatir en el Congreso de los Diputados.
El gobierno de Sánchez presentará ese decreto ómnibus para modificar temas de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo que son indispensables para el cuarto desembolso de fondos europeos por un monto de 10.000 millones de euros. Los fondos son fundamentales para los planes de esta legislatura. Pero Junts, que tiene en sus manos la estabilidad del gobierno de Sánchez, anunció un «no gigante».
El meollo de este primer tropiezo en el seno de la pretendida “mayoría progresista” es que un artículo de las reformas en justicia plantea que si se recurre ante el Tribunal de Justicia Europea -lo que es muy previsible que ocurra ante la aprobación de la Ley de Amnistía- se paralizaría la aplicación de los beneficios a los procesados por el intento secesionista hasta que la justicia europea decida.
Puigdemont lo ha visto como una “venganza” del Estado y plantea detener la presentación del decreto y que Sánchez lo negocie con Junts. Asumido el no, el PSOE volteó a mirar al partido más votado -la “rancia derecha”, tan maldecida- para que le dé el sí a su primer paquete de leyes.
En el Congreso de los Diputados aún resuena la advertencia de Feijóo durante la investidura del líder del PSOE: “Señor Sánchez, cuando le falle el independentismo, y ocurrirá, no me busque”.